Los ingresos procedentes de actividades laborales abusivas están aumentando dramáticamente. Así lo revela la Organización Internacional del Trabajo, que señala que el valor de las ganancias ilegales para traficantes y delincuentes ha aumentado en decenas de miles de millones de dólares en diez años.
Ciudad del Vaticano, 26 de marzo 2024.- La esclavitud laboral es un negocio cada vez más codicioso para las organizaciones criminales, que se benefician sin riesgo de crisis de seres humanos frágiles. Desde 2014, de hecho, los beneficios del trabajo forzado han experimentado un aumento de 64.000 millones de dólares, ascendiendo ahora a unos 236.000 millones al año. Así lo denuncia el reciente informe de OIT «Beneficios y pobreza: la dimensión económica del trabajo forzoso», que señala que solo en 2021 había 27,5 millones de personas implicadas en trabajos diarios abusivos por un salario simbólico o nulo, es decir, más de 3 por cada 1.000 individuos. El aumento de víctimas, en comparación con 2016, fue de 2,7 millones.
Ámbitos de mayor explotación humana
La actividad sexual comercial forzada supone más de dos tercios del total, es decir, el 73%, a pesar de representar solo el 27% del número total de personas acosadas por el trabajo impuesto de forma privada. Pero los ámbitos en los que el empleo suele desembocar en esclavitud son también la industria, el sector servicios, la agricultura y el sector doméstico. Los beneficios ilegales anuales totales están a la cabeza de Europa y Asia Central, pero no perdonan a Asia y el Pacífico, América, África y los países árabes. La encuesta calcula que los traficantes y delincuentes ganan casi 10.000 dólares por víctima, frente a los 8.269 dólares de hace diez años.
Medidas urgentes
El fenómeno, por tanto, está empeorando progresivamente, subraya la OIT, y las medidas para frenarlo deben ser rápidas y selectivas. «La comunidad internacional – declaró el director general de OIT, Gilbert F. Houngbo – debe unirse urgentemente para poner fin a esta injusticia, salvaguardar los derechos de los trabajadores y defender los principios de equidad e igualdad para todos».
Son cruciales, según la encuesta, «las inversiones en la aplicación de medidas para detener el flujo de beneficios ilegales y castigar a los culpables. Pero también son necesarios sobre el terreno el refuerzo del marco normativo, la formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ampliando la inspección de trabajo a los sectores de alto riesgo, y la mejora de la coordinación entre las autoridades laborales y penales». Sin embargo, todo esto puede no ser suficiente, señala la Organización Internacional del Trabajo, si las actuaciones policiales no se refieren a «un enfoque integral que dé prioridad a la comprensión de las causas profundas de este escenario y a la protección y salvaguarda de las víctimas».
PAOLA SIMONETTI
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