El SJM denuncia que la única finalidad de los centros de internamiento de extranjeros es lanzar un mensaje de mano dura «para apaciguar a la opinión pública», jaleada por «los mensajes de la extrema derecha».
El 68 %, más de dos tercios de las personas internadas durante el pasado año en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), procedían de Marruecos y de Argelia, denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E) en su último informe anual sobre estos CIE, que lleva por título Discriminación de origen, presentado este jueves en la Oficina del Defensor del Pueblo.
El aspecto positivo es la disminución de personas internadas en estos lugares en 2018 (7.203, un 11 % menos que el año anterior), especialmente de jóvenes de origen subsahariano, que debido a la falta de acuerdos con sus gobiernos o a la imposibilidad de identificar adecuadamente su origen se sabe de entrada que no van a poder ser devueltos. El informe del SJM el pasado año, titulado Sufrimiento inútil, se centró en este aspecto, mientras que ahora la denuncia apunta a la vara de medir más severa que se aplica a argelinos y marroquíes. El jesuita Josep Buades, autor del informe, destacó que mientras personas de otras nacionalidades son conducidas a recursos humanitarios, esta opción queda sistemáticamente excluida para los ciudadanos de estas nacionalidades, casi siempre sin otro destino posible que un CIE para su deportación, incluso cuando manifiestan ser menores de edad o solicitan acogerse a asilo.
Con todo, añade, «el internamiento tiene mucho de lotería, de producto del azar. Primero, que a una persona se la pille o no. Después, que se la lleve o no a la comisaría, y de ahí al CIE». Por último, «que del CIE acabe en un barco o se la vuelva a dejar en la calle». «No hay una lógica clara, y esto, con decisiones que afectan de forma tan grave a personas que no han cometido ningún delito, es algo que rechina».
Otro aspecto en el que insiste el informe es la violación de derechos fundamentales en estos centros, pese a reconocer pequeños avances en los últimos años. Para empezar, Interior detectó la presencia 89 menores de edad, si bien el SJM está convencido de que la cifra real es «muy superior». A esto se añade una deficiente atención sanitaria y jurídica, la falta de traductores y unas normas de funcionamiento en cada CIE opacas y arbitrarias, con el resultado de falta de acceso a derechos básicos, como ser visitado por una ONG o poder solicitar protección internacional.
Más allá de estas denuncias, para el SJM el verdadero escándalo es la mera existencia de estos centros, destinados a un doble objetivo. El primero, dice Buades, es disuadir a potenciales migrantes de venir a España, cosa que no logran, puesto que son «más poderosas» las razones que mueven a estas personas a abandonar sus países de origen, huyendo de la violencia o de la imposibilidad de proporcionar una vida digna a sus familias. La segunda razón de ser de los CIE es todavía más escandalosa: lanzar un mensaje de mano dura «para apaciguar a la opinión pública». Y en esto, prosiguió, «los medios son muy culpables por jalear los mensajes de la extrema derecha, que insiste el mensaje: “peligro, peligro, expulsión, expulsión”».
«La hospitalidad nos enriquece»
En esa petición de cerrar los CIE «a la mayor brevedad posible» y buscar otras alternativas coincidió en la presentación del informe el vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación del Arzobispado de Madrid, José Luis Segovia. En primer lugar, porque «son ilegales», dado que la legislación afirma que no deben «tener carácter penitenciario». El de Aluche (Madrid), en concreto, fue «construido sobre un hospital penitenciario», argumentó; tiene «un régimen más restrictivo que el de una prisión; «las Fuerzas de Seguridad están en su interior…», realizando trabajos que en las cárceles corresponden a funcionarios con formación específica. «Si eso no es un régimen penitenciario, que venga Dios y lo vea».
Además son ilegítimos, puesto que «privan de libertad por infracciones administrativas», cosa que «chirría en derecho». Y «son inmorales», puesto que «no tratan a las personas como seres humanos», sino como «puros fardos que deben ser devueltos» a sus países, «peor que mercancías», aseguró.
En la Iglesia, a nivel de jerarquía, comenzando por el Papa, «el discurso en el ámbito institucional» es muy claro, pero «hay que hacerlo poroso», de modo que llegue a las parroquias, añadió Segovia, pidiendo especialmente a los medios de comunicación católicos que «sean dique de contención frente a los discursos del odio y del miedo al diferente».
Con argumentos similares, el director de la ONG jesuita Pueblos Unidos, con presencia habitual en el CIE de Aluche, cree que no basta el mensaje denuncia que lanzan estos informes. «Existen iniciativas por parte de familias, de asociaciones, de parroquias, que se organizan para integrar a las personas migrantes en la sociedad. Tenemos que difundir estas historias, contar que la hospitalidad nos enriquece a todos».
Ricardo Benjumea
Imagen: Dos policías vigilan a los internos en el CIE de Barcelona.
(Foto: Inés Baucells)
