Lo ha confirmado la ministra de Educación el miércoles 11 en el Congreso de los Diputados al comparecer ante la Comisión de Educación para explicar las líneas de las políticas que va a desarrollar durante lo que queda de legislatura. Y se confirma lo que había anunciado en una entrevista en un diario nacional hace casi 15 días: eliminará la demanda social como criterio para ampliar los conciertos –es decir, si hay familias que quieren escolarizar a sus hijos en un concertado y no hay plazas, se negará al centro dar una mayor cabida–; se dejará la asignatura de Religión sin alternativa y, además, no computará ni para la media, becas…; y se creará una nueva asignatura de valores cívicos, al estilo de Educación para la Ciudadanía, que será obligatoria para todos.
Las medidas recibieron el aplauso de grupos como Unidos Podemos y se encontró tanto con Ciudadanos como con el Partido Popular que defendieron la importancia de la enseñanza concertada en nuestro país, así como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos según sus convicciones, amparado por el artículo 27 de la Constitución. En este sentido, la portavoz del PP, Sandra Moneo, advirtió que con estas medidas no se respeta lo que dice la Carta Magna y, además, en el caso de la Religión, los tratados internacionales como el Acuerdo con la Santa Sede y los acuerdos con las demás religones.
Nada más conocerse la propuesta del Ejecutivo de Sánchez, Escuelas Católicas lamentó «las desalentadoras palabras» de la ministra. «Queremos expresar nuestra indignación y preocupación al conocer las líneas maestras del proyecto educativo de la ministra Celaá. Sus palabra causan inquietud y desaliento en el sector educativo que representa al 26 % del sistema educativo español», añade la nota.
Además, lamenta que se quieran tomar estas medidas «sin el mínimo consenso» y recuerda que el artículo 27 de la Constitución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. «Una libertad de enseñanza que implica la libertad de creación de centros y de oferta de un proyecto educativo concreto, así como la libertad de las familias para elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos», explica.
Sobre la Religión, Escuelas Católicas defiende la necesidad de que se mantenga como materia curricular, pues tiene que ver con la educación integral de la que habla la Constitución: «No es concebible conseguir este objetivo omitiendo todo lo que tiene que ver con la religión, la historia de las religiones o la forma en la que las civilizaciones han afrontado el sentido de trascendencia».
Desde la Conferencia Episcopal, el presidente de la Comisión de Enseñanza y obispo de Segovia, César Franco, confesó en la Cadena Cope que «este anuncio es una sorpresa». «No sabes los motivos que hay detrás de esto. Pero parece que la ministra se olvida del artículo 27 de la Constitución, donde se presenta el verdader pacto educativo. La libertad de enseñanza supone el reconocimiento de crear centros docentes, en los que haya respeto, y en los que se adopte la pedagogía oportuna».
Y continuó: «Aquí estamos tocando los derechos fundamentales de padres y alumnos. El Estado no tiene el monopolio. Un cosa es un Estado que sea laico y otra es que la sociedad sea así: la sociedad es plural, multicultural, multireligiosa y si se mantiene en el marco de la legalidad tiene que ser defendida por un Estado».
Sobre la creación de una asignatura de valores recalcó: «Es una forma de decir: “nosotros somos los que vamos a educar a los alumnos de los centros con algo obligatorio”. Las palabras dicen mucho, porque ¿qué se entiende hoy por ética?, ¿quién va a dar esos contenidos?».
F. O. (Foto: Guillermo Navarro)
