El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a sendas subvenciones directas para garantizar la asistencia jurídica gratuita.
El Ejecutivo regional suscribirá sendos convenios con el Consejo del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid y con el Consejo General de Procuradores.
31 de marzo 2021.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy un gasto de 7 millones de euros para los pagos a abogados y procuradores que prestan servicio de turno de oficio en la región. De esta cantidad, seis millones de euros corresponden al turno de oficio de abogados y, el millón restante, al de procuradores.
Esta inversión para el sostenimiento del turno de oficio se realizará mediante la concesión directa de subvenciones. Para ello, la Consejería de Justicia, Interior y Victimas de la Comunidad de Madrid ha suscrito sendos convenios de colaboración con el Consejo del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid (Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares) y con el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.
El objeto de dichos acuerdos es dar cobertura a aquellas actuaciones de los profesionales del turno de oficio (abogados y procuradores) cuando no exista un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En este sentido, la prestación del turno de oficio es esencial para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución Española de 1978.
La financiación del turno de oficio y todas las demás actuaciones de la Comunidad de Madrid en relación con la justicia gratuita constituyen uno los pilares de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid en materia de Administración de Justicia.
En la actualidad, abogados y procuradores remiten a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas las certificaciones de gasto relacionadas con la asistencia jurídica gratuita. Previamente a esta certificación formal, se envía a la Consejería para su revisión una precertificación en la que se detectan posibles errores.
Tras la comprobación de la certificación presentada, se elaboran y tramitan los correspondientes documentos contables para que, en última instancia, la Tesorería General de la Comunidad de Madrid pueda proceder a los abonos respectivos.
