La presidenta de la Comunidad lleva seis meses reclamando al Gobierno que se tomaran medidas en el aeropuerto de Barajas.
La jefa del Gobierno lo solicitó en distintas ocasiones en las videoconferencias de presidentes y lo pidió expresamente por carta al presidente Sánchez en junio.
También lo demandó en una misiva a la presidenta de la Comisión Europea el pasado mes de octubre.
Los servicios sanitarios madrileños tienen contabilizados desde mayo 192 casos importados.
11 de noviembre de 2020.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado hoy que el Gobierno haya accedido a su petición de que se exijan pruebas PCR para detectar COVID-19 realizadas en los países de origen de los viajeros que quieran volar a los aeropuertos españoles procedentes de zonas de riesgo, tal y como se ha informado hoy a las comunidades autónomas durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La presidenta madrileña lleva seis meses pidiendo al Gobierno central que estudie medidas y establezca un protocolo claro en los aeropuertos, como el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al tratarse de la “principal puerta de entrada” del país y no existir unos controles férreos que detecte a personas portadoras del virus. De hecho, ha insistido siempre en que un país que no cuida sus fronteras no transmite el mensaje de seguridad que garantice que los ciudadanos sigan viviendo a España, tanto a hacer negocios como turismo.
Así, desde el pasado mayo la presidenta ha planteado esta cuestión en las diferentes videoconferencias y conferencias de presidentes celebradas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ya el 24 de ese mes le mostró su intranquilidad ante la falta de medidas y solicitaba desde protocolos claro para los aeropuertos hasta la posibilidad de estudiar un pasaporte de salud con el que puedan salir desde otros aeropuertos o cámaras térmicas en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, el quinto más grande de Europa.
Además, el pasado 17 de junio Díaz Ayuso trasladó esta petición por carta expresamente a Sánchez, quien le contestó el 20 de junio transmitiendo un mensaje de tranquilidad pues, en su opinión, en el aeropuerto de Barajas ya se estaban tomando medidas y no consideraba necesario realizar PCR en origen para países con alta incidencia.
El pasado 16 de octubre también escribió una misiva a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar mayores controles y una normativa común contra el COVID-19 en todos los aeropuertos del espacio aéreo europeo, una petición que reiteró en la última conferencia de presidentes donde Von der Leyen participó de forma excepcional.
Además de la presidenta, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho hincapié en esta medida y así se lo ha ido trasladando en las distintas reuniones con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en los encuentros del Consejo Interterritorial.
Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han detectado desde el pasado mes de mayo un total de 192 casos importados con sintomatología, destacando un incremento sustancial en el mes de julio, cuando se recuperó una cierta normalidad en los vuelos, con la apertura del espacio aéreo. A estos se les suma entre 600 y 700 asintomáticos que la Consejería de Sanidad calcula que han podido entrar por Barajas.
Según los datos facilitados por AENA, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en septiembre el mayor número de pasajeros de la red con 985.077. En cuanto al número de operaciones, el aeropuerto que registró un mayor número de movimientos ese mes también fue el madrileño con un total de 12.412
Recurso mcontra la medida del Ministerio en los aeropuertos
Al margen de todas las peticiones que se han trasladado en el último medio año, la Comunidad de Madrid también presentó un recurso de alzada contra la Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, del Ministerio de Sanidad relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
En su apartado primero establecía que todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima deberán someterse a un control sanitario antes de su entrada en el país. Dichos controles podrán incluir la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero. Para la Comunidad de Madrid, estas medidas seguían siendo insuficientes e insistía en la necesidad de hacer pruebas en los países de origen.
