Madrid, 1 de octubre de 2020.- El pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley 31/2020 por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, en el que se especifica un deseo largamente perseguido por la ministra Celaá de forma que el número de asignaturas suspensas no será tenido en cuenta para superar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. Textualmente dice que «la decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa, de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar» en Secundaria y Bachillerato. En definitiva, rebajar el nivel educativo de los alumnos aprovechando la situación de pandemia que atravesamos.
El presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha manifestado su absoluto desacuerdo con esta norma, máxime cuando se indica que las Comunidades Autónomas serán las que puedan autorizar este curso 2020-21 la modificación de «los criterios de evaluación» previstos para cada curso y, en su caso, para cada materia. “Esto significa –dice-que se ahondará también en las diferencias entre Comunidades y que el Ministerio vuelve a lanzar la pelota a las Autonomías para no establecer criterios claros, lavándose de nuevo las manos, como ya lo hizo con las normas a aplicar para comenzar el curso de la pandemia”.
Más aún, el real Decreto señala que la repetición se considerará una medida de carácter excepcional, «sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la ESO y en el Bachillerato«. Caballero señala que “continuamos con la línea socialista del aprobado general y que no se valore ni el mérito ni el esfuerzo de los escolares”.
“Para las familias -indica- es un jarro de agua fría pensar que da lo mismo lo que se haga porque van a aprobar igualmente, en base a lo que se denominan ‘objetivos y competencias’”. El Real Decreto dice expresamente que serán los equipos docentes quienes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título para el de graduado en ESO basándose en la adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias; y en el de Bachiller, en la evolución del alumno en el conjunto de las materias, y su madurez académica en relación con los objetivos y las competencias.
Caballero hace ver de nuevo el cinismo de la ministra en este proceso, al no valorar la cultura del esfuerzo y del trabajo y solicita la dimisión inmediata de la ministra, que además ha ocultado al Consejo Escolar y a sus representantes la nueva norma que permitirá obtener titulaciones con suspensos.
CONCAPA señala, una vez más, que la ministra va por libre y con este Real decreto sigue la pauta de la llamada Ley Celaá, una ley que no beneficia a nadie, que se ha gestado sin el más mínimo diálogo ni consenso, en la que las familias no han tenido ni voz ni voto y en la que los parámetros son: “más dinero y menos esfuerzo”, aunque todos los informes hayan señalado que más inversión no significa una mejora educativa y menos exigencia no significa un mayor éxito para el alumno.
Imagen: Pedro José Caballero
Presidente de Concapa