La Agencia Madrileña de Atención Social ha aprobado 32 módulos formativos para sus empleados en este año.
Está orientada a materias como alimentación y nutrición,cuidados de enfermería, técnicas de limpieza y desinfección o atención a los trastornos de conducta.
El Gobierno regional exige a los centros un plan específico sobre el nuevo modelo de atención centrado en la persona.
20 de marzo 2023.- La Comunidad de Madrid ha aumentado un 28% los cursos de especialización en las 25 residencias públicas de mayores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que han pasado de los 23 de 2022 a los 32 para que se impartirán durante este año. Estas enseñanzas específicas están orientadas a perfeccionar distintos procedimientos y habilidades, lo que permite que los trabajadores de los centros atiendan de manera individualizada las necesidades de cada residente.
Esta formación, que se divide en 95 sesiones, abarca varias áreas, como la manipulación de alimentos; bases dietéticas para la alimentación y nutrición; planificación de cuidados de enfermería; técnicas de limpieza y desinfección; intervención con personas en situación de vulnerabilidad social; asistencia integral al final de la vida; cuidados a mayores con trastornos de conducta, o resolución de problemas bioéticos, entre otras.
Por su parte, en los 18 centros públicos de gestión indirecta se impartieron 7.872 horas de formación a 2.454 trabajadores durante el pasado año. Según datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, las entidades que gestionan servicios del sistema de dependencia en la Comunidad de Madrid lideran el esfuerzo formativo, ya que son las que comunican mayor número de horas, las que más participantes tienen y, junto a Andalucía, las que cuentan con más profesionales que han adquirido estos conocimientos.
Además, el Gobierno autonómico exige a todos los centros que sus equipos directivos y de coordinación realicen una formación mínima de 10 horas sobre el modelo de atención centrada en la persona, con el objetivo de habilitar unidades de convivencia residencial con un máximo de 25 plazas, con espacios más íntimos y reducidos donde las relaciones interpersonales se puedan desarrollar mejor y zonas comunes que contarán con trabajadores específicos y programas adecuados para favorecer la conservación de las capacidades funcionales y cognitivas de este colectivo.
