El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la adjudicación de este servicio a Cruz Roja por un plazo de dos años.
El Ejecutivo regional ofrece 60 plazas con pensión completa, a las que se añadirá un refuerzo de 50 adicionales en invierno y otras 20 en verano durante altas temperaturas.
Este dispositivo está dirigido a toda la población en situación de urgencia, incluyendo familias con menores y mayores de 65 años.
5 de junio 2024.- El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una inversión de 5 millones de euros en la contratación de un dispositivo de emergencia para atender a personas sin hogar. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ofrecerá este recurso con Cruz Roja a partir del próximo 1 de julio y con un plazo de ejecución de dos años.
Este nuevo servicio incluye 60 plazas en régimen de pensión completa, a las que se añadirá un refuerzo de 50 adicionales durante los meses de invierno y otras 20 en verano para atender durante los periodos de altas temperaturas. Además de un lugar de residencia incluye la cobertura de necesidades básicas de alimentación, aseo y manutención, para lo que se dispondrá de un equipo de profesionales de diversas áreas como mediación o trabajo social, bajo la supervisión de un coordinador.
Estas plazas están orientadas a aquellos ciudadanos o unidades familiares con o sin menores que se encuentran en desamparo por pérdida de hogar. También están destinadas a mayores de 65 años afectados por situaciones de abandono o desorientación, que en algunos casos pueden estar agravadas por limitaciones físicas o económicas. Igualmente, tienen capacidad para atender a personas con discapacidad, enfermedad mental crónica o a víctimas de algún tipo de violencia.
Asimismo, podrán beneficiarse de este recurso las mujeres en riesgo de exclusión por situaciones de malos tratos o falta de vivienda, así como población inmigrante en situación de extrema vulnerabilidad. La solicitud de acceso a estas plazas se puede hacer a través de los servicios municipales, o el SAMUR Social en el caso del Ayuntamiento de Madrid, los organismos públicos de emergencias de la Comunidad de Madrid (112, Policía, Bomberos, Protección Civil, etc), entidades de Acción Social, el propio interesado u otros particulares, para su posterior autorización por el Servicio de Emergencia Social regional.
