Ante unas declaraciones del periodista Iñaki Gabilondo, la organización señala que la financiación pública de los colegios concertados, que debería ser del 100 %, fue tan solo del 69,2 % en 2017.
La organización Escuelas Católicas ha denunciado que la financiación pública que se entrega a los colegios concertados no es del 100 %, como figura en la LOE y el Reglamento de Concierto, sino del 69,2 % en el año 2017, tal y como lo muestran los datos que aporta el INE. La entidad ha señalado además que el problema no solo no se ha corregido en los últimos años, sino que ha aumentado.
El comunicado surge ha raíz de unas declaraciones de Iñaki Gabilondo en el vídeo blog en El País en las que se dice que ahora la enseñanza concertada tiene 160 millones de euros más que antes de la crisis, mientras que la pública sigue 6.500 millones de euros por debajo.
Para desmontar esta afirmación, aporta más datos, también del INE, pues las subvenciones públicas por alumno en los centros concertados fueron de 2.726 euros (con un descenso de 5,3 % respecto al curso 2009-10), mientras que los gastos corrientes fueron de 3.843 euros por alumno (un 1 % más que en 2009-10).
Y más: «El informe 2016 del Consejo Escolar del Estado señala que el gasto de las administraciones por alumno en un centro concertado es poco más de la mitad de lo que gasta por cada alumno en la escuela pública».
Con todo, Escuelas Católicas ponen en cuestión las citas aportadas por el periodistas, ya que no concuerdan con los datos del Boletín Oficial, ni con el último informe del Consejo Escolar del Estado, ni con la encuesta del INE, y subraya que la escuela católica, lejos de suponer un lastre para el Estado, le ahorra 5.000 millones de euros cada año. Por eso pide que se acabe «con la demagogia y las mentiras sobre la financiación de la enseñanza concertada, que no es un apoyo ni subsidiaria de la pública, sino complementaria y necesaria».
Y concluye: «Escuelas Católicas cree que es necesaria una enseñanza pública de calidad, pero también cree que no debe ser la única. La existencia de dos redes complementarias es necesaria en una sociedad democrática, como lo es en la inmensa mayoría de los países democráticos de nuestro entorno. No hay que confundir la defensa de la escuela pública con la exigencia de excluir las demás. El Estado, con independencia del partido que gobierne, debe garantizar la educación para todos, pero esto no significa que deba tener el monopolio de la misma».
J. Calderero
(Foto: Guillermo Navarro)
