A mediados de año fructificó por primera vez en democracia una moción de censura que entregó el Gobierno al PSOE a pesar de su fragilidad parlamentaria. Pedro Sánchez llegó con nuevas amenazas a la Iglesia: inmatriculaciones, fiscalidad, clase de Religión…
El 2018 en España está marcado para por la moción de censura –la primera que fructifica en la historia democrática de España– contra el Gobierno de Mariano Rajoy y que aupó a la presidencia a Pedro Sánchez apoyado por Podemos, los nacionalistas e incluso Bildu. Un Gobierno cuyos nombres ilusionaron a la población española pero que pronto empezó a caer en algunos errores. En la relación con la Iglesia católica, el Ejecutivo intentó desde el principio conjugar –la mayor parte de veces con poco éxito– un discurso laicista beligerante presente en una parte de su electorado –y sobre todo en sus socios parlamentarios– con una práctica mucho más guiada por el sentido común y la búsqueda del entendimiento con un actor de primera importancia en la sociedad española.
Pronto comenzaron las tensiones a cuenta de la reforma educativa del Gobierno, que quiere que la asignatura de Religión no compute ni sea evaluable; la fiscalidad de la Iglesia –la misma que se aplica a las organizaciones sin ánimo de lucro– o las inmatriculaciones –el Ministerio de Justicia está preparando un listado–. No sentó nada bien en el episcopado que la vicepresidenta Calvo airease en un rueda de prensa su reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, –la propia Santa Sede desmintió unas afirmaciones de la vicepresidenta sobre Franco– y que anunciase determinadas medidas sin siquiera informar ni convocar a la otra parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE). De hecho, más allá de la reunión que mantuvieron en julio Pedro Sánchez y el cardenal Blázquez en Moncloa, los contactos entre Gobierno e Iglesia se limitaron a la reunión que el pasado 3 de diciembre tuvo la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con el secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.
La sensación en la Iglesia es de desconcierto, pues el Ejecutivo dice una cosa en las reuniones de trabajo y luego realiza anuncios sorprendentes a través de medios de comunicación o en intervenciones públicas de los ministros. La Iglesia, por el contrario, se mantiene prudente y no ve conveniente entrar en confrontación directa.
Reacción ante los abusos
El 2018 también deja en nuestro país una reacción decidida de la Iglesia ante los casos de abusos después de alguna sentencia y que algún medio de comunicación nacional, fundamentalmente El País, publicase una serie de testimonios de víctimas. La Conferencia Episcopal Española creó una comisión de trabajo, mientras que CONFER ha programado una serie de encuentros para dar una respuesta conjunta a esta problemática. Incluso algunas entidades de Iglesia han colaborado en la elaboración de futuras legislaciones para la protección de la infancia. El compromiso de la Iglesia es, en este sentido, irreversible.
Fran Otero
Imagen: Foto de familia del Gobierno de Pedro Sanchez,
pocos días después de ser elegido presidente del Gobierno.
(Foto: EFE/Chema Moya)
Nombres propios
Son muchos los nombres que nos ha dejado en la memoria este 2018. Nombres de nuevos obispos, de laicos, algunas mujeres, que adquieren responsabilidades en las curias diocesanas, jóvenes que participan con su voz en el anuncio de la Buena Noticia y también migrantes –se han cumplido 30 años del primer migrante fallecido en nuestras costas– cuyos nombres no conocimos y murieron al intentar llegar a nuestro país. Todos son importantes, pero destacamos a dos. Anastasio Gil, alma de las Obras Misionales Pontificias en nuestro país, que este año falleció tras una intensa lucha contra la enfermedad. «Ha sido un maestro en lo profesional y en lo humano. Era muy exigente y quería que la gente trabajara, pero no le importaba tanto el éxito como el esfuerzo en el trabajo. Era consciente de que los frutos y los éxitos son de Dios, y de que se puede aprender también de los fracasos y de la pequeñez», le recordaba Dora Rivas, del Departamento de Prensa de OMP, en estas páginas. El otro nombre es del de Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, que el pasado mes de noviembre fue elegido nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En una de sus primeras entrevistas, en Alfa y Omega, abordó todos los temas e incluso se mostró abierto a hablar de una hipotética reforma de los Acuerdos Iglesia-Estado. Eso sí, dijo que primero hay que cumplirlos.
