Esta financiación, de carácter extraordinario, se realiza íntegramente con fondos propios del Gobierno regional.
Se repartirán entre 1.788 profesionales que solicitaron aportaciones de la Política Agraria Común en 2022 y cumplen los requisitos necesarios para recibir subvenciones.
Están destinadas a cultivos de secano, plantas aromáticas o ganado criado en régimen extensivo y semiextensivo.
28 de enero 2024.- La Comunidad de Madrid ha comenzado este mes el pago de las ayudas extraordinarias a los agricultores y ganaderos regionales, por valor de 6,33 millones de euros, para compensar el aumento de costes en explotaciones afectadas por la sequía. Esta financiación se realiza con fondos propios del Ejecutivo autonómico para continuar el sostenimiento del sector primario, a fin de mantener la rentabilidad empresarial, así como la calidad y oferta de los productos de proximidad.
Un total de 1.788 agricultores y ganaderos van a recibir la aportación, al estar completo su expediente y cumplir los requisitos señalados. El resto, hasta las 2.100 peticiones recibidas, cuentan con un mes de plazo, desde que reciban la notificación, para subsanar el motivo de la denegación.
Las subvenciones del Gobierno autonómico se centran en la campaña 2022/23, que presentó un acusado déficit de lluvias, el más bajo registrado en décadas. Se destinan a agricultores que entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 hubieran requerido las aportaciones de la Política Agraria Común (PAC), así como sembrado cultivos herbáceos de secano o plantas aromáticas en terrenos madrileños.
Asimismo, se otorgan a los ganaderos que también hubieran optado a las ayudas europeas, a fin de atender en esas mismas fechas a sus reses, bien fuera en régimen de explotación extensivo o semiextensivo.
En ambos casos se ha querido aumentar la liquidez de los profesionales del sector primario para hacer frente al mal año hidrológico y al aumento de costes de producción a causa de la guerra de Ucrania. También para afrontar los riesgos de pérdida de rentabilidad y dificultad de continuar con su actividad, según reflejaba la estimación de la Renta Agraria de 2022, que marcaba un descenso provisional del 6,2%. Por último, se ha tenido en cuenta el descenso de la producción y de minoración de la superficie cultivada, y las consecuencias derivadas como es el aumento del precio de los alimentos.
