Frente al abrumador apoyo político y social a la eutanasia, los obispos y la Organización Médica Colegial piden más paliativos y apoyos a los dependientes.
La eutanasia se ha convertido en el tema estrella de la campaña electoral. El desencadenante, la muerte el 3 de abril de María José Carrasco, que padecía desde hace 30 años esclerosis múltiple. Su marido y cuidador, Ángel Hernández, la ayudó a suicidarse. Hace 22 años él mismo había impedido una tentativa de suicidio de Carrasco, pero esta vez sí la asistió para que cumpliera su deseo.
El suceso, con amplia cobertura mediática, desató una oleada de simpatía popular hacia la pareja. Sánchez pasó su primera noche de viudedad en el calabozo, si bien un vídeo con los últimos momentos de su mujer ofrece sólidas pruebas legales para que se le apliquen todos los eximentes. Con toda probabilidad no pisará la cárcel.
En el terreno político se desató de inmediato un terremoto. Pedro Sánchez decía el 4 de abril en Telecinco que «esto se tenía que haber evitado» con una ley de eutanasia, y acusaba al PP y a Ciudadanos de haberla obstaculizado. Desde Unidas Podemos, en cambio, recordaban que, por dos veces, los socialistas frenaron sus intentos en esta legislatura de legalizar esta práctica. El PSOE también bloqueó una propuesta del Parlament de Catalunya de reforma del Código Penal para declarar «exento de responsabilidad penal» a quien cooperara con «la muerte segura, pacífica y sin dolor» de una persona con enfermedad mortal o incurable con sufrimiento físico o psíquico grave y permanente.
Ahora, al calor de los últimos acontecimientos, el único grupo parlamentario que se opone a legalizar la eutanasia es el PP. Al rechazo se añade Vox, que con toda probabilidad tendrá grupo propio en el Congreso a partir del 26 de abril.
Cristianos Socialistas terció en el debate ofreciendo lo que, a su juicio, supone un «puente entre posiciones que muchas veces están alejadas por el uso del lenguaje pero no tanto por el objetivo o la intención». El documento reivindica que «la vida es un valor y por ello es un valor indisponible», pero a la vez admite despenalizar la eutanasia en «casos límite». Como norma general, pide reforzar tanto los paliativos como «el acompañamiento psicológico y espiritual» a los enfermos.
En lo que respecta a la opinión pública, diversas encuestas sitúan en torno al 80 % o por encima el apoyo a la eutanasia. Entre los católicos, según datos del CIS de hace un año, predominan también las posiciones a favor, si bien el apoyo a la legalización decae hasta el 52,2 %. Otro dato más que ilustra la precaria situación en la que se encuentran los postulados provida hoy en España.
Los obispos, con «la vida»
La polémica llegó a la Plenaria de la Conferencia Episcopal (CEE) y fue uno de los ejes en torno a los que giró la rueda de prensa final que ofreció el secretario general y portavoz, Luis Argüello. El también obispo auxiliar de Valladolid transmitió el «duelo y pésame» del episcopado a «una familia que vive una situación tan dramática a la vez que excepcional». «No pienso, Dios me libre, en la cárcel para nadie», añadió, dejando claro al tiempo la inequívoca postura de la Iglesia de «radical defensa de la vida», porque «la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos ni en el caso del aborto ni de la eutanasia ni en otros de la vida ordinaria como la muerte consentida de tanta gente en el Mediterráneo queriendo entrar a Europa». Además, Argüello recordó que el código deontológico de los médicos prohíbe acabar con la vida de un paciente, aunque este lo pida expresamente.
Cuestión distinta es el «ensañamiento terapéutico», rechazado también por la Iglesia. Le petición de la CEE es ampliar las ayudas de «cuidados paliativos» y «a los cuidadores para sobrellevar este momento tan singular como es la situación de una persona sufriente, sin posibilidad de sanación».
al finalizar la Asamblea Plenaria, el pasado 5 de abril.
(Foto: CEE)
Falta de ayudas a los crónicos
Con ello Argüello ponía el foco en una dimensión del caso de María José Carrasco ausente en gran medida del debate político. La mujer se encontraba desde hacía diez años en lista de espera para una residencia, inmersa en un laberinto burocrático. Esta falta de apoyos provocó que su marido –que para poder atenderla tuvo que pedir reducción de jornada primero y después la jubilación anticipada– se viera imposibilitado de operarse de una hernia, que la atención a su esposa no hacía más que agravar.
«Cuando un miembro de nuestra sociedad pide que lo matemos, eso nos tendría que avergonzar a todos. Lo que ha pasado con esta familia es un escándalo. Los políticos deberían confesarse» a la vista de los detalles del caso que se van conociendo. Lo afirma, tajante, el doctor Marcos Gómez Sancho, coordinador del Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida de la Organización Médica Colegial.
Con la disolución de las Cortes, no ha llegado a ver la luz la ley de paliativos, que contaba con la práctica unanimidad de todo el arco parlamentario. No obstante, esa medida sería insuficiente como alternativa a la eutanasia, según advertía en una reciente entrevista a esta semanario el nuevo presidente del Comité de Bioética de España, Federico Montavo. «Otra cosa es que haya que potenciar los paliativos, que por supuesto que sí hay que hacerlo», decía. Pero el problema de la eutanasia no se centra en los terminales, sino en los crónicos y degenerativos, y «ese es un debate mucho más complejo», puesto que requiere medidas a más largo plazo, incluyendo «más equipos de soporte psicológico» y muchas más ayudas a las familias de los pacientes.
Ricardo Benjumea
Foto: Pixabay
