El consejero de Justicia ha defendido la proposición de Ley que, tras su aprobación en la Asamblea, será remitida al Congreso de los Diputados.
El objetivo es que el Consejo General del Poder Judicial nombre directamente a los magistrados de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, primando sólo mérito y capacidad.
La Asamblea regional tiene ahora la potestad de proponer nombres para la elección de una de cada tres plazas de juez en las Salas de lo Civil y de lo Penal del TSJM.
Esta iniciativa legislativa comenzó su trámite parlamentario en abril de 2020 y no pudo aprobarse tras la disolución de la Cámara autonómica en marzo de 2021.
17 de febrero de 2022.- La Comunidad de Madrid impulsará en la Asamblea de Madrid una proposición de Ley que tiene como objetivo eliminar la potestad de la Cámara autonómica para el nombramiento de una de cada tres plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para que estos sean designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta medida trata de reforzar la independencia de los jueces.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha defendido hoy en el Parlamento regional esta iniciativa legislativa, “que aspira a cambiar el paradigma de la elección de los jueces en España” y a “apuntalar con solvencia nuestra arquitectura constitucional, basada esencialmente en la separación y el equilibrio de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial”.
“Aquí no se trata de que los jueces sean independientes, que, por supuesto, lo son, sino de profundizar en la apariencia de independencia que sólo se logra separando lo que nunca debió estar junto”, ha señalado López. “Es hora ya de que esa independencia no sea manchada por ninguna sospecha de parcialidad ni con ningún tipo de hipoteca”, ha añadido, al tiempo que ha anunciado que la intención de la Comunidad de Madrid es “asegurar también la garantía de imparcialidad de cara al ciudadano, un paso relevante en su derecho a un juicio justo”.
Este proyecto de Ley comenzó su trámite en la Cámara regional en 2020 tras recibir, en abril de ese mismo año, el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el inicio de la nueva legislatura tras los comicios madrileños del pasado 4 de mayo ha obligado por ley al Ejecutivo autonómico a su nueva remisión a la Asamblea de Madrid.
El objetivo es que sean reformadas la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial permitiendo que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el CGPJ, primando exclusivamente los requisitos de mérito y capacidad.
La iniciativa, una vez culmine su aprobación en la Asamblea, se remitirá como proposición de Ley a la Mesa del Congreso de los Diputados.
