La Comunidad reduce un 10% el parque móvil de sus consejerías.
Impulso a la contratación de seguros agrarios para ayudar a agricultores y ganadores.
Casi 9 millones destinados para la realización de pruebas test PCR y detección de anticuerpos frente al COVID-19
Tramitación de un nuevo decreto para mejorar la calidad asistencial y seguridad del paciente.
Adquisición de 340.000 dosis de vacunas frente al neumococo.
Se amplía en 17,3 millones el crédito para las ayudas al alquiler por el COVID-19.
La Comunidad reduce un 10% el parque móvil de sus consejerías
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de vehículos en modalidad de renting por 48 meses.
El 50% de la nueva flota será eco y permitirá la reducción de entre un 20 y 40% de emisiones de CO2.
La disminución del número de vehículos supondrá un ahorro del 16% con respecto al contrato anterior.
Los vehículos están destinados a la prestación de servicios esenciales como la supervisión y mantenimiento de carreteras, inspecciones medioambientales o el desarrollo de las funciones de los agentes forestales.
Más de la mitad de estos coches serán híbridos, con el consiguiente ahorro de combustible y de impacto ambiental.
8 de julio de 2020.- La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy destinar 6.671,520 euros al nuevo contrato de renting de 228 vehículos para la Administración, lo que supondrá reducir la flota en un 10% y un coste un 16,17% inferior con respecto a la última licitación, que incluyó 253 vehículos. Además, más de la mitad de estos coches, concretamente 126, serán híbridos, lo que permitirá la reducción de entre un 20 y un 40% de emisiones de CO2 a la atmósfera.
En total, se adquirirán 85 vehículos ligeros híbridos, 41 vehículos de servicio híbridos, 38 todoterrenos, 26 SUV o todocamino, 18 vehículos todoterreno especializados con transformación, 14 furgonetas y seis monovolúmenes. Para la licitación se han tomado como referencia precios de mercado, así como los fijados en expedientes anteriores. De esta forma, el precio medio mensual abarca desde los 300 euros de los ligeros híbridos hasta 1.193 euros de los todoterrenos.
Estos vehículos están destinados a la prestación de servicios esenciales como el desarrollo de las labores del Cuerpo de Agentes Forestales, la conservación de carreteras, la realización de inspecciones ambientales, la supervisión de espacios verdes o el traslado de menores a residencias infantiles, entre otros usos.
También se incluyen en el contrato los vehículos destinados al traslado de técnicos y representantes de la Comunidad, que reducen su flota en 22 coches, y que se utilizan para realizar visitas e inspecciones a centros y recursos del Gobierno regional repartidos por toda la geografía madrileña o para asisitir a reuniones de trabajo, realizar el reparto interno de correo o el traslado de enseres, entre otros servicios.
Con el objetivo de garantizar el máximo rendimiento de estos vehículos, que hacen una media de 1.500 kilómetros al mes, se ha determinado el “uso compartido” de estos coches por parte de directores generales y técnicos, es decir, que puedan hacer uso de un mismo vehículo para sus desplazamientos, aprovechando todo su horario de disponibilidad, en vez de contar con vehículos asignados a un único usuario, que era lo habitual hasta fechas recientes.
El compromiso del Gobierno regional con el medioambiente en este contrato queda también patente en una de las condiciones especiales que ha de cumplir el adjudicatario, y que tiene que ver con la obligación de que los talleres en los que se realice el mantenimiento de los vehículos deberán tener implantado un sistema de gestión medioambiental que ha de contar con su correspondiente acreditación certificada.
La Comunidad de Madrid apuesta por un modelo basado en la economía circular y donde se hace necesaria una transición energética inteligente que ayude a instaurar un modelo de movilidad aunando la eficiencia y la libertad en la implantación de energías más limpias, en línea con sus compromisos europeos en materia medioambiental.
Impulso a la contratación de seguros agrarios para ayudar a agricultores y ganadores
El Consejo de Gobierno ha aprobado 850.000 euros para financiar los correspondientes a la convocatoria de 2020.
Cubrirán pérdidas económicas ocasionadas por sucesos de carácter ambiental.
El Gobierno regional impulsa el desarrollo económico de las comarcas rurales y la creación de empleo.
8 de julio de 2020.- La Comunidad de Madrid destinará 850.000 euros para financiar la convocatoria 2020 de las ayudas dirigidas a fomentar la contratación de seguros agrarios en la región. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy esta línea de subvención donde se fijan los aspectos más importantes como las producciones asegurables, sus riesgos, el calendario de inicio de suscripción y los criterios para aplicar la ayuda a los asegurados.
Están dirigidas a agricultores y ganaderos que hayan suscrito exclusivamente sus pólizas con las entidades aseguradoras incluidas en Agroseguros o a través de los agentes de seguros autorizados. La finalidad es poner a disposición del sector agrario una gestión de sus riesgos, incentivando la contratación de pólizas que ofrecen mayores coberturas y, por tanto, garantizar en mayor medida la viabilidad de las explotaciones ante los posibles riesgos ambientales.
De esta manera, agricultores y ganaderos estarán más protegidos ante situaciones desfavorables, ya sea por pérdidas económicas ocasionadas por sucesos de carácter ambiental de distinta naturaleza o por cualquier otro riesgo incluido en el Plan Nacional de Seguros Agrarios, ajeno a la actividad económica de la explotación.
Los beneficiarios serán los titulares de explotaciones agrarias cuyas parcelas o cabeza de ganado estén dentro del territorio de la Comunidad de Madrid. En este sentido, las producciones agrícolas y forestales contarán con una ayuda de un 30% del coste de su póliza si su explotación es olivarera; del 25% si la producción es de uva de vinificación; y del 20% si se trata de cultivos de hortalizas de otoño-inviernos al aire libre, cultivos herbáceos extensivos y cultivos forrajeros.
En el caso de las producciones ganaderas la subvención será del 30% para aquellas explotaciones de vacuno y reproducción, de ganado vacuno de cebo, de vacuno de lidia, de ganado ovino y caprino, aviar de puesta, así como para la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. La ayuda será del 20% para la compensación ante la pérdida de pastos.
Preservación del medio ambiente
Las ayudas que concede la Comunidad de Madrid desde 1990, en colaboración la Administración General del Estado, tienen como finalidad impulsar la contratación de los seguros agrarios, ya que esta depende la salvaguarda de las explotaciones agroganaderas.
En este contexto, el Ejecutivo establece también bonificaciones adicionales para preservar el medio ambiente al evitar la difusión de enfermedades o plagas, así como la erradicación de otras de alto riesgo sanitario como la brucelosis, la tuberculosis o la conocida como la enfermedad de las vacas locas, ya que los fondos destinados a determinadas líneas de seguro están enfocados a la retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones agrarias.
Esta ayuda aprobada hoy en Consejo de Gobierno viene a sumarse a otras puestas en marcha por el Ejecutivo regional encaminadas a liberalizar el sector agroganadero, como el Plan Terra, presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de febrero, y que incluye 50 medidas que flexibilizarán la normativa y apuesta por los usos tradicionales del medio rural.
En este sentido, se creará un centro para la comercialización y distribución de frutas y verduras de proximidad en circuito corto de venta, un vínculo directo entre el agricultor y el consumidor, y un servicio de asesoramiento para proyectos de emprendimientos agroganaderos. Asimismo, se facilitará el relevo generacional en el campo.
En la Comunidad de Madrid hay 7.800 agricultores y 4.900 ganaderos, lo que supone que cerca de 13.000 personas se dedican profesionalmente a la actividad agrícola y ganadera en nuestra región. Asimismo, existen alrededor de 8.000 explotaciones agrarias y 4.800 ganaderas.
Casi 9 millones destinados para la realización de pruebas test PCR y detección de anticuerpos frente al COVID-19
Los contratos han sido tramitados con carácter de emergencia para dar servicio al SUMMA-112, Atención Primaria y Hospitalaria.
El Gobierno regional también aprueba casi 7 millones en material sanitario utilizado en el Hospital temporal de IFEMA, en el Puerta de Hierro Majadahonda y en La Princesa.
8 de julio de 2020.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado hoy de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, de la contratación de pruebas y test para los centros de Atención Primaria, SUMMA-112 y centros hospitalarios para la detección del COVID-19 y pruebas serológicas de detección de anticuerpos.
Así, el Gobierno regional ha destinado entre los meses de mayo y junio una partida de 2.418.000 euros para la realización de pruebas test RT-PCR para la detección del COVID-19 en los pacientes de Atención Primaria y SUMMA-112.
Además de las pruebas para la detección del virus Sars Cov-2, las resoluciones adoptadas por carácter de urgencia incluyen la realización de pruebas serológicas de detección de anticuerpos Elisa/Clia para los centros de Atención Primaria por importe de 3.405.600 euros con un plazo estimado de tres meses.
En un tercer tipo de pruebas, y con una vigencia entre mayo y agosto de 2020, se destinarán 3.091.200 euros para la realización de pruebas moleculares de detección de virus Sars Cov-2 a través de PCR-TMA en el Laboratorio Central situado en el Hospital Infanta Sofía.
Más material sanitario
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de la tramitación con carácter de emergencia, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, de la contratación de distinto material sanitario por un importe de 6.775.066,64 euros.
En lo que se refiere al Hospital temporal instalado en IFEMA, la Consejería de Sanidad ha destinado un total de 3.744.779,66 euros para la contratación material sanitario y Equipos de Protección Individual (EPIs), mientras que para el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, el Ejecutivo autonómico ha aprobado un total de 2.074.639,71 euros para la contratación de diverso equipamiento, suministro de reactivos para diagnóstico del COVID-19 y material de protección individual, como batas, mascarillas, guantes, respiradores y monitores.
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha invertido en el Hospital Universitario de La Princesa un total de 955.647,27 euros para la contratación de distintos suministros de material como ventiladores, camas hospitalarias, monitores y respiradores.
A todos los contratos que está realizando la Administración regional para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.
Tramitación de un nuevo decreto para mejorar la calidad asistencial y seguridad del paciente
Se designará en cada centro un responsable de seguridad del paciente encargado de garantizar su cumplimiento.
Se establecerán elementos organizativos como la creación de un plan de seguridad que deberá ser evaluado y actualizado cada cinco años.
El Gobierno regional instaura una comisión de seguridad, con un mínimo de seis miembros, que realizará el seguimiento.
Los inspectores de la Consejería de Sanidad velarán por su cumplimiento.
8 de julio de 2020.- La Comunidad de Madrid avanza en los trámites para la aprobación de un nuevo decreto que va a mejorar la calidad y la seguridad del paciente en centros y servicios sanitarios, tanto públicos como privados, de la región. En concreto, el Consejo de Gobierno ha solicitado hoy el informe preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora sobre el nuevo texto normativo.
Los avances tecnológicos en el ámbito sanitario, que por un lado mejoran el pronóstico y tratamiento, también pueden aumentar la probabilidad de aparición de nuevos riesgos y daños al paciente, y dado que la seguridad del ciudadano es un principio fundamental de la asistencia sanitaria, procede regular la implantación de prácticas seguras que contiene este decreto.
Con este texto se establecerán elementos organizativos que, si bien ya estaban previstos en los centros y establecimientos sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, no estaban regulados y, por tanto, no eran de obligado cumplimiento.
Además, se hace también extensivo a los centros sanitarios del ámbito privado.
Estos elementos organizativos contarán con un plan de seguridad del paciente que deberá ser evaluado y actualizado cada cinco años y se creará la figura de un responsable de seguridad que es quien se asegurará de su cumplimiento del plan.
Además, se instaurará la comisión de seguridad, que estará presidida por el responsable de seguridad, contará con un mínimo de seis miembros e impulsará la implantación del plan de seguridad y realizará el seguimiento y evaluación del mismo. Finalmente, el personal inspector de la Consejería de Sanidad velará por su cumplimiento.
Colectivos y personas afectadas
Este proyecto afecta a todos los centros y servicios sanitarios, públicos o privados, cuya autorización de funcionamiento conlleve un régimen de ingreso de los pacientes o el desarrollo de actividades de cirugía mayor ambulatoria, actividades quirúrgicas o
procedimientos diagnósticos invasivos sin ingreso.
Asimismo, será de aplicación a los centros sin ingreso ubicados en la Comunidad de Madrid que cuenten con una plantilla de 90 ó más profesionales sanitarios.
Los centros que cuenten con menos de 90 profesionales sanitarios no estarán obligados a establecer el Plan de seguridad del paciente ni a constituir la Comisión de seguridad del paciente, si bien deberán establecer medidas que garanticen la identificación segura de pacientes y muestras, la prevención infecciones relacionadas con la atención sanitaria incluida la higiene de manos y la designación de un responsable de seguridad del paciente.
Adquisición de 340.000 dosis de vacunas frente al neumococo
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro por un importe de 14 millones de euros.
Esta vacuna está dirigida a la población infantil y a personas de 60 años.
8 de julio de 2020.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy la contratación del suministro de 340.000 dosis de la vacuna conjugada trecevalente frente al neumococo por un importe de 14.015.378 euros y para su administración durante el año 2021.
El Calendario de Vacunación de la Comunidad de Madrid contempla la administración de la vacuna frente al neumococo de 13 serotipos a población infantil, a grupos de riesgo de todas las edades, a las personas que cumplan 60 años y a personas mayores de esta edad que no han sido vacunadas previamente.
La vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos se administra a la población infantil con una pauta de tres dosis: a los dos, a los cuatro y a los 11 meses de edad, mientras que para las personas de 60 años se introdujo en el Calendario de Vacunación del Adulto en mayo de 2016, siendo Madrid la primera región en administrarla a esa edad.
La vacuna neumocócica previene de la bacteria del neumococo, que provoca como enfermedades más habituales neumonía, otitis y meningitis y distintas infecciones respiratorias. La incidencia de la infección es elevada en neonatos y niños menores de 2 años, disminuye en adolescentes y adultos jóvenes y aumenta de nuevo en adultos de mayor edad.
La vacunación es una actuación preventiva que se efectúa sobre la población sana susceptible de enfermar y sobre los grupos de riesgo, con la que se pretende interrumpir la transmisión de determinadas enfermedades.
En la Comunidad de Madrid, los programas de vacunación sistemática han tenido siempre un seguimiento muy destacado, como consecuencia de la confianza que tanto la población como los profesionales sanitarios tienen en las vacunas.
Se amplía en 17,3 millones el crédito para las ayudas al alquiler por el COVID-19
La anualidad 2020 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se destinará íntegramente a complementar las ayudas del Gobierno central.
De esta manera, el Gobierno regional eleva hasta 33,2 millones de euros esta línea de subvenciones.
El objetivo es contribuir a paliar la vulnerabilidad económica y social consecuencia de la pandemia por COVID-19.
Las ayudas pueden alcanzar los 900 mensuales durante un periodo de seis mensualidades.
8 de julio de 2020.- La Comunidad de Madrid va ampliar en 17.378.574 millones euros el crédito que inicialmente destinó el Gobierno central a ayudas para el pago del alquiler de vivienda habitual a quienes a consecuencia de la crisis por COVID-19 tienen problemas transitorios para atender ese gasto.
La Comunidad de Madrid recibió, en virtud de lo aprobado en el Real Decreto 11/2020, un total 15,9 millones de euros para este fin, una cuantía que el Gobierno regional calificó de insuficiente ya que apenas se podrán atender 3.000 solicitudes, cuando a día de hoy ya se han superado las 17.000 peticiones.
Así, y con el gasto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid eleva a 33,2 millones de euros la financiación que permitirá, al menos, duplicar el número de beneficiarios previstos inicialmente por el Gobierno central. El plazo de presentación de solicitudes, que comenzó el pasado 13 de mayo, expirará el próximo 30 de septiembre.
Beneficiarios de las ayudas
Las comunidades autónomas son responsables de establecer tanto los requisitos de acceso como el procedimiento de otorgamiento de las ayudas, siendo el Consejo de Gobierno el que acuerda la correspondiente autorización de gasto.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los afectados por el COVID-19, en situación de desempleo, cese de actividad, ERTE o pérdidas de ingresos, teniéndose en cuenta toda la unidad familiar e incluyendo a aquellas familias monoparentales.
La limitación de ingresos será con carácter general 3 veces IPREM, a los que se les sumará 0,10 puntos por cada hijo a cargo y 0,15 puntos más por cada hijo en unidad familiar monoparental. En el caso de residir con personas con discapacidad será hasta 4 veces IPREM, que se eleva a 5 veces IPREM en situaciones de personas con grandes discapacidades sensoriales.
Otros supuestos incluidos son que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, estas serán el equivalente al 100% de la renta arrendaticia, con un límite máximo de 900 euros por mensualidad, durante un periodo de 6 mensualidades y un máximo a percibir de 5.400 euros.
Se realizará en un pago único, con carácter anticipado, exonerando al beneficiario de la obligación de prestar aval o garantía. Estos deberán aportar los justificantes acreditativos de pago de la renta de alquiler o la declaración responsable firmada por el arrendador, en la que se indique que la ayuda se ha destinado al pago del arrendamiento de la vivienda; o bien un certificado de la entidad financiera acreditativo de la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas.
