El domingo se celebran elecciones presidenciales y se renuevan la Asamblea Nacional y los miembros nacionales del Parlamento andino. Más de 13 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en una tierra encajonada entre el Pacífico, Colombia y Perú. El análisis de Damiano Scotton, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Azuay, en el sur del país latinoamericano.
8 de febrero 2025.- Fronteras cerradas hasta el lunes, controles reforzados, patrullaje militar en puertos y vigilancia del espacio aéreo intensificada. Estas son algunas de las medidas implementadas por las Fuerzas Armadas de Ecuador, según una orden del presidente Daniel Noboa para prevenir posibles ataques de bandas criminales en las elecciones generales de este domingo en el país latinoamericano. La seguridad es uno de los grandes temas que acompañan la votación presidencial y la renovación tanto de la Asamblea Nacional como de los delegados de Quito al Parlamento andino, que se produce dos años después de las consultas extraordinarias de 2023, desencadenadas por la aplicación del mecanismo constitucional de ‘muerte cruzada’ por parte del ex presidente Guillermo Lasso, antes de que se votara el juicio político en su contra acusado de corrupción y malversación de fondos públicos.
A principios del año pasado, el país se vio sacudido por una profunda violencia de bandas armadas vinculadas al narcotráfico, con ataques a universidades, hospitales, estudios de televisión, motines en cárceles, calles y centros poblados, en el contexto de una nación que tristemente ha pasado a encabezar la lista de las más violentas de América Latina, en un entramado de criminalidad local y cárteles internacionales de la droga: ya en 2023, Ecuador se había convertido en el país con la tasa de homicidios más alta de la región (47,2 por 100. 000 habitantes), alcanzando la cifra récord de 8.000 muertes sólo ese año. Noboa, en enero de 2024, declaró el «conflicto armado interno» para hacer frente a la violencia, clasificando a las bandas criminales como grupos terroristas e iniciando una serie de medidas para frenar la inseguridad.
La lucha contra las bandas armadas y el narcotráfico
«Si quitamos los primeros meses, hacia finales de febrero-principios de marzo, cuando se hablaba mucho de que la Policía estaba en las calles, con los militares deteniendo a narcotraficantes o en todo caso a miembros de bandas, con el paso del tiempo nos dimos cuenta, sin embargo, de que los índices de criminalidad se mantenían más o menos estables, sobre todo en la costa del país, en Guayaquil, Machala, Manta, Esmeraldas», explica Damiano Scotton, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Azuay, en el sur de Ecuador. Desde Cuenca, donde los medios vaticanos lo localizaron telefónicamente, denuncia que «el llamado “Plan Fénix”, puesto en marcha para aumentar la seguridad en el país, no ha llevado de hecho a la desarticulación de las bandas de traficantes ni a la detención de algunos de los principales líderes de estas bandas: las esposas han ido a parar principalmente a quienes forman parte de estos grupos, que en muchos casos son jóvenes de los barrios más pobres de las grandes ciudades que -sin querer justificarlos- entran en este círculo delictivo porque no tienen otra oportunidad». Es decir, la situación que existía hace un año, existe ahora». La expansión de las bandas en Ecuador está vinculada a la explosión de las rutas de la cocaína que atraviesan el país en su camino hacia los grandes mercados ilegales de Estados Unidos y Europa. «Ecuador tiene una posición geográfica estratégica -señala Scotton- en el sentido de que estamos en el norte de Sudamérica, en la costa del Pacífico, en una zona “ideal” para el tránsito ilícito de drogas, como puerto de salida. Además, está situado entre Colombia y Perú, dos de los mayores países exportadores de droga. Y esto ha hecho que en Ecuador haya habido durante años grandes infiltraciones de carácter mafioso de cárteles de la droga, sobre todo mexicanos, que han visto en Ecuador una especie de puerto franco tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa. Lo mismo pasó con los carteles colombianos, sobre todo en la época de las FARC. Esto no quiere decir que estemos al nivel de México o Colombia: en Ecuador hay grupos que podríamos llamar de contacto, que actúan como intermediarios hacia los otros destinos de los cargamentos de droga, se trata más de control de las rutas de tránsito que de control del tráfico en sí».
Cortes de energía
Junto con la seguridad, entre las principales preocupaciones de la población del país andino -los electores llamados a las urnas superan los 13 millones- siguen figurando la crisis energética y los recientes y prolongados apagones. Tuvimos apagones periódicos en todo el país por falta de agua, por la escasez de lluvias, desde abril hasta diciembre: en un país que depende de la energía hidroeléctrica, si no llueve, las centrales no funcionan y por lo tanto no hay energía. Vivimos una situación realmente crítica, sobre todo en septiembre, octubre y noviembre, cuando hubo apagones regulados de hasta 12 horas diarias, con comercios que ya no podían mantener sus persianas abiertas porque no había luz, mientras la inseguridad aumentaba sobre todo en las noches», relata el docente de la Universidad del Azuay. Estos temas también repuntaron en la campaña electoral de los dieciséis candidatos presidenciales. Las encuestas dan como favorito al mismo Noboa, un magnate de centroderecha del Movimiento Acción Democrática Nacional (Adn) que aspira a un nuevo mandato, seguido de Luisa González, la candidata progresista correísta del Movimiento Revolución Ciudadana (Rc), exponente del gobierno de izquierda de Rafael Correa en la nación sudamericana entre 2007 y 2017. El analista nacido en Padua y radicado en Cuenca desde hace 14 años, señala cómo la atención pública en las últimas semanas en Ecuador se ha centrado también en la polémica suscitada por la renuencia de Noboa a delegar funciones presidenciales durante la campaña electoral a la actual vicepresidenta Verónica Abad, nombrando en su lugar a Cynthia Gellibert, hasta ahora en la cúpula de la administración pública. Los decretos fueron luego declarados inconstitucionales por jueces de Quito, en vísperas del cierre de la campaña electoral.
El desafío de la presidencia
En general, el programa de Noboa, observa Scotton, ha estado «orientado principalmente a la liberalización, por lo tanto a la reducción de la inversión estatal, mucho más enfocada en ciertos sectores que en otros, y al fomento de las pequeñas y grandes empresas, especialmente mediante la reducción de impuestos». En el ámbito internacional, el candidato Adn está mucho más cerca de las posiciones recientes de Estados Unidos. Justo por estos días es el anuncio de sanciones económicas de Ecuador a México, luego hacia los productos mexicanos, para alinearse con lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, con las tasas a México, luego congeladas por un mes’. El programa de González, en cambio, estaba «basado en grandes inversiones sociales y una fuerte estatalización del país, apuntando a un reposicionamiento internacional de Ecuador, para sacarlo del alineamiento que ha tenido en los últimos años con Estados Unidos, sobre todo en general con el mundo occidental, y orientarlo mucho más hacia el área de los Brics, o sea Rusia, India, China sobre todo». Entre otros, en la carrera por el primer cargo del estado, también se mantiene en contienda, aunque más alejado en las previsiones de voto, el candidato del partido que representa las demandas de los pueblos indígenas Pachakutik, Leonidas Izas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), uno de los movimientos en el centro de las protestas de 2022 convocadas para exigir reformas económicas y sociales y el fin de la corrupción. «La Conaie -señala finalmente Scotton- hace un discurso basado en el rechazo absoluto a las políticas neoliberales, a las políticas que puedan dar prioridad a la inversión privada, a la empresa privada, por encima de lo que pueda ser una posible inversión social».
GIADA AQUILINO
