Representantes de los obispos venezolanos se reunieron con familiares de las personas –sobre todo mujeres– ahogadas en abril en el estado de Sucre mientras intentaban salir del país. Exigen al Gobierno que investigue con diligencia estas muertes y los posibles delitos de trata de personas que empiezan a multiplicarse.
Tras la desaparición en Venezuela de al menos dos barcos llenos de personas que intentaban dejar el país por mar, la Conferencia Episcopal del país ha alertado del riesgo de que algunos de los cuatro millones de venezolanos que han buscado un futuro mejor en otro país «puedan ser víctimas de las redes de trata de personas que esclavizan a migrantes». Así lo manifiesta la comisión en un comunicado, hecho público el 18 de junio y firmado por monseñor Roberto Lückert y por Saúl Ron Braasch, presidente y vicario general respectivamente de la Comisión episcopal de Justicia y Paz.
Después de reunirse con familiares, en concreto, de las 28 personas desaparecidas en aguas del Estado de Sucre en abril, Justicia y Paz constató que «la mayoría de las personas desaparecidas en esta ocasión eran mujeres, contactadas por personas que les habían ofrecido trabajo y mejores condiciones de vida».
También se recogen las quejas de los familiares de que, aunque se les informó de que estas personas habían muerto en el naufragio, todavía no se habían encontrado los cadáveres. Los responsables de la investigación, lamentan estos, no respondieron con prontitud a sus solicitudes de más datos.
Petición al Gobierno
No se trata de casos aislados. «La Comisión –continúa el comunicado– observa con preocupación el aumento de este tipo de hechos no solo en la parte oriental del país, sino también en las zonas fronterizas de Falcón, Brasil y Colombia, donde operan estos grupos de delincuentes, poniendo en peligro la vida, la integridad física y la dignidad de las mujeres –especialmente de aquellas jóvenes y de las menores–, lo que genera gran ansiedad y desesperación en sus familias y, en particular, en los niños que se encuentran en situación de abandono».
Por todo ello, tanto Justicia y Paz como Cáritas Venezuela exhortan al Gobierno a «investigar, perseguir, procesar, juzgar y condenar a los responsables de los delitos de trata de personas, a garantizar el acceso directo a los familiares de las víctimas, sin obstáculos, a los órganos de seguridad del Estado y a los órganos judiciales, para exponer sus casos y a recibir justicia sin demora».
Por su parte, la Iglesia se compromete a continuar siguiendo estos casos y acompañando a las familias «para obtener justicia, información apropiada y aclarar los hechos».
Casos en Colombia
La preocupación de la Conferencia Episcopal coincide con lo que viene constatando el Servicio Jesuita a Refugiados. Hace pocas semanas, su director para América Latina, Mauricio García Durán, se reunió en España con representantes de Manos Unidas para mostrar su preocupación por «la mayor y mas grave migración del continente en su historia».
Subrayó, en concreto, la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres refugiadas ante el aumento «considerable» de casos de abuso con fines de «explotación y trata de venezolanas», particularmente en Colombia.
Alfa y Omega
(Foto: EFE/José Jácome)
