Unas 5.000 personas encontraron refugio a finales de mayo en su universidad para protegerse de los francotiradores. El vicerrector de la Universidad Centroamericana de Managua ha visitado España para recabar apoyos a la labor que los jesuitas y la Iglesia en general llevan a cabo para buscar «una solución pacífica» a la crisis política en Nicaragua. Pero el Gobierno «no tiene voluntad política para sentarse a dialogar», lamenta. «Pareciera más bien que buscan provocar a la población para que se arme y esto se resuelva por la vía militar»
30 de mayo, Managua. 300.000 personas se manifiestan contra el régimen de Daniel Ortega. Cuando la columna de gente llega al campus de la Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas, algunos francotiradores afines al Gobierno empiezan a disparar contra la gente desde las azoteas. El jesuita José Alberto Idiáquez Guevara, rector del centro, consigue abrir las puertas.
Gracias a este gesto, 5.000 personas encontraron refugio; y muchos heridos, atención médica. No es, ni mucho menos, la única iniciativa de la UCA a favor de la rebelión cívica nicaragüense. Y, por eso, se ha convertido en el blanco del acoso del Gobierno. De hecho, desde hace meses no hay clases presenciales, por el riesgo que supondría para los estudiantes.
El vicerrector de la universidad, Jorge Alberto Huete, ha visitado estos días España para denunciar esta situación. Durante su visita, ha recibido el apoyo de UNIJES, la entidad que engloba a universidades jesuitas como Deusto, Comillas, Loyola Andalucía, ESADE, IQS, INEA, SAFA, la Facultad de Teología de Granada, ITF y HTSI. En un manifiesto, UNIJES denuncia la represión armada a manos de la Policía y grupos paramilitares, que ya ha causado más de 300 muertes.
En el texto se exige al Gobierno que «respete los derechos constitucionales de sus ciudadanos, comenzando por la libertad de expresión y la protesta pacífica, libere a todos los detenidos arbitrariamente, cese cualquier forma de represión e intimidación, y garantice la actuación de la justicia para esclarecer las violaciones de los derechos humanos».
«La violencia y la represión que se viven en las calles del país impiden» a la UCA desarrollar su misión de formar ciudadanos responsables, «a la vez que ponen en peligro la integridad de la comunidad universitaria», afirma también el manifiesto.
La crisis que vive Nicaragua no empezó el 18 de abril. Durante su visita a España, ha insistido usted en que viene de largo. ¿Cómo ha sido la deriva del Gobierno de Ortega?
Todo esto es el resultado de un proceso de casi doce años, desde que Ortega llegó al poder en 2007. Poco a poco se han ido aboliendo todas las instituciones democráticas en el país, y aunque hay una formalidad de democracia (con los partidos políticos) la realidad es que no hay una verdadera división de poderes y todo está sometido a la presidencia. Esto lo ha hecho Ortega incluso cambiando la Constitución, de forma que se ha destruido todo lo institucional. No hay justicia, por lo que cuando surgen abusos de los derechos humanos, a nadie se le ocurre ir a poner una denuncia.
Poco a poco el Gobierno ha ido perdiendo la tolerancia a la diversidad y ha ido creciendo la tendencia a uniformarlo todo bajo un solo pensamiento. Hasta el punto de que ya no se puede salir a protestar. Solo por eso ya vas preso. Pero en realidad la naturaleza represiva de este régimen está desde el inicio. Las primeras manifestaciones contra el fraude electoral de 2008 fueron reprimidas brutalmente por la policía y por las turbas, los simpatizantes violentos que el Gobierno utiliza. Estos grupos se han ido transformando gradualmente, y han pasado de reprimir a pedradas, palos y machetes a hacerlo con fusiles AK y armamento militar. Muchos se han convertido en grupos paramilitares.
Jorge Alberto Huete, durante su visita a España. (Foto: Rocío Ruz)
Esto choca con la esperanza con la que se recibió a Ortega al principio, después de la dictadura de Somoza. Incluso, en parte, desde la Iglesia.
Es importante diferenciar estas dos fases de Ortega, porque son completamente distintas. Ortega pasó 17 años fuera del poder, y durante ese tiempo trabajó sistemáticamente para volver a alcanzarlo, pactando con distintos sectores: desde gente de otros partidos acusada de corrupción hasta personas de los sectores más recalcitrantes y conservadores del país. Esto permitió que fuera elegido de nuevo.
Y aunque quieren vender que esto es la segunda fase de la revolución, no tiene nada que ver. La economía nicaragüense actual se ha montado sobre el sistema de capitalismo salvaje y un modelo extractivista que está haciendo mucho daño a la ecología del país. Lo que pasa es que es un sistema clientelar, en el que utilizando la ayuda que viene de Venezuela se ha estado manteniendo a las masas relativamente conformes con el sistema.
Su universidad se ha convertido en uno de los pocos espacios de diálogo libre y abierto, por lo que está en el punto de mira del Gobierno.
No es casual que al frente de la resistencia ciudadana se hayan puesto los universitarios. El problema de la universidad es serio. Las públicas se han subordinado de una manera abyecta al Gobierno. Ha dejado de existir la autonomía universitaria. Los estudiantes se han sentido muy acosados bajo ese sistema, y se han rebelado. En cambio, la Universidad Centroamericana ha promovido debates y fomentado el pensamiento crítico. Es la obligación de una universidad, y más si es jesuita y tiene como principio preocuparse por la injusticia social. Los estudiantes de nuestra universidad se han sentido con libertad de expresarse, y esto ha facilitado que muchos de ellos tengan liderazgo entre sus compañeros de otras universidades, aunque todos ellos han tenido una participación clave.
Y a nivel institucional, ¿la UCA se ha implicado en la revolución cívica?
Nuestro rector, al observar toda la represión del Estado y los asesinatos de nuestros estudiantes –el primer joven asesinado, un chico de 15 años que llevaba a las barricadas agua comprada con el dinero de su cumpleaños, era del colegio Loyola– dio un paso al frente para defender la vida de los estudiantes. Ha sido muy activo en el apoyo a las víctimas y en reclamar al Estado que cese la represión. Ha sido prácticamente el único rector en hacerlo y esto le ha ganado mucho respeto. Así que cuando se organizó la Alianza Azul y Blanco que iba a participar en el diálogo nacional, los obispos le llamaron a participar y jugó un rol muy activo.
De poco sirvió.
La mesa de diálogo nacional decayó porque era un truco del Gobierno para ganar tiempo y armar a sus simpatizantes, formando grupos de paramilitares que luego ha utilizado para asesinar estudiantes.
¿Hay expectativas de retomar el diálogo? Porque en sus declaraciones públicas, la Iglesia sigue apostando por él.
Toda la ciudadanía respalda lo que han dicho la Iglesia y los obispos en cuanto a la búsqueda de una solución por la vía pacífica; y para ello es obligatorio un diálogo nacional. El problema es que si bien la resistencia cívica lo tiene muy claro, no cuenta con los medios para alcanzar ese objetivo. Y el Gobierno, que se ha empoderado por el uso de la fuerza, no tiene motivación ni voluntad política para sentarse a dialogar. Estamos en ese impasse.
Ahora en el país hay una calma tensa, con menos manifestaciones y una situación a la que usted se ha referido como casi un estado de sitio. ¿Qué perspectivas se abren para el país?
El Gobierno debe de saber que esta situación es insostenible a largo plazo, y ellos mismos deberían buscar la forma de resolverla de manera pacífica. A veces, con sus actitudes bélicas, pareciera más bien que buscan provocar a la población para que se arme y esto se resuelva por la vía militar, en la que el Gobierno tiene toda la ventaja. Pero la población no está cayendo en la trampa.
Y el deterioro económico es cada vez más intolerable: se ha estimado que a fin de año haya pérdidas de 1.500 millones de dólares, según centros de pensamiento como FUNIDES y el Banco Mundial. El país iba a crecer este año en un 4,5 % pero va a acabar decreciendo en hasta un 5 %. La estructura económica de Nicaragua es muy sencilla y frágil, y la crisis la afectó en seguida. Había una apuesta por el turismo, que ha caído. La agricultura no está tecnificada y tiene muchas limitaciones. Y tampoco hay inversión extranjera. Va a crecer la dependencia de las remesas del extranjero.
Ante tanta provocación, ¿no ha habido entre los opositores la tentación de recurrir a la violencia?
Es impresionante que esa tentación no se haya llegado a dar entre los estudiantes, que son los que más han sufrido la violencia (creo que el 10-15 % de los muertos han sido menores de edad). Son los nietos de la revolución sandinista, chicos de 17 a 21 años; y una generación con experiencia en causas ambientalistas y pacifistas. Pero dada la historia de violencia y guerra en Nicaragua, con mucha experiencia militar en las generaciones anteriores, algunas personas sí están señalando que probablemente haya personas, sobre todo en las zonas rurales, buscando otras formas de organización para rebelarse.
Su centro, como todas las universidades, tiene estudiantes asesinados, heridos y encarcelados. ¿Están haciendo algo por ellos y sus familias?
Nuestro rector, que además es sacerdote, está haciendo mucho acompañamiento con las familias de las víctimas. Ha apoyado muy en serio a las Madres de Abril. Ellas vienen a buscarlo como pastor, no solo como rector. También se está trabajando para liberar a la gente encarcelada injustamente por las protestas. Es la prioridad número uno. Pero esas gestiones las hacemos a través de las Madres de Abril.
Una exposición sobre la revuelta cívica en el campus de la UCA en Managua. (Foto: EFE/Jorge Torres)
¿Ha sido suficiente la respuesta de la comunidad internacional?
Es importante que se involucre en la búsqueda de soluciones. Y llegó un poco tarde. Hemos estado desesperados, sobre todo mientras las matanzas de mayo y junio, y esperábamos que actuara lo antes posible. Pero los procesos no funcionan así, y además ha habido mucha hipocresía del Gobierno en los foros internacionales. Con todo, el foro internacional más cercano que tenemos, la OEA, ha tenido una reacción muy sólida, demandando al Gobierno que cese la represión y las violaciones de derechos humanos, y que se siente a dialogar. Estos foros deben ser un elemento de presión para el Gobierno.
La otra esperanza que tenemos es que la izquierda internacional (el francés Jacques Lange, el expresidente uruguayo Pepe Mújica e incluso alguien de extrema izquierda como Noam Chomsky) está viendo de forma cada vez más clara estas violaciones de los derechos humanos, e incluso demandando que el Gobierno dimita y busque el diálogo.
¿La presión debería llegar a las sanciones?
No ejercidas en lo general, porque pueden causar problemas a la población más necesitada y el colapso económico sería mucho mayor. Se está hablando de que sean específicas hacia personas identificadas como violadores de los derechos humanos, y en ese caso podrían tener efectividad.
En una entrevista hace pocos días, el cardenal Brenes se mostraba preocupado por la división que veía en el pueblo y dentro de la propia Iglesia. ¿Cómo trabajar para superar esta división?
Más que división hay diversidad de pensamiento, que en estos años se ha intentado reprimir. Y me parece saludable que haya esta diversidad en la alianza cívica. Están los estudiantes, que ni siquiera tienen partido político; también mujeres feministas, el consejo empresarial, académicos, nuestro rector, que es jesuita… y de ello debe esperarse una diversidad de propuestas. Pero no creo que haya división, y tampoco entre los obispos, aunque haya entre ellos diversidad de opiniones. Siempre han sido muy hábiles a la hora de encontrar consenso en estos temas tan difíciles.
Estoy muy impresionado por todo el trabajo pastoral del obispo Báez y cómo se ha puesto a defender la vida de los estudiantes y reclamar los derechos de la población, por lo que ha sido constantemente asediado.
El reto será conjugar toda esa diversidad después de la salida de Ortega.
El después es un tema muy importante. Estamos convencidos de que Nicaragua va a conseguir su libertad y transformar su sistema para retornar a la democracia. Pero el desafío viene luego, en el período post-Ortega. Así como en Europa después de la II Guerra Mundial hubo que implementar un proceso de desnazificación, Nicaragua va a tener que proceder a un período de desorteguización. Y va a ser difícil, porque este tipo de sistemas penetran en todo.
María Martínez López
Imagen: Una joven se manifiesta contra el Gobierno ante la sede de la UCA
(Foto: EFE/Jorge Torres)
