Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no hay lugar en el mundo libre de trabajo forzoso, explotación laboral y trata. España no es una excepción. Lo demuestran las casi 13.000 actuaciones realizadas por la Guardia Civil en los últimos ocho años, período en el que se liberó a 1.800 víctimas y fueron arrestadas 732 personas, pero falta más sensibilización social. El instituto armado, de la mano de Mabel Lozano (directora del documental El proxeneta), acaba de lanzar la campaña #trabajoforzoso
Dos fueron las premisas que Mabel Lozano, escritora y directora de cine, puso encima de la mesa cuando la Guardia Civil le pidió colaboración para hacer realidad una campaña contra el trabajo forzoso: primero, no hay lugar en el mundo, ni uno, que esté libre de explotación laboral; y segundo, lo que no se conoce, no existe. Puso también su bagaje de casi 15 años en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual y, sobre todo, las dificultades de los inicios, cuando la llamaban «loca» y le decían que no existía en España. Demostró que sí con varios documentales y cortos. El último trabajo, titulado El proxeneta –en libro y documental–, está generando un importante impacto en la sociedad.
Toda esta experiencia la ha puesto ahora al servicio de la lucha contra el trabajo forzoso que, en ocasiones, se cruza con la explotación sexual: ha escrito el guion y dirigido una producción audiovisual destinada a ser compartida masivamente a través de las redes sociales y también proyectada en cines justo antes de cada película. El objetivo: animar a las posibles víctimas a denunciar, al tiempo que se genera una mayor conciencia social; un punto en el que nuestro país flaquea, según el grupo de expertos contra el tráfico humano del Consejo de Europa –Cáritas, Accem, Fundación Amaranta, Oblatas o Proyecto Esperanza han colaborado en sus informes–, que también nos reprocha que no haya un plan de acción nacional. Lo que sí ha hecho España –y esta campaña es una consecuencia– es adherirse el pasado mes de septiembre al protocolo sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para dar respuesta a la necesidad de comunicar una realidad execrable, el equipo de Mabel Lozano se unió a la Guardia Civil en distintas actuaciones relacionadas con el trabajo forzoso y pudo comprobar de primera mano quiénes son y cómo viven las personas que sufren esta situación, así como el trabajo que realiza el instituto armado. «Hemos estado en casas donde residían algunas de las víctimas y donde no había siquiera una toma de luz. Solo linternas. En el siglo XXI…», explica Lozano en conversación con Alfa y Omega.
Durante dos minutos, con una fotografía muy cuidada, fiel a la realidad pero alejada de cualquier atisbo de sensacionalismo, la producción pone voz, letra e imagen a una realidad que en el mundo afecta a más de 16 millones de personas. Y que también tiene su réplica cerca de nosotros, porque hemos pasado de ser país de emisión a país receptor de potenciales víctimas de trabajo forzoso, explotación o trata, la mayoría sin papeles, y que trabajan en sectores como la agricultura, la construcción o el servicio doméstico. Los datos caen como losas. Son de la Guardia Civil, de los últimos ocho años: 12.804 actuaciones contra la trata, 763 personas detenidas y 1.794 víctimas liberadas. En el último año, 2018, las inspecciones ascendieron a 732, las personas asistidas superaron las 3.000 y se llevaron a cabo 47 operación que tuvieron como resultado 113 personas detenidas.
No es baladí este modo de esclavitud, pues en países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Portugal ya ha superado a la explotación sexual como principal forma de tráfico de personas, según el Consejo de Europa, que advirtió el pasado año de que «las cifras oficiales subestiman la auténtica magnitud del problema».
El perfil de las víctimas difiere en nuestro país al del global de todo el mundo, pues aquí la mayoría de los que sufren la situación de explotación laboral son hombres. Evidentemente, por el peso de sectores como la agricultura, la pesca o la construcción, aunque no hay que olvidar que las mujeres son víctimas, en ocasiones, por partida doble: laboral y sexual. La mayoría, además, son migrantes sin documentación en regla –no pueden trabajar legalmente–, que aceptan encargos que un nacional no consideraría nunca aceptables. Las nacionalidades mayoritarias son la rumana, la búlgara, la china, la marroquí y –un dato que sorprende– la portuguesa. Según explica Luis Peláez Piñeiro, teniente coronel de la Guardia Civil, tampoco hay excepción en la nacionalidad a la hora de hablar de trabajo forzoso, pues entre las víctimas también hay españoles y ciudadanos de la Unión Europea. Sobre este extremo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró durante la presentación del documental que el Gobierno «apuesta por la migración legal y ordenada», pero añadió que se va a perseguir «a quien explote en condiciones de casi esclavitud, o de esclavitud misma, a otras personas que vienen aquí a trabajar». Un empeño en el que la Guardia Civil, concluyó, no se detendrá.
En la imagen, en la recogida de la aceituna.
(Foto: EFE/Rafa Alcaide)
Las denuncias de Cáritas
El método utilizado para la explotación suele ser muy parecido al que se usa en otros tipos de trata: se ofrecen falsas promesas de trabajo y bienestar y, una vez en España, todo cambia. Con el agravante de que están sometidos a coacciones por deudas pendientes o porque son amenazados con denuncias que, les dicen, pueden desembocar en una posterior deportación a su país de origen.
Especialmente sensible a la explotación laboral es Cáritas, que la viene denunciando a tiempo y a destiempo desde hace muchos años. Conoce los rostros de las personas que sufren este tipo de explotación e incluso sale a su encuentro, en sectores como la agricultura, con campañas específicas para los temporeros en época de cosecha. Este trabajo de calle le permite ofrecer un diagnóstico muy pegado a la realidad, como lo es el estudio publicado el pasado mes de octubre sobre vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar. La conclusión, tras casi 1.000 entrevistas: se ha normalizado la vulneración de los derechos laborales en estos sectores, con indicios de trata con fines de explotación laboral, y el Estado ha fracasado en la protección de las personas trabajadoras. Llama la atención que solo una de cada cuatro personas en esta situación era conscientes de que sus derechos estaban siendo vulnerados.
El propio teniente coronel Peláez Piñeiro y la comandante Alicia Vicente Expósito reconocen la labor que las ONG y organizaciones sociales realizan en este sentido. Los ayudan a entrar en contacto con las víctimas y, una vez concluyen sus actuaciones, se quedan con ellas para ayudarlas a recuperar su vida y dignidad. «Así, nuestro carácter benemérito se ve reforzado», apunta la comandante.
Mabel Lozano, por su parte, devuelve el reconocimiento a la Guardia Civil. No solo por la iniciativa, sino también por todo el trabajo que han venido realizando en los últimos años, porque «si hay datos, es gracias a que ha estado trabajando». Destacó por encima de todo la categoría humana de los miembros del instituto armado al «vestir de derechos a las personas más vulnerables».
Fran Otero
Imagen: Fotograma de la campaña
que ha realizado Mabel Lozano para la Guardia Civil
(Foto: Guardia Civil)
El Vaticano apela a la responsabilidad del consumidor
Para la Santa Sede, el motivo de que estos sean tiempos dorados para los traficantes de personas está muy claro. Lo provoca «el masivo flujo de migrantes y refugiados, muchos de ellos desesperados», condenados a abandonar su país en condiciones de gran inseguridad «por las cada vez más restrictivas políticas migratorias» en Europa o Norteamérica. Es así como muchos acaban convertidos en «víctimas de los traficantes», según se lee en unas Directivas pastorales sobre la trata de personas, documento presentado la pasada semana por la sección de Migrantes y Refugiados del Vaticano, que depende directamente del Papa.
Pero este factor no basta para explicar el fenómeno de la trata. «Si hombres, mujeres y niños son traficados esto es en último término porque hay una gran demanda que hace rentable su explotación». Una «demanda de bienes baratos basada en trabajo barato». Y una demanda también de prostitución, práctica que el documento sugiere a los Estados ilegalizar.
Citando al Papa, las directivas piden «dejar a un lado toda forma de hipocresía» e insisten en la responsabilidad moral del consumidor. Un primer reproche va dirigido hacia quienes recurren a servicios de prostitutas –«una ofensa contra la dignidad humana»– o consumen pornografía sin valorar que detrás hay mujeres a menudo en situaciones de explotación. También se pide a los compradores «informarse del origen de los bienes de compra». Fabio Baggio, subsecretario de Migrantes y Refugiados, quien ya trabajó a las órdenes directas de Bergoglio en su época de arzobispo de Buenos Aires, destacaba hace unos meses en una entrevista con Alfa y Omega el caso particular de la industria textil, en la que las principales marcas de moda recurren a mano de obra en situación de semiesclavitud, un problema que sería fácilmente remediable si se obligara a documentar la trazabilidad de las prendas y su proceso de fabricación.
Ahora su dicasterio lanza una llamada a los empresarios –de modo particular a los católicos– y a las autoridades para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores. En situación de especial vulnerabilidad, destaca el documento, se encuentran los extranjeros sin papeles, obligados a aceptar «condiciones de explotación».
Esa explotación encuentra terreno fértil en situaciones de corrupción política, que favorece un lucrativo negocio frente al que no existen los medios suficientes para combatir en su compleja vertiente financiara. La Santa Sede pide también que se forme a los funcionarios de modo que se les capacite para detectar y asistir a víctimas de trata, una labor muy compleja en la que se anima a colaborar a organizaciones de Iglesia y a las congregaciones religiosas (en el caso español, destaca la cooperación de las Adoratrices con las Fuerzas de Seguridad).
A las víctimas les cuesta denunciar por miedo a represalias hacia ellas o a sus familiares, por la inseguridad que les provoca carecer de documentación en regla o incluso por vergüenza, ya que a veces se les transmite que « las cosas degradantes que fueran obligadas a hacer fueron culpa suya». Frente a todo ello se necesitan programas de «protección, rehabilitación y reintegración de las víctimas».
Ricardo Benjumea
