El traslado forzoso de migrantes de las principales ciudades galas de cara a los Juegos Olímpicos preocupa a la Conferencia Episcopal Francesa. En 2023 aumentaron un 10 % las personas en situación de calle.
6 de mayo 2024.- «Desde hace tiempo, varios colectivos denuncian el efecto limpieza que se está haciendo en París, Burdeos y Lille», cuenta a Alfa y Omega Marcela Villalobos, responsable del Servicio de Misión y Migraciones de la Conferencia Episcopal Francesa. Esta mexicana afincada en la capital gala desde hace 14 años explica que, con motivo de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto, se está desalojando a las personas migrantes y sin hogar de «las ciudades faro», las más emblemáticas de Francia, para «dar la impresión de que no hay personas en situación de calle». Pero las hay. Según un informe de la Fundación Abbé Pierre, en 2023 aumentaron en un 10 %, llegando hasta las 330.000. Son el doble que hace diez años.
Villalobos lamenta que «las expulsiones de migrantes han existido desde hace mucho tiempo» en Francia. Existen asimismo políticas por parte de la Prefectura de Policía de París «para desmantelar los campamentos» de romaníes que se hacinan a las afueras. Sin embargo, la situación se volvió crítica el pasado 17 de abril, cuando un operativo expulsó por la fuerza a 450 migrantes instalados en una fábrica abandonada en Vitry-sur-Seine, en la periferia sur de la Ciudad de la Luz.
(Foto: AFP / Emmanuel Dunand).
La responsable de migraciones del episcopado apunta que la dispersión de estas personas, montadas a las bravas en autobuses hacia otras ciudades del país con o sin su consentimiento, es una lesión más a su dignidad mientras luchan por hacerse un hueco en la sociedad. «Muchas estaban trabajando, pero no podían acceder a una vivienda digna», protesta. Matiza que, «si ya es complicado conseguir un apartamento teniendo todos los papeles» en esta ciudad con el metro cuadrado a 11.000 euros, «imagina en situación de migración». Por establecer un contraste, en Madrid, otra ciudad prohibitiva, su precio ronda una tercera parte. «Todo esto responde a la falta de acceso a una vivienda digna, que no existe solo en Francia», diagnostica.
Villalobos señala que, para estas personas en situación de vulnerabilidad, quienes dependen de los lazos vecinales para salir adelante, una expulsión a la fuerza provoca que «cuando consiguen saber cómo funciona una ciudad, tienen que aprender de nuevo a moverse en otra». Pierden todos los contactos con los que podrían mejorar su situación, sus trabajos informales y, aunque estén tramitando su estatus de refugiado, deben hacer la maleta igualmente. «No hay un acompañamiento ni un trabajador social que les dé seguimiento».
La apuesta de la Iglesia para revertir esta situación pasa por los centros de acogida de Secours Catholique, nombre de Cáritas en el país. Villalobos trabaja en estos proyectos desde hace diez años y subraya que son «la puerta de entrada» a una atención integral. En vez de obligar a los migrantes a vagar de una urbe a otra e interrumpir sus itinerarios de inserción, allí «la gente empieza a tejer redes». «Es muy importante tener un lugar estable y lleva tiempo encontrarlo», añade. Con un techo y una puerta, pueden cerrarla por la noche y plantearse con más perspectiva qué harán al día siguiente para mejorar su situación.
Finalmente, Villalobos advierte de que los fenómenos de expulsión de migrantes ante los Juegos Olímpicos a menudo van acompañados de movimientos en sentido contrario de organizaciones vinculadas a la prostitución y que hacen su agosto en estos eventos. Un ejemplo claro es el Mundial de fútbol celebrado en Brasil en 2014, durante el que la asociación local SaferNet recogió 3.084 denuncias anónimas de sitios webs que reclutaban prostitutas. «Tenemos que estar bastante atentos y no esperar al inicio de los Juegos Olímpicos para actuar», emplaza.
Una tregua invernal
Gracias al sacerdote Henri Grouès, más conocido como el Ángel de los Pobres, existe hoy en día una ley francesa que data de 1954 y que prohíbe los desahucios por la fuerza si no existe una solución de reacomodo en un lugar apropiado. Lo llaman «la tregua de invierno» y tiene lugar cada año desde finales de octubre hasta mediados de abril, coincidiendo con la ola de frío. En ese lapso de tiempo, las autoridades competentes hacen una pausa en las expulsiones de las familias que no pueden hacer frente a los pagos de sus viviendas, incluyendo también los desalojos de los campamentos de migrantes y refugiados de todo el país.
Aunque esta tregua prohíbe las expulsiones por la fuerza, no impide a los propietarios denunciar a su inquilino ni a los jueces emitir nuevas órdenes de expulsión. Además, para las organizaciones sociales esto no es una solución al problema, cada vez más grave, del empobrecimiento de la población. Denuncian que sigue aumentando la cantidad de familias en condiciones de insalubridad y hacinamiento.
Henri Grouès fue el fundador del movimiento Emaús y en el invierno de 1954 conoció el caso de una bebé que había muerto de frío en una barriada a las afueras de París junto al de una mujer que había fallecido en la calle después de ser desahuciada. La indignación de este sacerdote fue creciendo por la pasividad de las autoridades ante la precarización a su alrededor e hizo un llamamiento que provocó un inmenso efecto de solidaridad y un aluvión de donaciones para las personas que estaban viviendo en la calle. Poco tiempo después e influenciado por este creciente movimiento social, el Gobierno sometió a votación esta tregua invernal que sigue vigente hoy en día.
Ester Medina
RODRIGO MORENO QUICIOS
Alfa y Omega
