El nuevo mecanismo, de carácter temporal, permitirá atender a víctimas cuyos casos no tuvieron recorrido judicial. El sistema se basa en el compromiso moral de la Iglesia y en la cooperación institucional con el Estado.
9 de enero 2026.- La Iglesia en España y el Gobierno han firmado este jueves 8 de enero de 2026 un acuerdo para articular un sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no hayan tenido -o no puedan tener- un recorrido judicial. El mecanismo se canalizará a través de la Oficina del Defensor del Pueblo y se desarrollará en colaboración con la Comisión del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (PRIVA), establecida por la Iglesia, según informó la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El acuerdo ha sido suscrito por el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Su objetivo es ofrecer una vía alternativa a aquellas personas que no deseen acudir directamente a los organismos eclesiales ya existentes, manteniendo la centralidad de las víctimas en todo el proceso.
Un sistema basado en el compromiso moral
De acuerdo con la CEE, el sistema no se fundamenta en una obligación jurídica, sino en el compromiso moral asumido por la Iglesia y en el consenso entre las partes implicadas. Tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por otro más, y estará destinado a causas prescritas o a situaciones en las que el victimario haya fallecido.
La Oficina del Defensor del Pueblo será la encargada de estudiar los casos presentados y de proponer un cauce de reparación. Estas propuestas serán evaluadas por la Comisión PRIVA, con criterios homogéneos de valoración. En caso de discrepancia, una comisión mixta analizará el caso y la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo, tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según corresponda.
Reparación integral y exención fiscal
Uno de los elementos destacados del acuerdo es el compromiso del Gobierno de abordar la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida social, como había solicitado la Iglesia. Además, se ha aceptado que las reparaciones económicas queden exentas de tributación, en particular del impuesto sobre la renta, según precisó la Conferencia Episcopal.
El sistema acordado contempla también la participación activa de las víctimas en el proceso y busca garantizar un marco técnico común entre las instituciones implicadas, con el fin de asegurar equidad y coherencia en las decisiones.
Un paso dentro de un proceso más amplio
Tras la firma, el presidente de la CEE, monseñor Luis Argüello, calificó el acuerdo como “un nuevo paso” dentro de un camino iniciado hace años por la Iglesia en España, que incluye la creación de 70 oficinas diocesanas de atención a las víctimas y el refuerzo de la formación y la prevención. Recordó además que la Comisión PRIVA (Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), creada en 2024, ha atendido ya a más de un centenar de víctimas y ha destinado cerca de dos millones de euros a procesos de reparación.
Desde la CONFER, su presidente, Jesús Díaz Sariego, subrayó que el sistema “está funcionando” y destacó que la Iglesia es la única institución en España que ha asumido la reparación de delitos ya prescritos, insistiendo en el carácter moral de este compromiso.
La Conferencia Episcopal señaló también que este trabajo ha recibido una valoración positiva por parte de la Santa Sede, y reiteró que, aun reconociendo el dolor que estas situaciones suponen para la Iglesia, el objetivo sigue siendo que “resplandezcan la verdad y la justicia” para las víctimas que no han podido acceder a la vía judicial.
SEBASTIÁN SANSÓN FERRARI
