El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas habló durante una sesión de la Asamblea General en Nueva York: la falta de una definición clara de género socavaría los esfuerzos «para prevenir y perseguir aquellos crímenes que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como la violación, la esclavitud sexual y la prostitución forzada».
Ciudad del Vaticano, 15 de octubre 2024.- El tema de los crímenes contra la humanidad fue objeto de la intervención del arzobispo Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, durante los trabajos de la sexta Comisión de la Asamblea General. Destacando que el derecho internacional reconoce desde hace tiempo los crímenes contra la humanidad como crímenes internacionales, el prelado expresó la necesidad de crear un «instrumento universal» destinado a facilitar la cooperación internacional para la prevención y sanción de aquellos actos que no respetan la dignidad humana.
No modificar las definiciones ya acordadas
También es necesario, según el representante del Vaticano, que la definición de estos actos esté profundamente arraigada en el derecho internacional consuetudinario. Por lo tanto, al definir estos crímenes, la Comisión «no debe apartarse de las normas consuetudinarias existentes». Añadir o modificar las definiciones ya acordadas de tales crímenes, contenidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), «no sólo obstaculizaría el consenso, sino que comprometería -señaló monseñor Caccia- la eficacia del nuevo instrumento». Por ello, el nuncio expresó su preocupación por la omisión de la definición de género del artículo 7 del Estatuto de la CPI en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional.
En peligro la prevención de crímenes contra mujeres
Ni la práctica de los Estados ni la opinio iuris apoyan, prosiguió sobre el punto, «una definición de género distinta de la que se encuentra en el Estatuto de Roma» y la «falta de una definición clara de género, enraizada en la realidad biológica de los dos sexos, comprometería», para monseñor Caccia, «nuestros esfuerzos para prevenir y perseguir aquellos crímenes que afectan desproporcionadamente a las mujeres, como la violación, la esclavitud sexual y la prostitución forzada». Del mismo modo», reiteró, “la Santa Sede no puede aceptar ningún cambio en la definición de embarazo forzado contenida en el artículo 7 del Estatuto de la CPI”.
Defender la dignidad de las víctimas
Para concluir su intervención, el representante vaticano afirmó que para prevenir y punir los crímenes contra la humanidad es necesario respetar la soberanía de los Estados, siguiendo el principio de complementariedad. Las nuevas convenciones deben basarse en los precedentes establecidos, garantizando que los Estados persigan los crímenes internamente y cooperen en la extradición y la asistencia a las víctimas. Además, dijo, «deben respetarse los principios de la justicia penal, como el derecho al debido proceso y la inmunidad de los funcionarios públicos extranjeros». Los Estados que han abolido la pena de muerte deberían tener el derecho de no extraditar a culpables potencialmente sujetos a ella’. Además, las personas «no deben ser deportadas a lugares donde corran el riesgo de sufrir crímenes contra la humanidad o tortura». El nuevo instrumento, concluyó el prelado, debe defender la dignidad de las víctimas, consagrando en la ley su derecho a recibir compensación y asistencia por el daño sufrido y a facilitar su reintegración en la sociedad, así como fomentar la colaboración internacional para garantizar ese apoyo, especialmente en lugares donde los recursos podrían ser limitados».
MARCO VALLETTA
