El consejero de Presidencia visita el nuevo juzgado especializado, junto a dos vocales del CGPJ y al presidente del TSJM.
Desde el 1 de junio, el nuevo juzgado de Primera Instancia 101-bis ya ha aceptado 760 demandas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha subrayado que la Comunidad de Madrid está dando una respuesta “rápida y eficaz” ante las demandas judiciales que están presentando los ciudadanos afectados por cláusulas abusivas en las hipotecas (como las cláusulas suelo), con la creación de un juzgado especializado para estos casos en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Ministerio de Justicia.
Garrido ha visitado las instalaciones de este nuevo juzgado, el 101-bis de Primera Instancia, creado el pasado 1 de junio, junto a los vocales del CGPJ Mar Cabrejas y Gerardo Martínez; el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira; y el secretario de Gobierno del TSJM, José Palazuelos.
“Con este juzgado, nos anticipamos al incremento de litigios por este tipo de demandas y evitamos la sobrecarga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia Civil, para que los tiempos de respuesta a los litigios de otro tipo no se dilaten”, ha señalado.
El consejero también ha hecho hincapié en que la centralización de todas las demandas de este tipo en un órgano especializado proporciona una mayor seguridad jurídica, “ya que ofrece respuestas unitarias de criterio a todos los madrileños, con independencia del lugar donde residan”.
Desde el 1 de junio y hasta ayer, el total de demandas presentadas relacionadas con cláusulas abusivas es de 938, de las que ya 760 han sido aceptadas por la letrada (es decir, registradas y con número de procedimiento).
Garrido ha recordado que el nuevo juzgado cuenta con los medios materiales y humanos necesarios para poder desarrollar su función. La Comunidad ha dispuesto de un inmueble de más de 300 metros cuadrados y ha nombrado a 10 funcionarios, como solicitó el CGPJ, que no han sido detraídos de otros órganos judiciales. Se trata de tres gestores procesales, cinco tramitadores y dos auxilios judiciales. Al frente del juzgado se encuentra una magistrada, que cuenta también con dos letradas de la Administración de Justicia, nombradas por el Ministerio de Justicia.
El consejero de Presidencia también ha avanzado que, si la carga de trabajo aumenta considerablemente en este juzgado especializado, la Comunidad tomará las medidas de refuerzo oportunas, siempre en coordinación con el CGPJ y el Ministerio de Justicia.
La justicia, una prioridad
El impulso en materia de Justicia es una de las prioridades del Gobierno de Cristina Cifuentes desde el inicio de la legislatura, que se ha ido desarrollando en diferentes fases. Así, en primer lugar, el Ejecutivo regional ha reforzado la Justicia Gratuita, con la mejora de baremos de abogados y procuradores y la agilización de los pagos. En segundo lugar, ha dado un impulso al personal destinado a la Administración de Justicia, con la incorporación en 2016 de 881 funcionarios interinos y el incremento del personal de refuerzo, que ha pasado de 45 personas en 2015 a 112 en 2017.
Por último, este año, la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno ha lanzado un Plan de choque para las infraestructuras judiciales, dotado con 7,05 millones de euros en 2017. El Plan tiene como ejes las medidas de mantenimiento, mejora y reforma en las sedes, las relacionadas con seguridad y la reubicación de las sedes judiciales que se encuentran en peor estado o en las que se han detectado necesidades significativas de espacio La primera fase de este Plan de choque ha estado centrada en actuaciones urgentes y contaba con un presupuesto de 1,85 millones. En la actualidad, se encuentra en fase de ejecución al 100%.
De las actuaciones acometidas, en esta primera fase un 24% se ha destinado a mejoras de climatización en sedes como Alcobendas, Móstoles, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial y Valdemoro; un 27% a seguridad en el control de acceso y vigilancia de las sedes judiciales (arcos, escáneres, cámaras de video vigilancia y protección contra incendios); y un 49% a mejoras en los propios edificios (pintura, revisión de ascensores y revisión de la red eléctrica de baja tensión).
Las actuaciones del Plan de choque forman parte de un Plan integral para la Justicia, que incluirá medidas adicionales a medio y largo plazo y que se debate en la mesa técnica de la Justicia constituida al efecto.
