«Las víctimas son víctimas todas», reivindica la asociación Lulacris, que combate la forma más extendida pero invisibilizada de esta lacra: la que ocurre en el propio hogar.
6 de mayo 2024.- «Entre el 85 % y el 90 % de los casos de abusos sexuales suceden en el ámbito familiar. Parece que ocurren menos porque siguen invisibilizados, el tabú hace que no se hable y las familias callan por el qué dirán», cuenta a Alfa y Omega Laura Cuevas. Ella es la presidenta de Lulacris, una asociación fundada en la provincia de Cádiz en 2022 para la prevención de esta lacra y que imparte charlas en los colegios. Busca que los niños de hoy día cuenten con más herramientas de las que Cuevas disponía cuando tenía 6 años y alguien de su entorno se aprovechó de ella hasta que cumplió los 16. Ahora se define como una «superviviente».
La presidenta de Lulacris, quien comenzó a compartir su testimonio hace tres años tras un silencio de 45 —y que publicó en 2022 Sin filtro, libro donde cuenta su experiencia— explica que «cuando cuento lo que me sucedió, lo saco de mí». Al dar charlas a los niños «me quito una mochila muy pesada» y, sobre todo, «ayudo a que ninguno pase por lo que pasé yo, que no tuve a ningún sitio al que agarrarme». Considera fundamental acudir a los centros educativos para abrir una ventana de la que quizá algunos niños no dispongan en casa «por la culpabilidad que te crea el agresor».
Cuevas considera «un paso muy importante» el plan propuesto por el Consejo de Ministros para reparar e indemnizar a quienes han sufrido abusos en la Iglesia. «Pero sí es cierto que tiene más peso el nivel eclesiástico y nos parece mal porque consideramos que las víctimas son víctimas todas, se sufre igual sea en la Iglesia o en lo familiar».
Esta superviviente, que se muestra favorable a las indemnizaciones por parte de la Iglesia porque «lo que pasó es algo muy grande», pide que estas reparaciones se apliquen en otros ámbitos e incluso las pague el propio Estado porque «el reconocimiento debería ser a nivel general de todas las víctimas». Sin ánimo de establecer «ninguna competición», considera que en algunos casos, «cuando sucede un abuso en la Iglesia vas a tener el apoyo de tu padre y de tu madre». En otros no, pues «el sacerdote tiene mucha influencia en la familia». Pero, de cualquier modo, denuncia que «los niños abusados dentro del ámbito familiar estamos especialmente solos». En su caso, «el abusador era mi padre y mi madre lo callaba». Y añade que es mucho más difícil abordar colectivamente los delitos.
Cuevas considera que, al igual que las víctimas de terrorismo o las de violencia machista disponen de algunos recursos públicos para ayudarlas a sobreponerse a lo que jamás les debió suceder, las de abusos sexuales necesitan «un tratamiento específico» que vaya mucho más allá de la deficiente atención en la sanidad pública. De acuerdo con la consultora IQVIA, España cuenta con un 67 % menos de psicólogos por habitante que los potencias de nuestro entorno. Así, mientras Alemania dispone de 41 profesionales por cada 100.000 personas, en nuestro país son seis.
501 abusos de menores a menores
En septiembre de 2023, cuando el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los crímenes cometidos en 2022, se revelaron 501 condenas de menores entre 14 y 17 años por, aun siendo menores, haber cometido delitos sexuales contra otros. Es uno de los frentes que abordó el cuarto encuentro con responsables y miembros de oficinas de protección de menores, organizado por la Conferencia Episcopal Española, a mediados de abril.
La psicóloga María José Díez, ponente y delegada episcopal de Protección de Menores en la diócesis de Astorga, cuenta que, pese a su condición de victimarios, «los menores agresores son también víctimas de una falta de límites en su educación, dificultades para resolver conflictos y falta de habilidades sociales». Tres ingredientes que se combinan con la «revolución digital», el acceso ubicuo a «contenido violento y de sexo explícito» y la «falta de presencia activa de los padres». Con grandes carencias para relacionarse cara a cara, a menudo realizan sus primeros abusos a través del ciberbullying y la sextorsión.
«Primero te hacen esperar nueve meses para cada visita y, cuando llegas ahí, no están preparados para tratar esas secuelas», considera la presidenta de Lulacris. Confiesa que «he llegado a salir de estos psicólogos peor de lo que había entrado». El resultado inevitable, para quien se lo pueda permitir, «es pagarse un psicólogo privado». De media, cada sesión cuesta entre 45 y 70 euros, pero es la alternativa que le queda «a un grupo de personas entre los que muchos se han suicidado, han caído en la drogadicción o la prostitución porque este tipo de abusos, si no son tratados, te destrozan la vida». La atención psicológica, según Cuevas, debe ofrecerse preventivamente en los mismos colegios con un terapeuta cualificado. Entre otras razones, porque «muchos casos de bullying vienen del abuso sexual infantil». En otros casos, las pequeñas víctimas tienden a no relacionarse. Denuncia además algunas resistencias que encuentra para dar talleres: «Estamos minimizando el problema».
La gaditana cree también necesario el pago de «una indemnización para toda la vida» que permita a las personas que hayan sufrido esta lacra «llevar una vida normal». Explica que, debido a las secuelas psicológicas, ella misma a menudo «no podía seguir trabajando». O «te despiden porque no estás a la altura». «Sería interesantísimo que el Gobierno diera un primer paso para tratar estas secuelas», considera. Y reivindica que este sería un modo de dejar de invisibilizarlas, pues «para nosotros es muy importante que se reconozca este trauma y el crimen que hemos sufrido».
RODRIGO MORENO QUICIOS
Alfa y Omega
