España no se libra de la corrupción, tanto a través de mafias organizadas como de particulares, que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes.
22 de abril 2024.- Ibrahim solo rezaba. Mientras la patera sorteaba las grandes olas del Atlántico y el recién nacido de una pareja de Camerún lloraba a su lado, él lo único que hacía era rogarle a Dios que no los abandonara; que si morían en el mar nadie nunca lo sabría. Ibrahim nos pide que no revelemos su verdadera identidad y relata que, tras su llegada, ninguno de los que viajaba en aquella barcaza soportaba el olor del mar porque vomitaba sin parar.
Al ser menor de edad, y tras ir variando entre diferentes centros de menores, acabó trabajando en un pueblo cerca de Guadalajara. Aunque más que trabajar estuvo explotado, porque Ibrahim se pasó tres años sometido a jornadas de 15 horas diarias recogiendo, empaquetando y clasificando espárragos y cobrando 50 céntimos la hora. Recuerda que los campos eran «más grandes que el Bernabéu» y el hacinamiento que sufrían viviendo 25 personas en el mismo piso. Tampoco puede olvidar aquella vez que el jefe les obligó a trabajar hasta las cuatro de la mañana y al día siguiente ninguno pudo levantarse del cansancio.
Dos veces a la semana, «algunos hombres —según relata Ibrahim— se acercaban al campo» donde trabajaban para hacer controles «y nosotros veíamos cómo el jefe les daba una cesta de espárragos y metía un sobre dentro». En mitad de aquella situación, en la que podías notar el sufrimiento en la mirada de los migrantes explotados, aquellas personas jamás mostraron un mínimo interés por su situación.
Claves
• La palabra mafia no aparece en la legislación, pero sí «organización criminal», cuando la conforman un mínimo de tres personas.
• La mayoría de las mujeres prostituidas llegan legalmente por el aeropuerto gracias al visado de turista tramitado por criminales.
• La explotación de migrantes no solo se da en la prostitución, también en talleres textiles, los campos, la limpieza de las casas, en la obra y en el cuidado de gente mayor.
• Los precios de una cita de asilo en la reventa pueden llegar hasta los 500 euros y son los miembros de las propias diásporas quienes comparten los contactos entre sí.
• Pueden encontrarse citas para solicitar protección internacional en plataformas de segunda mano como Wallapop o Milanuncios. CEAR comunica las que encuentra al Ministerio de Interior.
• Cristina Fuentes, de Fundación porCausa, revela que en los consulados de Venezuela y Afganistán se cobraron en el pasado mordidas para la realización de trámites de extranjería.
«Nunca me imaginé que acabaría en manos de gente así», reconoce Ibrahim con un hilo de voz. Y cuenta la experiencia de una amiga nigeriana que estuvo en España trabajando de interna en una casa en la que sufrió acoso y donde los hombres la manoseaban sin miramientos. «Nadie me creerá. Es su palabra contra la mía», le respondía ella cuando Ibrahim le animaba a denunciar. Al igual que Karla, que también escapó de su país, Honduras, huyendo de la criminalidad y el narcotráfico. Aquí en España estuvo trabajando en una casa donde le negaban desayuno, comida y cena e incluso no le dejaban dormir allí por las noches. Le pagaban 450 euros al mes por ocuparse de todas las labores y, según relata, «tenía que soportar vejaciones, maltratos y humillaciones».
El mapa del abuso en España hacia las personas en situación de necesidad que llegan de otros países es tan amplio como dinámico. Desde la prostitución y trata que sufren miles de mujeres, muchas veces a plena luz del día y en nuestras carreteras, hasta los excesos en alquileres de zulos que pretenden hacer pasar por viviendas. Sin dejar de lado la trata laboral en talleres textiles o la explotación en los campos, la limpieza de las casas, en la obra o la precarización de los cuidados en general. Un mapa sobrecogedor con el que cada día despiertan miles de personas y que les recuerda que hay gente que no los ve como seres humanos, sino como objetos de explotación.
«Una frontera per se separa dos realidades en las que un lado es más desigual que otro», señala Cristina Fuentes, coordinadora de investigaciones de la Fundación porCausa. «Son espejos manifiestos de las desigualdades y ahí se genera un mercadeo de muchas cosas». Con todo, no valoraría a quienes se dedican a estos delitos como mafia, pues aunque «a veces hay una estructura», en la mayoría de ocasiones solo existe «un sistema menos formal o jerárquico».
En cifras
99 % de las mujeres prostituidas son de origen migrante según la Unidad de Trata de Personas y Extranjería del Ministerio Fiscal.
25 personas pueden llegar a hacinarse en un mismo piso destinado a temporeros.
450 euros al mes cobraba Karla como interna, sin derecho a comida ni alojamiento, que debía alquilar fuera.
15 horas pueden durar las jornadas en el campo de migrantes como Ibrahim, quien recogía y empaquetaba espárragos a 50 céntimos la hora.
Los jefes de Ibrahim y Karla no formaban parte de ninguna mafia ni crimen organizado. Sin embargo, representan una de las formas más comunes de aprovechamiento de las personas extranjeras en nuestro país; particulares que sacan rentabilidad de la explotación de otros. Para Daniel Arencibia, abogado especialista en migraciones, utilizar la palabra mafia puede llevar a confusión e invita a hacerlo con cautela. «Ese término no viene contemplado en ninguna ley», dice, «mientras que sí se utiliza el de organización criminal, que responde a cuando un mínimo de tres personas se organizan para delinquir de forma reiterada». Él es miembro del Secretariado Pastoral de Migraciones de la diócesis de Canarias y afirma que, a la hora de hablar de la explotación que sufren muchos migrantes cuando llegan a España, la variedad de casos es monumental. De hecho, el presidente del episcopado español, Luis Argüello, ponía el foco en esto hace unos días, en una carta de apoyo a la iniciativa legislativa popular que pedía una regularización extraordinaria de migrantes en España —y que se admitió a debate la semana pasada—. El también arzobispo de Valladolid expresaba la necesidad de abordar la cuestión migratoria denunciando y combatiendo a las mafias, pero también «cuestionando la involuntaria colaboración de muchas organizaciones» en los objetivos criminales de dichas mafias.
Si algo tenían claro Ibrahim y Karla es que solos no llegarían a ningún lado y que necesitaban del sostén de una red para poder salir a flote. Algunos compañeros senegaleses de Ibrahim se unieron para denunciar al jefe explotador, que actualmente acumula muchas denuncias y le han retirado la gestión de las tierras. Por su parte, Karla trajo a España a su hija y comenzó a colaborar con la Red de Hondureñas Migradas y en 2019, junto con otras 40 mujeres, fundó en Cáceres la Asociación Empleadas de Hogar, Cuidado y Limpieza, donde se autogestionan sin subvenciones públicas. Porque todas esas explotaciones no ocurren por azar, sino que son el fruto de una cultura alimentada por el miedo al diferente que no nos permite adentrarnos en las causas.
ESTER MEDINA
Alfa y Omega
