El Consejo de Gobierno aprueba la medida en defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y la división de poderes.
“Frente al escándalo de la amnistía, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y, por eso, actuamos con la Constitución en la mano”, ha señalado la presidenta.
El Ejecutivo madrileño considera que no se puede admitir su contenido porque crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma.
Afecta a los pilares básicos en los que se asienta la Carta Magna y ampara conductas contrarias a Derecho.
Su articulado supone una ruptura con la separación de poderes porque con la norma el Legislativo invade funciones del Judicial.
La Abogacía General ha emitido un informe que avala la decisión que ha aprobado el Gobierno regional 24 horas después de la entrada en vigor tras publicarse en el BOE.
12 de junio 2024.- La Comunidad de Madrid recurrirá la Ley de Amnistía en su totalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y la división de poderes. Así lo ha señalado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy, con carácter extraordinario, en Torrejón de Ardoz, donde se ha referido a la norma como “la más corrupta de la democracia”. “Es una infamia”, ha añadido.
El Consejo de Gobierno ha acordado la interposición del recurso ante el TC tras su entrada en vigor ayer con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ya hace unas semanas solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos han emitido un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.
Para la presidenta, la amnistía supone “una violación de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la Constitución, el de la seguridad jurídica, el de la separación de poderes y también el de igualdad de todos los españoles ante la ley”. Se trata de una norma “redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática” y que, por supuesto, “no finaliza nada, sino que le abre la puerta a todo lo que viene a continuación”.
El Presidente de Gobierno, responsable
Según Díaz Ayuso, de todo esto “es responsable directamente el presidente del Gobierno porque el siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles, la ruptura de la convivencia otra vez y a peor”. “Sobre todo, pretende llevar a votar lo que es totalmente ilegal votar, es decir, una trampa tras otra, una mentira tras otra”, ha destacado.
Díaz Ayuso ha continuado señalando que “la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho, que hace difícilmente reparable tanto daño al buen nombre de España dentro y fuera”. “Deja débil a España, la deja bajo sospecha y también la deja inerme ante los que quieren destruir a la nación”, ha considerado la jefa del Ejecutivo.
En la misma línea, ha denunciado que quedan “desamparados” los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Deja prevaricadores a nuestros funcionarios, a nuestros diputados, senadores, cuestionando al Rey y todo sobre una inmensa mentira. Frente al escándalo de la amnistía, la Comunidad de Madrid no va a quedarse de brazos cruzados y, por eso, actuamos con la Constitución en la mano”, ha remarcado.
En su argumentación, la Abogacía del Gobierno regional denuncia que la Ley de Amnistía afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Carta Magna. Defiende que nuestro Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales.
La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución.
El Legislativo invade funciones del Judicial
Además, considera que supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
El Gobierno central ha sacado adelante la Ley de Amnistía sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.
Fotos: Comunidad de Madrid
