La creación se realizará mediante un Decreto qué incluirá la Gran Cruz y las Medallas a Víctimas de esta violencia.
Reconocerá a fallecidos, heridos y asociaciones que luchan contra esta lacra y defienden la Democracia.
El Ejecutivo se fija los dos próximos años para avanzar en el expediente digital y eliminar el papel en la Justicia.
Anuncia el relanzamiento del proyecto de creación de un departamento de ciberseguridad integrado en la ASEM112.
17 de junio de 2021.- La presidenta en funciones y candidata a la investidura de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en la Asamblea de Madrid la creación mediante un Decreto de distinciones honoríficas para preservar la memoria y el sacrificio de las víctimas y heridos provocados por la violencia terrorista. Asimismo, se quiere reconocer el trabajo de asociaciones y personas que trabajen en lucha contra esta lacra y defiendan los valores democráticos.
En concreto, la Comunidad de Madrid tiene previsto crear la Gran Cruz Víctima del Terrorismo como máxima distinción del Ejecutivo regional en reconocimiento al sacrificio de personas que hayan perdido la vida en atentados de esta índole.
Además, se establecerá la Medalla a Víctimas del Terrorismo, distinción destinada a personas heridas o lesionadas sin resultado de muerte y a aquellas víctimas que hayan establecido su residencia en la región como consecuencia de las amenazas y coacciones recibidas por organizaciones terroristas.
La Comunidad de Madrid también instituirá la Placa contra el terrorismo, un reconocimiento del trabajo desarrollado por asociaciones o personas en la difusión de la memoria de las víctimas, en la educación en los valores democráticos y en la lucha contra esta violencia. Con la creación de estas distinciones se da cumplimiento al artículo 24 de la Ley de Victimas de la Comunidad de Madrid, que desde su aprobación en el año 2018 ha destinado ya casi 40 millones de euros en indemnizaciones a cerca de 900 víctimas del terrorismo.
Modernización de la Justicia
Asimismo, y en materia de Justicia, Díaz Ayuso se ha comprometido durante su intervención en la cámara legislativa autonómica a seguir impulsando en los próximos dos años el expediente judicial electrónico y la eliminación del papel en la administración de Justicia en toda la región.
Para ello, se continuará invirtiendo en todas las herramientas electrónicas e informáticas que permitan una mejor comunicación entre los profesionales y los órganos judiciales y fiscales, así como entre los ciudadanos y el resto de administraciones. En este sentido, el Gobierno regional mantendrá las inversiones en la mejora de las comunicaciones, software, reparto de ordenadores, digitalización documental y la implantación de las vistas judiciales telemáticas y la firma electrónica.
Durante 2020 se ha incrementado hasta en 10 puntos el número de asuntos registrados telemáticamente en los órganos judiciales -llegando a suponer el 46% del total-, mientras que los documentos firmados electrónicamente por parte de jueces y magistrados casi se ha cuadriplicado, hasta alcanzar los 4,2 millones.
Garantía de seguridad
Asimismo, durante su intervención Díaz Ayuso ha asegurado que se va seguir modernizando las sedes judiciales a través del Plan 21×21 y del desarrollo de la Ciudad de la Justicia en la capital, proyectos con los que el Ejecutivo regional pretende facilitar el acceso de los ciudadanos a una administración de Justicia cada vez de mayor calidad.
También ha avanzado el proyecto de creación de un departamento de ciberseguridad en la Comunidad de Madrid. En concreto, el Ejecutivo regional pretende establecer un Departamento de Seguridad de la Información y Ciberseguridad que, trabajando en coordinación con Madrid Digital y el Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se integre en la estructura de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), con el objetivo de combatir cualquier amenaza y ciberataque.
Se trata, por tanto, de mejorar el sistema de ciberseguridad de la Comunidad de Madrid y sus ayuntamientos, garantizando el funcionamiento de los servicios esenciales y la integridad de las infraestructuras críticas, lo que incluyen la gestión digital de los hospitales, del transporte y la red de energía.
