El Consejo Nacional sobre Discapacidad, una agencia federal, asegura en un informe que las razones frecuentes de las personas con discapacidad para querer morir están relacionadas con carencias que se solventarían con reformas legales y más recursos.
Las salvaguardas de las leyes de suicidio asistido en Estados Unidos que pretenden proteger a las personas con discapacidad no son efectivas y no existe ninguna supervisión de los posibles abusos o errores. Es una de las conclusiones de una investigación del Consejo Nacional sobre Discapacidad del país sobre los ocho estados (a los que se suma el Distrito de Columbia) en los que es legal que un médico recete drogas letales a pacientes con enfermedades terminales y con un pronóstico de como mucho seis meses de vida.
A pesar de la creencia de que aliviar el dolor es la primera motivación para pedir el suicidio asistido, en Las leyes de suicidio asistido y su peligro para las personas con discapacidad, el Consejo Nacional sobre Discapacidad (NCD por sus siglas en inglés) muestra que las razones más prevalentes que aducen quienes piden morir están relacionadas directamente con el hecho de que sus necesidades de servicio y apoyo no están cubiertas. Algo a lo que –exhorta esta agencia federal– los gobernantes deben responder mediante cambios legislativos y financiación.
Estas leyes «tienen como premisa la noción de ofrecer una elección adicional para la gente al final de su vida. Sin embargo, en la práctica, con frecuencia quitan opciones cuando la opción barata es acabar con la propia vida en vez de aportar tratamientos para alargarla o servicios y apoyos para mejorarla», afirmó el presidente del NCD, Neil Romano, al presentar el estudio la semana pasada.
Suicidio asistido para la artritis
Examinando la experiencia en Oregón, donde esta práctica ha sido legal desde hace 20 años, el Consejo descubrió que la lista de condiciones para ser considerado idóneo para el suicidio asistido se ha expandido considerablemente con el tiempo. Y ha llegado a incluir muchas situaciones discapacitantes como la artritis, la diabetes y el fallo renal; que, si se tratan apropiadamente, no llevan a la muerte.
El informe también destaca el efecto contagio del suicidio en los estados donde el suicidio asistido es legal, así como la relajación de las salvaguardas existentes tanto en los estados donde se ha legalizado como en los que están tramitando leyes en este sentido.
Como fruto de estas leyes –recoge el documento–, algunas compañías aseguradoras han denegado tratamientos caros para prolongar la vida, pero han ofrecido cubrir drogas legales, algo que potencialmente puede llevar a los pacientes a acelerar su propia muerte. Otros pueden tomar esta decisión por miedo, después de un diagnóstico erróneo; o por presiones económicas o emocionales.
No se comprueba si hay depresión
Por otro lado, aunque el miedo y la depresión están con frecuencia detrás de las peticiones de suicidio, es extremadamente raro que los médicos pidan una evaluación psicológica antes de acceder a esta petición.
También ocurre que los pacientes, cuando un médico no considera que su situación los hace candidatos al suicidio asistido, se dedican a buscar sin cesar a alguno que acceda a su deseo.
«Como alguien que ha luchado contra el cáncer y aquí está años después, después de que dijeran que viviría semanas, sé de primera mano que los médicos, a pesar de tener buenas intenciones, suelen equivocarse», afirmó Romano al presentar el informe.
La discapacidad, factor de riesgo
Entre sus recomendaciones, el Consejo Nacional sobre Discapacidad incluye que se investigue a nivel federal sobre los factores de riesgo para el suicidio relacionados con la discapacidad, y la influencia de estos entre las personas que solicitan el suicidio asistido o la eutanasia.
También proponen que se invierta más a nivel federal en servicios y ayudas de larga duración, y que los servicios de prevención del suicidio deban incluir cláusulas de no discriminación.
La Iglesia católica en Estados Unidos ha dado una buena acogida al estudio. En un comunicado, el presidente del Comité Episcopal de Actividades Provida, monseñor Joseph Naumann, y el del Justicia Nacional y Desarrollo Humano, monseñor Frank Dewane, aplauden «la investigación crítica» que presenta el informe, que «expone los graves riesgo de abuso, coacción y discriminación que presentan las leyes de suicidio asistido, en particular para las personas con discapacidad».
Todo suicidio –continúan los obispos– «es una tragedia, sin importar la edad, la incapacidad o el estatus socioeconómico del individuo. La legalización del suicidio médicamente asistido divide a la gente en dos grupos: aquellos cuya vida queremos proteger y aquellos cuya muerte promovemos. Esto es completamente injusto y menoscaba [el derecho a una] igual protección ante la ley».
Alfa y Omega
(Foto: Pixabay)
