Los anuncios de la vicepresidenta, Carmen Calvo, sobre la fiscalidad e inmatriculaciones no han caído bien en la cúpula episcopal de nuestro país, sobre todo porque no se ha contactado con ella para acordar nada sobre fiscalidad, inmatriculaciones o educación.
El Gobierno del PSOE continúa con su estrategia de sorprender con anuncios que afectan a la Iglesia a través de medios de comunicación afines, o de las intervenciones públicas de sus ministros. Mientras, la Iglesia mantiene la prudencia, pues no ve conveniente entrar ahora en confrontaciones. Pero varios obispos y altos responsables están desconcertados ante determinados anuncios del Gobierno que, después de lo que sucedió con las matizaciones del Vaticano sobre la inhumación de Franco, ponen sin embargo en cuarentena.
El último episodio sucedió a finales de la semana pasada, en medio del puente de Todos los Santos, cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, desgranó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros –le dedicó a este tema la mayor parte de su intervención– su reunión de días atrás con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Anunció entonces que Gobierno e Iglesia trabajarían juntos, a través de grupos de trabajo, para que la Iglesia pague impuestos por aquellas propiedades que no estén dedicadas al culto.
Calvo explicó esta medidas en el marco de la revisión de la política fiscal que en nuestro país está haciendo el Gobierno y en la que «no podíamos tener una pieza disonante [en referencia a la Iglesia]». Y dijo más: que la Iglesia tiene que colaborar con el Estado del bienestar y «ayudar a restañar todas y cada una de las desigualdades absolutamente injustas que la crisis ha traído a nuestro país, pensando en los que menos tienen y más necesitan».
La sorpresa en el seno de la Iglesia ha sido mayúscula. Primero, porque según ha podido confirmar este semanario de fuentes eclesiales, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal (CEE), competente en la materia, para abordar estas cuestiones. Ni siquiera se ha convocado la comisión mixta Iglesia-Estado, el ámbito donde se toman estas decisiones.
De la materia fiscal, habla Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, en conversación con Alfa y Omega: «En la actualidad la Iglesia goza del mismo régimen fiscal en materia de IBI, impuesto sobre sociedades, IVA, transmisiones patrimoniales, sucesiones o donaciones y el impuesto de actividades económicas que el que tiene la fundación de cualquier partido político, de cualquier sindicato o de una ONG y, por supuesto, de cualquier confesión religiosa».
En este sentido, aclara que la fiscalidad que se le aplica a la Iglesia, salvo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, no deriva de la aplicación práctica de los Acuerdos Iglesia-Estado, sino del régimen especial previsto para un conjunto grande de organizaciones sin ánimo de lucro. «Por eso, la polémica sobre la exención del IBI de la Iglesia es absolutamente artificial e injusta. La Iglesia está en el régimen previsto para todo este conjunto de entidades, sin privilegio alguno. Ese régimen está establecido desde 2002 y, por supuesto, puede ser cambiado, pero lo que nos parecería injusto y, en este caso, claramente discriminatorio, es que se quiera eliminar una exención únicamente a la Iglesia católica».
Por otra parte, también en el marco de sus palabras sobre la reunión con Parolin, Calvo dijo que llevó al encuentro «la necesidad de poner mirada de estudio, de reflexión, de acuerdo sobre la inmatriculación de bienes en los últimos años en nuestro país a partir de la vía que abrió el Gobierno de Aznar». Norma, la del Gobierno del PP, sobre la que dijo que «su constitucionalidad es discutible», si bien es cierto que la norma estuvo en vigor durante las dos legislaturas de Zapatero, siendo ella, además, ministra.
Lo que busca el Gobierno es «hacer una revisión» de las inmatriculaciones y, en casos singulares, «encontrar salidas positivas para que, respetando el culto y los monumentos, se dé respuesta a las aspiraciones de los ciudadanos y del patrimonio público de este país». Además, anunció que el Ministerio de Justicia está ultimando el listado de bienes inmatriculados.
La posición por parte de la Iglesia en esta materia sigue siendo clara, explica Barriocanal, pues «inmatricular consiste en inscribir por primera vez en el registro de la propiedad» y, por tanto, esta «no afecta a la propiedad», que suele ser bastante anterior. «Durante siglos, el pueblo católico ha construido y confiado a la Iglesia distintos bienes para que esta pudiera realizar su labor: el anuncio del Evangelio, la celebración de la fe y el ejercicio de la caridad. Los bienes de la Iglesia se destinan precisamente a estos fines», añade.
Cerco a la Religión
Otro de las cuestiones de actualidad tiene que ver con la educación, pues el Ministerio de Educación y FP acaba de hacer público un documento para consulta pública en el que expone algunas de las modificaciones que quiere introducir en la Lomce, entre ellas, «regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la Religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede». Una afirmación que contiene contradicciones, pues los citados acuerdos establecen que la enseñanza de la religión debe ofrecerse «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». Es decir, si no es evaluable ni computa para la media, ya no estaría en el marco de los Acuerdos Iglesia-Estado.
En cualquier caso, el Gobierno va en serio con la Religión. De hecho, fuentes del Ministerio de Educación y FP consultadas por este semanario confirman que la propuesta de dejarla sin valor ni alternativa es firme. No está tan claro, según las mismas fuentes, cómo quedaría la redacción sobre la cuestión de la demanda social de la concertada.
Desde Escuelas Católicas, José María Alvira, su presidente, explica que no saben muy bien qué es lo que quiere hacer el Gobierno: si una ley nueva que tenga un amplio consenso o unos retoques a la Lomce. «Supongo que se decantarán por los retoques condicionados por la provisionalidad de esta Gobierno», añade.
Sobre cuestiones concretas como la Religión dice que «es la misma historia de siempre, sin una propuesta seria», mientras que sobre la demanda social defiende que no se puede suprimir. En su opinión, la situación política lo está condicionando todo, circunstancia que evita un debate sosegado y con visión de futuro. «Pediría al Gobierno que los retoques los haga teniendo en cuenta a todos los sectores afectados. Le pediría calma y una visión a largo plazo, alejada de cuestiones partidistas».
Este es el mensaje que los representantes de Escuelas Católicas llevaron a la ministra Celáa y a su secretario de Estado de Educación hace unas semanas cuando mantuvieron una primera reunión. «Es un equipo solvente y competente, pero nos tememos que estén muy influenciados por las presiones de otros partidos más radicales».
El desconcierto que viven los centros lo comparte la propia Conferencia Episcopal, la interlocutora en materia de Religión, cuyos representantes todavía no han sido recibidos ni por la ministra ni por su equipo.
Fran Otero
Imagen: Carmen Calvo, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros
el viernes 2 de noviembre.
(Foto: EP)
