La consideración de la sedación como un “derecho” al margen de la buena práctica médica o contra ella y la inclusión de la objeción de conciencia en la norma promovida por Ciudadanos demuestran -según la plataforma que defiende el derecho a la vida- que el “texto aprobado incluye prácticas eutanásicas con las que muchos profesionales no están de acuerdo”.
«Esta ley es un paso en el camino al derecho a matar, abre paso a la despenalización de acciones contra la vida humana, de matar al final de la vida, a provocar deliberadamente la muerte del paciente en manos del médico, el provocar la muerte a otro, es decir, al homicidio, al homicidio asistido por el hecho de estar enfermo», asegura desde Derecho a Vivir su portavoz Gádor Joya.
El Congreso -con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y parte del Grupo Mixto- aprobó la llamada ‘ley de muerte digna’, que abre paso a la eutanasia en España, denuncia la plataforma Derecho a Vivir.
«Hablando de ‘muerte digna’ en vez de ‘cuidados paliativos’ se está intentando dirigir al ciudadano hacia el debate de la eutanasia», explica la portavoz de Derecho a Vivir, doctora Gádor Joya, plataforma que aplaude que España se legislen y se doten económicamente los cuidados paliativos, es decir, la mejora de la atención al final de la vida.
La consideración de la sedación como un “derecho” al margen de la buena práctica médica y la inclusión de la objeción de conciencia en la norma promovida por Ciudadanos demuestran -según la plataforma- que el “texto aprobado incluye prácticas eutanásicas con las que muchos profesionales no están de acuerdo”.
Pero, una vez aprobada la ley de ‘muerte digna’, «es el momento de debatir y trabajar» la de eutanasia, según han anunciado fuentes de C’s. «Esta ley ha flirteado por su concurrencia con la del PSOE que pretende despenalizar la eutanasia», detalla la portavoz.
«Esta ley es un paso en el camino al derecho a matar, abre paso a la despenalización de acciones contra la vida humana y a provocar deliberadamente la muerte del paciente en manos del médico a petición de un familiar”, sostiene Joya.
Derecho a Vivir pide que no se legisle por casos extremos y por cuestiones de autonomía personal con leyes que enfrentan el deseo de la persona con el ineludible deber del Estado a la protección de la vida.
“No dejemos la vida humana a merced del número de votos en el Congreso. El derecho a la vida no se puede votar en un Parlamento. No se escuden, señores diputados, en que hay consenso social”, asevera la portavoz de Derecho a Vivir.
“La vida humana desde la concepción hasta la muerte no puede calificarse de indigna en determinadas circunstancias. El ser humano posee una dignidad intrínseca por sí mismo cuando nace, mientras vive y cuando está enfermo y/o muriendo. El político, las leyes y el estado deben tutelar la vida, esto no puede relegarse a la moral. Este derecho fundamental a la vida no puede ser conculcado, especialmente ante la vulnerabilidad de la enfermedad”, afirma la doctora Joya.
En este sentido, hace hincapié en que no se puede confundir el deseo individual de morir bien con la supresión intencionada, por eutanasia, de la vida. “Sigamos en la línea de dotar a los cuidados paliativos económicamente para evitar el homicidio de los enfermos en España. La eutanasia legalizada es una derrota social, política y médica ante el enfermo”, recalca.
Además, constata Derecho a Vivir, la eutanasia es anticonstitucional porque el derecho a morir no está regulado en la Carta Magna. “La autonomía personal no es una cuestión individual, la libertad no es para uno mismo sino para uno con los demás”, explica la doctora Joya.
En concreto, la práctica de la eutanasia en Países Bajos ha demostrado, según Derecho a Vivir, que se producen miles de muertes anuales por eutanasia sin consentimiento. “Se habla de control absoluto del acto eutanásico ante su despenalización pero la evidencia es muy distinta, pues el médico, si se despenaliza la eutanasia, tendrá impunidad para matar sin que nadie se entere”, concluye la portavoz de Derecho a Vivir.