Monseñor Gabriele Caccia, Observador de la Santa Sede en la ONU, intervino en Nueva York durante la 78ª sesión de la Asamblea General: una nueva convención sobre el tema contiene «garantías adecuadas» para evitar posibles conflictos con el deber de los Estados de apoyar el derecho a la vida, a prevenir la tortura y a respetar otros derechos humanos fundamentales.
6 de abril 2024.- La Santa Sede apoya la definición de un instrumento «universal, multilateral y jurídicamente vinculante» para la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad, sobre la base del derecho consuetudinario existente, con el fin de «defender la dignidad de toda persona humana». Es lo que subrayó monseñor Gabriele Caccia, Observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas, durante varias sesiones de trabajo dedicadas al examen de un proyecto de texto sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad, en el contexto de la 78º sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Con la esperanza de una adhesión «universal» al nuevo instrumento, que se logrará «por consenso», el nuncio apostólico destacó – en el debate sobre las medidas internacionales – la esencialidad de que una convención en este sentido contenga «garantías adecuadas» para evitar posibles conflictos con el deber de los Estados de defender el derecho a la vida, prevenir la tortura y respetar otros derechos humanos fundamentales.
En este contexto, añadió, el proyecto de artículos debe apoyar la «dignidad» de las víctimas, que han sufrido mucho a causa de los crímenes, pensando también en indemnizaciones y asistencia para «reparar los daños sufridos y facilitar su reintegración en la sociedad», no sólo a nivel nacional sino -como en el caso de los Estados que no tienen disponibilidad- también de otras entidades, ya sean Estados, organizaciones internacionales, ONG, instituciones de caridad religiosa.
La Santa Sede, declaró también el Observador permanente, apoya la redacción actual del proyecto que permite a los Estados que han abolido la pena de muerte no extraditar a un presunto delincuente si corre el riesgo de ser sometido a la pena de muerte. Del mismo modo, continuó, las naciones que mantienen la pena de muerte en su legislación, pero no la aplican en la práctica, deberían poder rechazar la extradición sobre la misma base.
En cuanto a los casos de crímenes transnacionales, se aclaró al mismo tiempo que la delegación no puede apoyar la propuesta de la Comisión de Derecho Internacional, contenida en el borrador de uno de los artículos, de sustituir el término «sexo» por «género» entre los motivos válidos para denegar la extradición.
L’OSSERVATORE ROMANO
