La ministra de Educación, Isabel Celaá quiere mejorar la oferta pública y restarle peso académico a la asignatura de Religión.
El Gobierno quiere estrenar su primer curso académico con una nueva ley orgánica de educación. La ministra Isabel Celaá llegó con el claro objetivo de reemplazar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada por el PP modificando, al menos, cuatro de sus artículos. En su exposición en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio Celaá anunció la reforma de la Ley Wert para, entre otras cosas, apoyar la oferta pública de plazas frente a la concertada, recuperar la participación de los consejos escolares y quitarle valor académico a la asignatura de Religión, que dejará de ser optativa. A la vez, anunció la creación de una nueva materia de Valores Cívicos, que será obligatoria. Fuentes de Educación han señalado que la puesta en marcha de todos estos cambios estarán sujetos a las negociaciones parlamentarias.
Los docentes, por su parte, consideran que las medidas anunciadas tienen más efecto político que práctico y que, por lo tanto, son pura «cosmética». «Lo peor es que no hay novedades, hay una parálisis absoluta desde que se congeló el Pacto de Estado (el PSOE se levantó de la mesa de negociación); el Gobierno entró con unos objetivos que solo puede cumplir con un acuerdo que de momento no existe», señaló Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación de CSIF.
Recuperar las evaluaciones
El Gobierno también anunció que recuperaría las evaluaciones de diagnóstico en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Estos cambios, a tan poco tiempo de comenzar el curso, más que celebrarse, preocupan. «No sabemos cómo se le va a dar el título a los alumnos de 4 de la ESO y 2º de Bachillerato. La LOMCE sigue contemplando las pruebas finales pero un Real Decreto las congeló hasta esperar qué deparaba el fallido pacto. Ahora se quieren volver a introducir en una ley que todavía no se ha aprobado. No sabemos qué hacer», se queja Gutiérrez.
Otra medida que afecta de lleno a los profesores es el anteproyecto de ley (que podría aprobarse este mes o el que viene) para revertir el Real Decreto Ley 14/2012 impulsado por el Ejecutivo de Rajoy. A través de este decreto se pusieron en marcha varias medidas para disminuir el gasto público. Ahora, el Gobierno pretende derogar, entre otros, el artículo 3 del decreto, que aumenta la parte lectiva de la jornada docente hasta un mínimo de 25 horas en educación infantil y 20 en el resto. Una vez derogado, será cada comunidad la que determine el número de horas a reducir. «Debe haber una normativa estatal que establezca un máximo para toda España, no se debe olvidar que somos un cuerpo nacional», añade Gutiérrez.
En el ámbito postobligatorio Celaá ha prometido una Ley de Formación Profesional. Mientras que Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades anunció el pasado 12 de julio una nueva Ley de Universidades. Duque prometió un programa para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI), medidas para hacer frente al «envejecimiento» de las plantillas, así como la creación de un Estatuto Básico del Profesor Asociado, para el que los sindicatos docentes han pedido soluciones ante unas retribuciones que consideran «ridículas e inaceptables». Otra novedad destacable este nuevo curso es la modificación en el sistema de becas que aumenta las ayudas a las familias de menor renta además de pasarse del 5,50 al 5,00 la nota para obtener la beca de matrícula en el primer curso de estudios universitarios.
Los primeros en comenzar las clases son los murcianos (aunque dependiendo del municipio). Y será hasta el 17 de septiembre cuando se reincorporen los estudiantes de ESO y Bachillerato de Andalucía y Galicia.
Clases sobre ETA
Este curso se pondrá en marcha en País Vasco un programa piloto en las aulas de 4º de ESO y 2º de Bachillerato destinado a explicar a los alumnos «el periodo más reciente de Euskadi». Se trata del proyecto «Herenegun!», que entre otros contenidos incluye un análisis de ETA «en el contexto sociopolítico vasco».
El regreso a las clases no solo «asusta» a pequeños y jóvenes, sino también a sus padres. En el País Vasco las familias planifican una inversión cercana a los 265 euros. Es decir, un 2% más que la mediaestatal, según los datos del Observatorio Cetelem, informa Adrián Mateos.
Objetivo, la concertada
El inicio de curso en la Comunidad Valenciana arrastra una asignatura pendiente. En el pasado ejercicio, la Federación de Sindicatos Independientes Enseñanza (FSIE) denunció que los docentes de la escuela concertada «no tuvieron las mismas oportunidades para acceder a los cursos y a las ayudas» ofrecidas por la Conselleria de Educación. Este año FSIE ha pedido al Gobierno valenciano que ponga fin a la discriminación, «segregación formativa», lo han llamado porque solo el 1% de los docentes de la concertada pudieron acceder a los cursos en el extranjero en el curso 2017-2018.
En este sentido, el sindicato de docentes ha solicitado que las bases del curso 2018-2019 permitan que los profesores de la educación concertada puedan acceder con los mismos derechos que los compañeros de la función pública, según informa Ade Palomar.
Inmersión lingüística
Un curso más, continuará vigente en los centros escolares de Baleares el llamado Decreto de Mínimos, aprobado en 1997 por el popular Jaume Matas. Dicho decreto establece que la lengua vehicular en los colegios públicos y concertados será el catalán, y obliga a impartir en lengua catalana al menos el 50 por cien de las clases. El decreto ha acabado favoreciendo, de facto, la inmersión lingüística. La norma de Matas solo dejó de estar vigente en la pasada legislatura, cuando el popular José Ramón Bauzá empezó a aplicar el denominado Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que propugnaba una enseñanza trilingüe. Sin embargo, en este mandato el Decreto de Mínimos ha sido recuperado por la socialista Francina Armengol, informa Josep María Aguiló.
Microescuelas
Aragón, región azotada por el erial demográfico, estrena curso con 46 microescuelas rurales y 170 profesores acogidos al nuevo plan de incentivos para estabilizar las plantillas docentes en los pueblos. Esta legislatura, el Gobierno aragonés rebajó el umbral mínimo de alumnos que se exige para mantener abierta una escuela. Antes hacían falta más de seis; ahora basta con tres, con el objetivo de mantener escuelas en pequeñas localidades y que contribuyan a frenar la despoblación. Al mismo tiempo, este curso se implantan los nuevos incentivos para que los profesores interinos apuesten por mantenerse varios años en una misma escuela rural y, así, dar más estabilidad a las plantillas, informa Roberto Pérez.
Apuesta por la ciencia
En Galicia, buena parte de las novedades del nuevo curso escolar tienen que ver con la promoción de las competencias STEM; las vinculadas, por sus iniciales en inglés, con las materias de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Dentro de esa estrategia, este año estará marcado por la entrada del STEMBach, un suplemento científico para Bachillerato con el que la Xunta promoverá vocaciones científicas y tecnológicas, informa Rocío Lizcano.
Llega el debate a las aulas
Andalucía incorporará el debate en las aulas. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación, tiene como finalidad «desarrollar el pensamiento crítico y la competencia en comunicación lingüística» del alumnado, informa Sandra Cabezas.
J.G. Stegmann @jgstegmann/ABC
(Foto: EFE)
