El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo de tres contratos que tendrán una vigencia desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 30 de abril de 2026.
Se trata de 61 plazas distribuidas en las residencias Medinamar Simancas, Grupo 5 Avenida de América y Belmonte Únicas, todas en la capital.
La red pública de este ámbito social ha aumentado en 234 plazas, alcanzando las 7.088 en toda la región y los 1.500 profesionales.
Este año se van a dedicar 91 millones de euros, lo que supone un incremento del 6%.
20 de abril 2024.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión de esta semana, una inversión de 4,5 millones de euros para el mantenimiento de 61 plazas de residencia para personas con enfermedad mental grave y duradera en Madrid capital entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2026.
Se trata de tres contratos para 20 plazas en la Residencia Medinamar Simancas, ubicada en el distrito madrileño de San Blas; otras 20 en la Residencia Grupo 5 Avenida de América, en el de Chamberí; y 21 en la Residencia Centro Belmonte Únicas, en el de Carabanchel.
Sus instalaciones ofrecen servicios de alojamiento, manutención y apoyo tanto a los usuarios como a las familias. Las plazas asignadas son para ciudadanos con déficit en su autonomía que no cuentan con ayuda familiar, o que, debido a su grado de deterioro cognitivo y diferentes circunstancias o necesidades de su proceso de recuperación, necesitan este dispositivo residencial.
La red pública de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera busca favorecer el desarrollo de las capacidades, la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de estos ciudadanos a través de actuaciones rehabilitadoras, en estrecha coordinación con los profesionales de Salud Mental. Suma un total de 7.088 plazas tras la última ampliación de 234 nuevas aprobada el año pasado.
A su vez, los 234 centros y servicios de la red ofrecen ayuda a través de Centros de Día, de rehabilitación psicosocial, de rehabilitación laboral, equipos de apoyo comunitario que se desplazan a los domicilios, residencias, pisos supervisados, plazas en pensiones y servicios especializados de atención a personas sin hogar donde trabajan más de 1.500 profesionales.
En 2024, el Gobierno regional prevé extender aún más su capacidad en este ámbito va a dedicar un presupuesto de más de 91 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior.
El pasado año los hombres constituyeron casi un 60% de las atenciones, mientras que las mujeres superaron el 40%. En cuanto a las patologías, las más predominantes fueron la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno de límite de personalidad. Del total, 1.780 tuvieron su primer contacto con el recurso el año pasado, mientras que más de 1.000 consiguieron el alta posibilitando la consecución de sus objetivos de autonomía e integración.