Rubén Darío Jaramillo, titular de Buenaventura, está amenazado por denunciar la violencia.
28 de Marzo de 2021.- En Buenaventura (Colombia), últimamente es casi una buena noticia que en una semana solo se haya asesinado a cuatro personas. La ciudad, de 500.000 habitantes, sufrió 33 homicidios entre el 30 de diciembre y el 10 de febrero; el triple que el año anterior. Se trata sobre todo de muertes en la lucha «a sangre y fuego» entre dos grupos criminales, los Shotas y los Espartanos, fruto de la escisión de la banda La Local. Lo explica su obispo, Rubén Darío Jaramillo, amenazado por denunciar la situación.
Además de un importante puerto, esta ciudad del Valle del Cauca tiene numerosos esteros, zonas pantanosas que dan al mar y por las que salen grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, vía Centroamérica. Los delincuentes se disputan los más rentables. Otras veces matan por venganza o por represalias si se sospecha que alguien ha robado droga o dado un soplo a la Policía. Pero entre las víctimas hay también muchos inocentes, sobre todo niños y ancianos, atrapadas en el fuego cruzado.
En realidad, todos los bonaverenses son rehenes de las bandas, que controlan casi totalmente la ciudad. Hay secuestros exprés por 200 o 300 millones de pesos (47.000-70.400 euros). Y toda la economía de la ciudad está en sus manos. «Una banda o un líder controla la carne, y solo quien le paga está autorizado a vender», cuenta el obispo. Ocurre con los huevos. Con las cebollas. Y con todo. Hasta con los puestos de arepas de las esquinas. Saltarse la ley supone una multa de hasta 3.500 euros. Todas las extorsiones, rebautizadas como vacunas al hilo de la actualidad, «ahogan a los empresarios que tratan de salir adelante». Sobre todo ahora, que «un día te cobran unos y, al siguiente, otros».
contra la violencia, el 10 de febrero. (Foto: AFP / Luis Robayo)
Luz frente a la resignación
«La gente no denuncia por miedo» a los criminales y por «falta de confianza en las instituciones». Atrapados en la parálisis y la resignación, «dicen: “Toca pagar o irse de la ciudad”». La única esperanza es la Iglesia, que acompaña, consuela y ofrece ayuda con alimentos, vivienda y muchos proyectos sociales.
Probablemente debido a ello, cuando a una persona del ámbito de influencia de las bandas le encargaron matar a Jaramillo, decidió avisar a un sacerdote. Y lo hizo «sabiendo que estaban en peligro su vida y su familia», narra el prelado.
El Gobierno se tomó en serio las amenazas, que llegaban también por otros medios. Incluso el Papa Francisco, que le ha enviado varios mensajes y ha encargado al nuncio que lo acompañe. Jaramillo sigue visitando todas las zonas «y estando en medio del pueblo de Dios». Pero ahora lo hace en un coche blindado y con tres escoltas. «Me preocupa más la seguridad de la gente que la mía», reconoce en conversación con Alfa y Omega.
Por eso, celebra que, la presencia de la Policía, el Ejército y la Armada haya aliviado un poco la violencia, y que el traslado de la Fiscalía del Valle del Cauca desde Buga a Buenaventura haya servido para incrementar las investigaciones y detenciones y agilizar los procesos judiciales. Hasta el punto de que «muchos líderes de las bandas se han ido de la ciudad». Su cabeza tiene precio, pero su valentía ha dado fruto.
Ahora mismo, Buenaventura es el escaparate de toda la realidad de las regiones de Pacífico y Suroccidente. Su riqueza natural (madera, hidrocarburos, metales como el coltán), ríos que comunican con el mar, y extensiones «inmensas» que «es muy complejo que el Estado pueda controlar» las han dejado bajo el dominio de bandas criminales. Algunas llegadas incluso desde México. Es la zona de Colombia donde se produce mayor cantidad de hoja de coca, con 57.897 hectáreas sembradas, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas de 2019. «Y es por donde entran las armas».
La situación no ha mejorado, más bien al contrario, desde los Acuerdos de Paz de 2016 y la desmovilización de las FARC. Antes, al menos, «un único comandante controlaba toda la zona y era como el Estado», apunta el obispo. Lamenta además que no se hayan ofrecido alternativas a los guerrilleros desmovilizados. «Si el Estado no les da trabajo, educación y seguridad se van a armar nuevamente, porque es lo que saben hacer».
Futuro
Antes de «construir una sociedad distinta», afirma su obispo, Buenaventura necesita «lo básico». Por eso la Iglesia sigue presionando para que el Gobierno cumpla el acuerdo al que se llegó en 2017 tras una gran huelga e invierta los 2.300 millones de euros prometidos en vías públicas, saneamiento, salud y educación.
María Martínez López
Imagen: Las balas de fusil (algunas de alto impacto)
atraviesan el cristal y la madera de las casas humildes.
«Caen muertos y ni saben de dónde les vino».
(Foto: Efe / Ernesto Guzmán Jr.)
