La Iglesia y las principales entidades profamilia se han puesto manos a la obra para responder a las nuevas leyes LGTBI desde criterios comunes. Ante la escasa respuesta social en España, piden «explicar bien cómo la ideología de género nos concierne a todos»
Once comunidades autónomas han aprobado leyes que, bajo la pretensión de acabar con la discriminación contra homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales, trasladan a la vida social los postulados de la ideología de género. Los obispos no han dejado de alertar sobre ello, especialmente en los últimos meses. Sin embargo, la respuesta de la sociedad ha sido más bien tibia.
Ignacio García-Juliá, elegido en noviembre presidente del Foro Español de la Familia (FEF), está convencido de que «somos mayoría los que no estamos de acuerdo con estas leyes. Pero no se tiene muy claro cómo articular dicha mayoría».
Reconoce, además, que el actual Gobierno del PP «ha tenido un efecto muy desmovilizador» en la misma sociedad civil que salió a la calle de forma masiva contra el matrimonio homosexual, Educación para la Ciudadanía o la reforma de la ley del aborto, iniciativas todas del PSOE. «Mucha gente, de buena fe, se sentía protegida. Pero eso ya ha pasado a la historia», afirma.
La tramitación en el Congreso de una proposición de ley LGTBI nacional parece que ha precipitado el momento de pasar a la acción. A mediados de enero, la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española convocó a las principales entidades que trabajan en la defensa de la familia, entre ellas CONCAPA y el Foro Español de la Familia. García-Juliá explica que se trató de una primera toma de contacto. Habrá más encuentros. También Escuelas Católicas se ha reunido con los obispos para «ir en la misma línea que ellos», añade su secretario general, José María Alvira.
Los obispos del Sur de España, durante la asamblea en la que emitieron una nota crítica con la Ley para garantizar los derechos,
la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI, de Andalucía. (Foto: ODISUR)
Acción descentralizada
En el Foro, son partidarios de que de estos encuentros salgan «unas directrices compartidas, pero que se ejecuten de forma descentralizada». Es decir, que cada entidad, así como los colegios, los padres, los medios de comunicación, los expertos en distintas materias… «trabajen en esa dirección con las herramientas que tengan a su alcance».
Tras la reunión de enero, el FEF, CONCAPA, Educación y Persona, España Educa en Libertad, +Vida y RedMadre plasmaron en un primer documento algunas propuestas: trabajar desde las ciencias implicadas –neurología y psicología–, no plantear la cuestión como un enfrentamiento ideológico, y difundir la belleza del amor y la sexualidad humanos.
El documento dedica bastante atención a las entidades vinculadas a la organización secreta el Yunque, algunas de las cuales estuvieron en la reunión. Recuerda que en el pasado sus prácticas y estrategias, basadas en el engaño, «quebraron la unidad» del movimiento provida y profamilia.
García-Juliá conoce de primera mano los «grandes disgustos» a los que ha dado lugar esta situación. Considera «discutibles éticamente estrategias ad hominem como el autobús contra la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con el aborto. Nosotros intentamos ser siempre respetuosos». Con todo, tiene la impresión de que «se están dando cuenta de que su forma de actuar no lleva a ningún sitio a largo plazo».
Dar publicidad a las leyes
De cara a la ingente labor que se les presenta, la prioridad para el presidente del Foro es «hacer mucha pedagogía». En primer lugar, para distinguir entre sentimientos y personas homosexuales, merecedores de todo respeto, y actos homosexuales, «que son libres y pueden ser juzgados moralmente». Por otro lado, «nos tenemos que convertir en los mejores publicistas del contenido de las nuevas leyes, para hacer ver a la gente cómo les conciernen» en ámbitos como la sanidad, la educación, las Fuerzas Armadas, la Policía, la empresa privada…
«Sabemos que es como para un tsunami con las manos. Pero, ¿y qué? Lo que no voy a hacer va a ser dejarme llevar por el agua. Nuestra obligación es levantar la voz para defender la realidad y la verdad».
María Martínez López
(Foto: Inés Baucells)
Inquietud entre los padres
El ámbito educativo es en el que las nuevas leyes LGTB causan más inquietud. Algunos padres se han dirigido al Foro Español de la Familia y CONCAPA. Les preocupa que, además de enseñar a sus hijos que hay que respetar a todos, se aproveche para explicarles, a edades en que son muy influenciables, que los comportamientos homosexuales son igual de válidos que los heterosexuales, y que negarlo se considere homófobo. En Castilla-La Mancha hay incluso una asignatura específica en este sentido. 30 centros han empezado un proyecto piloto de Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad, donde se habla de «distintos tipos de familia» y se invita a los alumnos a asumir su propia identidad sexual.
Pero la ideología de género llega a los colegios por muchas más vías. Por ejemplo, a través de los talleres que realizan entidades del ámbito LGTBI. Y Escuelas Católicas afirma que desde la inspección de enseñanza se ha preguntado a algunos centros concertados cómo incluyen en su formación la perspectiva de género. De aplicarse las leyes con todo su peso, los centros que permanezcan fieles a su ideario podrían perder la financiación pública o exponerse a fuertes sanciones.
Como respuesta a la asignatura castellano-manchega, CONCAPA ha elaborado una guía informativa. Incluye un modelo de carta para que los padres exijan al colegio información previa sobre cualquier actividad que aborde cuestiones morales controvertidas. Esta guía está disponible en su web, y «ahora estamos preparando una tirada grande en papel, adaptada a la situación nacional», explica su presidente, Pedro José Caballero.
Escuelas Católicas (EC), por su parte, ha iniciado un diálogo con expertos en diversas materias y ha elaborado una primera circular respondiendo a las inquietudes de los colegios. El texto subraya el magisterio de la Iglesia sobre homosexualidad, y defiende el derecho de los centros a actuar según su ideario. También aborda qué hacer si un alumno pide que se le trate de acuerdo a un sexo distinto al suyo biológico, una situación que se ha planteado ya en cinco centros de EC. En este caso, la entidad anima a acatar las leyes que piden asumir el sexo elegido. Eso sí, teniendo en cuenta al resto de familias. También «nos parece sensato aconsejar a los padres que consulten a un psicólogo de confianza», añade José María Alvira, secretario general de EC.
En cualquier caso, desde las tres instituciones insisten en que los centros católicos deben educar a los alumnos en afectividad y sexualidad de acuerdo a su ideario y siempre en comunicación con los padres. También es fundamental que los propios progenitores se formen. «Son ellos los que tienen la obligación de explicar estas cosas a sus hijos», añade García Juliá. Para ello, no hay fórmulas mágicas. «La clave está en pasar más tiempo con ellos. Si al niño le rondan estos temas en la cabeza, van a salir, y lo fundamental es que el padre o la madre estén ahí en ese momento».
¿Reasignación de sexo? Puede plantearse, pero no por ley
La aprobación en Andalucía de la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI ha llevado al obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos, a entrevistarse con varios profesionales sanitarios «que se empiezan a cuestionar algunos de los planteamientos de la ley, y nos preguntan. También queremos contactar con los colegios profesionales para llamarles la atención sobre las cuestiones científicas que plantea el texto», y que pronto les van a afectar más. Hasta que se aprobó la ley –explica el obispo–, la reasignación de sexo estaba limitada a unos pocos servicios especializados concretos, en ciertos lugares de Andalucía. Ahora, algunos aspectos de la reasignación, como el tratamiento hormonal, pueden llegar a la consulta de cualquier médico de familia.
Monseñor Mazuelos, además de obispo y miembro de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, es médico. Y precisamente uno de los aspectos de la ley con los que se muestra más crítico es con el hecho de que esta condicione qué tratamiento aplicar en determinados situaciones, ignorando la opinión de los profesionales. Un ejemplo es el de la intersexualidad, aquellos casos –absolutamente minoritarios– en los que una persona presenta órganos sexuales ambiguos o de los dos sexos. «No entiendo por qué la meten en la ley, si siempre se ha tratado según el criterio médico».
La orientación de los tratamientos se plantea también con la transexualidad. Según la ley, los médicos han de realizar la reasignación de sexo siempre. Esto «no busca el equilibrio psicofísico de la persona, sino que puede abrir la puerta a una medicina del deseo». Monseñor Mazuelos no descarta totalmente la reasignación en algunos casos. «En el debate teológico, algunas voces sostienen que esta puede aplicarse por indicación médica en casos muy extremos. Sería, en todo caso, un tratamiento paliativo, por ejemplo para evitar el suicidio. Pero no curativo, porque no soluciona el problema de fondo», subraya. En este sentido, rechaza rotundamente «dar tratamientos irreversibles a los menores» que piden ser de un sexo distinto al suyo biológico. En el 80 % de los casos, este desajuste se supera tras la adolescencia.
Al obispo le preocupa, por último, que se prohíba a los psicólogos tratar a personas que quieran intentar cambiar su orientación homosexual o su transexualidad. Mientras se fomenta ayudar a asumir la homosexualidad o a cambiar de sexo, la vía contraria –denuncia– está penada con fuertes multas.
