Se han roto consensos políticos básicos en España y «el miedo se está convirtiendo en una cultura hegemónica», advierte el VIII Informe Foessa. La pregunta que se hace la fundación de Cáritas es cómo «revertir la senda de desconfianza y aislamiento» que aleja a unos grupos sociales de otros y los hace mirarse con sospecha.
El VIII Informe Foessa supone el punto final a una especie de «trilogía» sobre la caída y superación de la crisis. El VI Informe retrató en 2008 una España eufórica, un país de nuevos ricos que no quería ver que un 16 % de su población vivía en situación de exclusión social. Aquel optimismo se esfumó en el análisis presentado en 2014, una fotografía de los peores años de la recesión. Ahora el VIII Informe, hecho público la pasada semana, muestra «la resaca de la crisis».
Podría parecer, a la vista de algunos indicadores, que los problemas han quedado atrás, pero «no es cierta la imagen de que volvemos a la casilla de salida», advirtió en la presentación del estudio el coordinador de la Fundación Foessa, Raúl Flores. «No estamos otra vez como antes la de crisis, como si aquí no hubiera pasado nada. Hay heridas que no se han curado».
La exclusión social se ha enquistado (8,5 millones de personas, 1,2 millones más que en 2007) y «la precariedad laboral se ha convertido en una forma de vida» para muchas personas. Lo más novedoso de este VIII Informe es, sin embargo, su diagnóstico sobre las consecuencias culturales, sociológicas y políticas que ha dejado la crisis en España.
El think tank de Cáritas advierte de que ha dejado de funcionar «el ascensor social» (el estatus socioeconómico de los padres condiciona de manera creciente el destino de los hijos) y de que un sector creciente de la población ha perdido la esperanza en que los poderes públicos puedan resolver sus problemas. «Corremos el riesgo de que la democracia se vacíe de contenido ético y redistributivo, reduciéndose a un mero expediente político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias».
Hartos de pagar impuestos
Con los recortes sociales y las últimas reformas laborales se han roto consensos básicos en España, como el equilibrio entre capital y trabajo, el pacto intergeneracional (sistema de pensiones) y, sobre todo, el «pacto fiscal redistributivo». Las clases medias y altas se han cansado de pagar impuestos en un país que cuenta ya de por sí con uno de los sistemas fiscales menos progresivos del continente. Han comprado, dice el informe, «las tesis populistas de derechas en cuanto a la defensa de una fiscalidad mínima, con su correlato de oposición al universalismo de las políticas sociales».
Estas clases acomodadas, en torno al 50 % de la población, son las más activas políticamente. También las más moderadas. Viven en barrios donde la participación electoral ronda el 75 %, lo contrario que se constata en suburbios «donde el 75 % de los habitantes no votan». Expulsados por otros del mercado laboral y de la vivienda, ahora son ellos mismos los que se excluyen de la política, «y por tanto se reducen los incentivos para que los partidos políticos recojan sus intereses en sus programas y sus políticas».
Los caladeros de la ultraderecha
Situada entre esa población excluida y la que ocupa los estratos más altos de la pirámide social, se encuentra lo que Foessa llama «la sociedad insegura». Son unos seis millones de personas. Viven con miedo (no infundado) a ser arrastrados por la próxima crisis. Ellos son el principal caladero de los movimientos populistas de extrema derecha, primos hermanos –según el informe– de quienes jalean a Donald Trump en EE. UU., votan brexit en el Reino Unido o promulgan el independentismo en Escocia y Cataluña.
Son «los nuevos indignados», que a diferencia de los que protagonizaron el 15M, no creen en utopías políticas. Más bien, sienten que todo cambio será a peor, de modo que buscan refugio en determinados valores tradicionales, agrupados por Cáritas en la triada «Fe, honor e impuestos».
La Iglesia se ve particularmente afectada por el surgimiento de nuevos movimientos que se identifican con el catolicismo pero que, a su vez, propugnan un modelo político muy alejado de la doctrina social. La pobreza, por ejemplo, se considera como una «consecuencia» de las «fallas actitudinales o morales de quienes la sufren», en especial si se trata de migrantes.
Desde esta cosmovisión, dice Foessa, «el mundo se llena de enemigos que solo aspiran a privarnos de lo nuestro». Hasta la fecha, España sigue siendo uno de los países europeos más acogedores con el extranjero. No obstante, «el hecho de que determinados movimientos populistas de la derecha radical y su círculo mediático puedan llegar a imponer en la agenda política sus temas y, sobre todo, su manera de presentarlos (la nación supuestamente amenazada, la diversidad como debilitadora de la cohesión, el rechazo del pluralismo, la inmigración como invasión…)», hace que «en un futuro cercano» peligre «la excepción española». «Resulta triste –añade el informe– que el miedo se está convirtiendo en una cultura hegemónica», capaz de determinar «la orientación de toda la sociedad».
Comprender a «los nuevos indignados»
Cáritas pide evitar anatemas. «Debemos hacer lo posible por entender (lo que no significa compartir) los temores que tantas personas expresan en relación a la inmigración y la diversidad, superando ese muro de la empatía que nos impide conectar con ella y nos lleva a condenarlas».
Una de las causas que destacan diversos autores, constata el informe, es el distanciamiento de los partidos progresistas, que han dejado de lado las cuestiones sociales tradicionales para dar «un énfasis excesivo» a temáticas como «el feminismo, derechos LGTBI, multiculturalismo…». Los nuevos indignados sienten que «el progresismo pretende, mediante el favor al rico y el asistencialismo al pobre, expulsarlos del sistema».
Otro factor es la «inseguridad ontológica» que les provocan las migraciones y otras transformaciones sociales, generándoles una sensación de «pérdida del hogar» («Esta ya no es mi calle, mi ciudad..»). A lo que se añaden miedos «más fundados y razonables», como la amenaza de automatización de buena parte de los actuales puestos de trabajo.
Cómo crear comunidad
Son ese tipo de debates los que Cáritas cree necesario abrir. En el pasado, recuerda el informe, los cambios tecnológicos provocaron a largo plazo efectos beneficiosos, con «una combinación de aumento de la producción y reducción de la jornada laboral». Claro que no estos no son efectos garantizados, sino que requieren la intervención estatal.
La gran apuesta, sin embargo, es la creación de «un nuevo espacio de responsabilidades compartidas», en el que administraciones, empresas y organizaciones sociales se comprometan juntas por «una sociedad mejor». Foessa alude a diversas experiencias de economía social, «donde se ubican la mayoría de las innovaciones o de buenas prácticas aparecidas recientemente», poco conocidas por la opinión pública debido a su dimensión generalmente muy local. «Se trata de propuestas que no buscan sustituir lo público por lo común, sino por el fortalecimiento de la justicia social a través de una combinación de lo público con la práctica comunitaria, dotando a los ciudadanos de una mayor capacidad para participar en la vida política».
Así, «de abajo a arriba», el informe cree posible «revertir la senda de desconfianza y aislamiento que las estructuras están promoviendo», y «revincular» a quienes ya no se sienten parte de grandes proyectos colectivos. La pregunta es: «¿Cómo conseguir que las personas, inmersas en un mundo que promueve el individualismo, decidan convertirse en una comunidad?». Frente a esta «sociedad desvinculada», hace falta, dice Foessa, «liderazgo social» para, a través de «una pedagogía de la fraternidad», «generar movilización ciudadana».
Ricardo Benjumea
Imagen: Presentación del VIII Informe Foessa.
De izquierda a derecha, Raúl Flores (secretario técnico de la Fundación Foessa), Natalia Peiró (secretaria general de Cáritas Española),
Guillermo Fernández (coordinador del VIII Informe Foessa)
y Ángel Arriví (comunicación de Cáritas).
(Foto: Inmaculada Cubillo/Cáritas Española)
