El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta norma única en España que se envía a la Asamblea legislativa para su debate.
Permitirá tras su entrada en vigor ahorrar trámites y permisos para que las compañías se instalen y empiecen a operar.
Se estima que genere con su puesta en marcha una subida del PIB del 1,6% y la creación de 50.000 empleos a medio y largo plazo.
Con esta nueva iniciativa el Gobierno autonómico sigue avanzando en la supresión de trabas regulatorias y atraer inversiones.
2 de febrero 2022.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Mercado Abierto para ser la primera región de España donde las empresas y operadores económicos, de todo el territorio nacional, puedan instalarse sin tener que solicitar permisos o licencias adicionales que ya tengan en sus lugares de origen. El texto se remite ahora a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación legislativa durante los próximos meses.
La normativa pionera del Gobierno madrileño tiene como objetivo fomentar la inversión, la generación de empleo y la reactivación económica. De esta forma, y con carácter general, cualquier entidad que ya esté legalmente establecida en otra comunidad autónoma podrá hacerlo libremente en Madrid de forma automática. Este adelanto también se aplica a los productos que se comercialicen en el resto de España y que, por tanto, podrán circular libremente sin necesitar requisitos extra a los que ya soportan.
Con esta medida, el Ejecutivo regional da un paso más en la eliminación de trabas regulatorias, una de sus prioridades para atraer inversiones, y actúa en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea para garantizar la unidad de mercado. Por ello, la Ley de Mercado Abierto también recoge el compromiso del Gobierno madrileño para suprimir regulación propia en aquellos casos en los que los requisitos de acceso a la actividad sean mayores que los de otras CCAA.
La Ley no solo contribuirá de forma eficaz a la simplificación administrativa, sino que potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica. Este avance se plasmará mediante la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la región.
Según las previsiones del Gobierno regional, la aplicación de la nueva Ley de Mercado Abierto supondrá un aumento del PIB madrileño de un 1,6% a medio y largo plazo, lo cual se traducirá en una creación de riqueza próxima a 4.000 millones de euros anuales y unos 50.000 nuevos empleos.
Potenciar el crecimiento y la competitividad
Organismos e instituciones de referencia internacional como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional -FMI-, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Banco de España llevan años alertando sobre los efectos perversos de la fragmentación del mercado nacional y recomendando la necesidad urgente de garantizar su unidad para potenciar el crecimiento del PIB y la competitividad de las empresas.
Entre otros inconvenientes detectados por el Ejecutivo autonómico, esta hiperregulación y la proliferación de normas por las CCAA segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad, discriminan y, en definitiva, lastran el crecimiento económico y la generación de empleo.
El proyecto de Ley de Mercado Abierto es el segundo que aprueba el Consejo de Gobierno este año para su remisión a la Asamblea de Madrid. Hace apenas dos semanas el Gabinete dio luz verde al proyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera para blindar su política económica y fiscal de la que ultima el Gobierno de España y que lleva aparejada una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos. El objetivo es proteger los derechos reconocidos en esta materia a la Comunidad de Madrid a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-. Así, esta Ley podrá salvaguardar el ejercicio de la autonomía financiera madrileña, tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos, imponiendo a los poderes públicos regionales su defensa de cualquier intento de menoscabarla.
