La soledad problemática en la vejez afecta en España a alrededor de un millón y medio de personas. Francisco Fernández Marugán pide que se elabore «una radiografía precisa» de «este drama»
El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera «urgente» abrir un debate político y social en torno al problema de la soledad no deseada en la que viven miles de personas mayores en España.
En un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, Marugán instó a los poderes públicos a abordar este asunto, así como a impulsar políticas de prevención y concienciar a la sociedad, que, a su juicio, «muchas veces se encuentra ajena a este drama», que algunas fuentes cifran en un millón y medio de personas afectadas.
El defensor del Pueblo abogó, asimismo, por establecer una «radiografía precisa» del alcance de este problema como una de las «primeras tareas a realizar».
Para Fernández Marugán, «un Estado social como el nuestro no puede ignorar a un colectivo tan sensible como este». «Tiene que dar una respuesta adecuada a los retos que plantea una sociedad cada vez más envejecida», agregó.
En esta línea, la institución valoró como «necesario» revisar las «pautas de actuación» en la atención social para ofrecer las ayudas que precisan las personas mayores y sus familias «e intentar un modelo en el que las personas de la tercera edad puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno».
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán
Derechos de las personas mayores
Tras subrayar que, en los últimos años, se ha advertido un repunte de quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con los mayores y el envejecimiento, precisó que muchas de ellas están relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia, la calidad de la atención residencial que reciben o el copago farmacéutico.
«Nuestro objetivo es que las administraciones pongan todos los medios a su alcance para que los servicios a los mayores se presten en condiciones respetuosas con la dignidad básica de toda persona y con sus derechos fundamentales», afirmó el defensor del Pueblo.
A este respecto, manifestó que muchas de las actuaciones de la institución se relacionan con cuestiones «muy relevantes» vinculadas a los derechos fundamentales de las personas mayores, entre las que mencionó el ingreso involuntario de personas con deterioro cognitivo o psíquico, las restricciones a la libertad de movimientos o el uso de sujeciones, entre otras.
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