Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar el gasto de tramitación anticipada.
Esta prestación garantiza unos ingresos a toda persona que lo solicite y cumpla los requisitos exigibles para su concesión.
Su importe, que puede alcanzar los 950 euros mensuales, varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de sus recursos económicos.
29 de diciembre 2021.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy un gasto de tramitación anticipada por valor de 40 millones de euros para el pago de la prestación de Renta Mínima de Inserción (RMI) durante el año 2022. Con esta tramitación anticipada la Comunidad de Madrid asegura disponer del importe necesario para hacer frente al abono de esta prestación desde el 1 de enero de 2022.
La Renta Mínima de Inserción es una prestación económica regulada por la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, y el Decreto 126/2014, de 20 de noviembre. Se considera un derecho subjetivo que la Comunidad de Madrid garantiza a toda persona que la solicita y acredita los requisitos establecidos en las normas regulatorias para su concesión. Su importe varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de los recursos económicos de que dispongan. Así, una persona que viva sola, sin otros ingresos, percibiría 400 euros al mes, dos personas 512,67 euros y tres personas 587,78 euros. La cantidad máxima que se puede llegar a recibir es de 950 euros.
El pasado mes de noviembre (último dato disponible) el número de familias beneficiarias fue de 7.094, si bien el total acumulado de unidades de convivencia que han recibido la prestación en los once primeros meses del presente año asciende a 14.438.
Desde julio de 2020, con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado por el Gobierno central, se ha registrado un paulatino descenso de perceptores de la renta autonómica. Esto se debe a que el carácter subsidiario de la RMI, reconocida por ley como un derecho para las personas que no reciben ningún tipo de ingresos ni tienen reconocido el derecho a percibir ninguna ayuda desde otras administraciones, obliga a todos sus perceptores a solicitar el IMV.
