De la Vega comenzó reconociendo «el importantísimo papel que jugó la iglesia durante la transición a la democracia», aludiendo a «personas como el cardenal Tarancón», de quien precisamente Fernando Sebastián fue un estrecho colaborador.
Hizo también un repaso al magisterio social de los papas, desde León XII a Francisco, señalando numerosos puntos de encuentro frente a grandes desafíos éticos que afronta hoy la humanidad, como los fenómenos migratorios, las fuertes desigualdades sociales o el medio ambiente.
«Desde posturas no siempre coincidentes», dijo, es posible «trabajar juntos» con «una voluntad compartida de luchar por una convivencia siempre pacifica y armónica». En el caso español, añadió, «nuestra agitada historia de relaciones entre el Estado y la Iglesia en España nos invita a un esfuerzo intelectual, político y personal suplementario para que el lamentable reflejo de errores pasado nos ayude a que nunca mas vuelvan a repetirse».
No por ello dejó la exvicepresidenta de marcar diferencias. En primer lugar, habló de la libertad de conciencia de las personas religiosas frente a obligaciones que les marca el Estado. Este derecho, si bien «en el plano intelectual resulta muy atractivo», debe sin embargo interpretarse y aplicarse de forma restrictiva, sobre todo cuando afecta a funcionarios, dijo.
«También la Iglesia católica esta llamada a respetar el Estado de derecho», prosiguió. «Parlamento y Gobierno despliegan su actuación atendiendo a la realidad social de cada momento, una realidad que guste o no es en España (en realidad, en toda Europa) crecientemente aconfesional». «De la misma forma que al Estado no le corresponde inmiscuirse en el ideario de fe que fije la Iglesia para sus fieles, tampoco a esta le atañe intervenir en los asuntos de la res publica propios de las Cortes y el Gobierno. Se trata de un postulado elemental en las relaciones Iglesia-Estado, tan elemental como irrenunciable: en un Estado democrático debe abogarse por una nítida diferenciación», ya que esta es un «requisito para la convivencia en libertad». «Cuando se confunden los ámbitos de cada cual es cuando llegan los problemas».
Lo cual completó expresando su deseo de «la elaboración de una nueva ley integral de libertad religiosa que aborde hoy de manera completa el proceso de separación entre Iglesia y Estado y actualice sus previsiones a los nuevos tiempos». Un proyecto, por cierto, que dejó inconcluso el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que figuraba en e programa electoral con el que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones.
Varios obispos, junto al nuncio y el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal, en la Fundación Pablo VI
Iglesia e igualdad de género
Esa «nítida diferenciación» no le impidió a De la Vega cuestionar el déficit en igualdad de género en una institución donde las mujeres son mayoría, pero «quedan relegadas a un segundo plano y se les corta el acceso al sacerdocio, y con él, a las estructuras de poder eclesiástico», además –«lo que es mas grave si cabe»– de impedírseles «poder aportar a una institución tan importante su visión de genero».
Según la presidenta del Consejo de Estado, la Iglesia ha sido históricamente responsable en gran medida de la misoginia en Europa, aunque al mismo tiempo señaló que fue en conventos y monasterios durante la Edad Media o el Renacimiento donde «se gestó el cultivo del mas alto ingenio femenino», con «autoras letradas de corte feminista que rebatieron con muy solidos argumentos teológicos esas cuestiones».
De la Vega pidió «la renovación de los postulados de la iglesia aun pendiente en lo que respecta a la igualdad de género», lo cual –afirmó– estaría en consonancia con las enseñanzas evangélicas. De este modo la Iglesia tendría también «la autoridad moral» para hacer frente a «las desigualdades estructurales» de género que persisten en la sociedad.
«Sinceramente creo que ha llegado el momento -y estoy seguro de que será así– de que la Iglesia católica ejerza un camino hacia una plena equiparación entre hombres y mujeres», concluyó. «Es la propia iglesia a la que corresponde la decisión, pero esta es una demanda de la sociedad en que se inserta».
Ciudadanos de pleno derecho
Previamente, el cardenal Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, defendió la democracia como un entorno favorable para los creyentes. «Tenemos que aceptar con serenidad las consecuencias de vivir en un régimen de libertad, no debemos tener miedo a la libertad: la fe es esencialmente libertad», dijo. Aunque «ahora somos menos los católicos», sin embargo «podemos vivir la fe con mas autenticidad y más fuerza existencial y personal».
El purpurado rechazó las nostalgias de un Estado confesional y de un pasado que solo existe en la imaginación de una minoría de católicos, al tiempo que reprochó a «la izquierda y los movimientos laicistas» su dificultad de reconocer que en «las personas e instituciones religiosas» hay «elementos positivos». «Los católicos somos ciudadanos como todos los demás, con derecho a participar en la vida democrática con la misma libertad que los socialistas o los comunistas», abundó.
«La Iglesia no es una amenaza para la democracia», sino «una aliada», dijo. «Es una defensora convencida de las libertades y derechos de las personas. De todas las personas».
Y si bien históricamente ha habido «errores» y alianzas poco santas entre trono y altar, la realidad es hoy muy distinta. Como «educadora de las conciencias», la Iglesia es «la mejor aliada de una sociedad libre empeñada en promover una vida justa». Tienen por tanto «poca justificación las dificultades y las restricciones que algunas políticas quieren imponer a la Iglesia en esta tarea formadora de la conciencia moral de sus fieles y de la población entera en los términos en los que cada uno quiera aceptar su magisterio».
Otra de sus grandes contribuciones a la democracia es también el límite que la libertad religiosa impone a al poder. «Sin los ciudadanos son libres para adorar a Dios y vivir de acuerdo con su fe quiere decir que hay un ámbito de la existencia humana que no está sometido a la autoridad civil, que es anterior y va más allá de sus competencias», dijo Sebastián.
De ahí que, a su juicio, el respeto a la libertad religiosa sea «una de las exigencias fundamentales de toda verdadera democracia». «El recelo contra la religión de los ciudadanos, la restricción de los derechos de la Iglesia, es siempre un síntoma innegable de falta de espíritu democrático. Un cierto resabio totalitario. El poder civil pretende regir la totalidad de hombre, mientras que el hombre», con su apertura a la trascendencia y al Absoluto, «es algo mas que una criatura terrena, y por eso es algo mas que un ciudadano de una sociedad civil».
«Cuando la autoridad civil pretende invadir la conciencia religiosa de sus ciudadanos –abundó– deja de ser democrática y se acerca al dragón totalitario del Apocalipsis». Es lo que sucede cuando algunos intentan construir «una sociedad pura y en todo conforme a sus ideales, aunque para conseguirla haya que eliminar a una buena parte de los ciudadanos». «No podemos decir que hayamos alcanzado unos buenos niveles de cultura democrática», lamentó.
La Iglesia y los nacionalismos
Pero creyentes y no creyentes pueden y deben entenderse en España. «Tenemos que aprender a convivir respetándonos y hasta estimándonos en aquello en que somos diferentes», dijo Sebastián. «Nuestro camino es el dialogo sincero y permanente. Nos conocemos poco. Nos hemos juzgado y criticado y condenado demasiadas veces. Tenemos que hacer un acto expreso de aceptación de los diferentes, sin negarles honestidad y buena voluntad. Hemos de crear lugares y momentos de encuentro entre instituciones y personas. En las ciudades, en los centros, en las parroquias… tendrían que multiplicarse los encuentros entre creyentes y no creyentes para analizar juntos los problemas comunes y buscar juntos soluciones comunes que sean buenas para todos».
Sobre la aportación de la Iglesia al restablecimiento de la democracia en España, Fernando Sebastián destacó que, «en los años difíciles de la Transición, la Iglesia fue fiel a sus compromisos evangélicos y morales, expresados por el Concilio vaticano II», contribuyendo al «reconocimiento de los derechos políticos de todos los españoles» y «la reconciliación» de la nación. Sin tomar partido por uno u otro lado del espectro político, puesto que su objetivo era «ser fiel a su vocación cristiana y servidora del bien de la humanidad» y «ponerse en condiciones de ser testigo fiel y creíble de Jesucristo ante todos los españoles, de derecha y de izquierda».
Sí hubo una autocrítica en la referencia implícita al apoyo de un sector de la Iglesia al nacionalismo. «En ocasiones la fidelidad al pueblo ha llevado a la Iglesia a defender posturas demasiado localistas o partidistas», reconoció Sebastián. «Es justo defender la particularidad y los intereses de los diferentes grupos y regiones que formamos la variedad del pueblo español, pero la iglesia tiene que favorecer siempre la convivencia y la integración. El alma cristiana, el corazón cristiano no es partidario de las divisiones ni de los enfrentamientos. Es capaz siempre de proporcionar razones y caminos para la integración para la convivencia, para la unidad y el afecto mutuo por encima de todas las diferencias.
Hoy –añadió– España atraviesa «momentos de fragilidad», en los que «todo está en revisión y aparecen serias amenazas para la misma unidad y cohesión social» de la nación. Ante eso, el purpurado aseguró que «los católicos nos sentimos comprometidos a ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestro patrimonio espiritual para el enriquecimiento de nuestra cultura y el fortalecimiento de nuestra convivencia». «La sociedad española puede contar con la iglesia y con los católicos como ciudadanos leales en la construcción permanente de una sociedad cada vez mas rica humanamente, mas justa, más feliz, al servicio del bienestar y de la prosperidad de todos los españoles, sin discriminación alguna. Este es nuestro deseo sincero. Este es nuestro compromiso personal e institucional», concluyó.
Ricardo Benjumea
