El pacto de investidura entre el PSOE y Junts ha provocado la reacción unánime de las cuatro asociaciones profesionales de jueces a través de un comunicado, al que se ha sumado la asociación mayoritaria de fiscales. Una reacción sin fisuras ante lo que supone un ataque sin precedentes a la independencia de la justicia.
La referencia en el acuerdo al concepto de “lawfare” supone asumir que los jueces españoles, en los casos referidos al Procés, pusieron la actividad judicial al servicio de intereses políticos. El hecho de que en el texto del acuerdo se hagan explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria, destinadas a señalar a jueces o a modificar sentencias, representa un atentado contra los principios del Estado de Derecho.
La revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales es una clara intromisión en la independencia judicial e implica una quiebra de la separación de poderes. Esta propuesta rompe con el artículo 117.1 de la Constitución española que afirma claramente que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley.
El acuerdo político entre Sánchez y Puigdemont, que además es el principal beneficiado del cambio en las reglas de juego, coloca a España en una de las coyunturas institucionales más graves de la historia reciente porque se están poniendo en duda principios básicos de la democracia al desproteger los derechos y libertades fundamentales.
La quiebra del principio de legalidad y el fin de la igualdad de todos ante la ley, provoca una inaceptable ruptura del pacto de convivencia y de concordia entre los españoles. Pedro Sánchez tendrá que asumir, tarde o temprano, las consecuencias.
Por su evidente interés reproducimos este comentario emitido el 10 de noviembre en la COPE dentro de su Línea Editorial.
