Los países ricos rechazan de nuevo suspender las patentes de las vacunas, mientras se espera que solo el 10 % de habitantes de países pobres pueda vacunarse este año.
22 de Marzo de 2021.- La vacuna frente a la COVID-19, que aterrizó en Ghana el 24 de febrero, ya ha llegado a algunas clínicas de los Hermanos de San Juan de Dios. De momento solo la ha recibido parte del personal sanitario, explica Valentine Bkurku, director económico de la provincia de África de esta congregación. Algunos sufrieron los efectos secundarios, pero no hizo falta aplicar el protocolo que habían preparado y «todos están ya de vuelta a sus puestos» sin que la atención sanitaria se haya visto demasiado afectada. En las últimas semanas, además, a su labor habitual se ha sumado organizar distintas actividades para concienciar a la población de la necesidad de recibir la vacuna cuando esté disponible para ellos.
La primera fase prevé inmunizar también al personal de seguridad y a personas mayores de 60 años o con dolencias previas, aunque las 600.000 dosis recibidas hasta ahora no bastarán. «En algunas partes del país ya se han suministrado todas». Bkurku cree que, en general, «el Gobierno ha trabajado bien». Probablemente por eso fue el primer país de África en recibir un pequeño envío a través de la plataforma COVAX, la iniciativa coliderada por la OMS para comprar y distribuir 2.000 millones de vacunas en 2021, 1.300 millones de ellas en 92 países de ingresos bajos o medios.
28 millones para 32 países
Desde el 24 de febrero han llegado 28 millones a 32 de esas naciones. Blanca Carazo, responsable de Programas de UNICEF España, explica que parte del problema es que países que cumplen los requisitos no han presentado su solicitud o desarrollado el plan requerido. «La mayoría de las veces se debe a la falta de recursos y de capacidad» de las instituciones. En UNICEF, encargada de la compra y la distribución de las vacunas de COVAX, «les estamos apoyando con asesoramiento y ayudando a obtener equipamiento» para que puedan pedir sus dosis pronto.
La cuestión es si, entonces, habrá suficientes. Pueden ser los más afectados por los problemas de producción que están retrasando las entregas incluso en el primer mundo. «Solo el 10 % de la población de los países de bajos ingresos tiene probabilidades de recibir la vacuna este año», denunciaba la semana pasada la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE por sus siglas en inglés). Es una de las múltiples entidades que apoya una petición de más de 100 países ante la Organización Mundial de Comercio para suspender temporalmente las patentes. El día 11 de marzo la UE, Estados Unidos y Reino Unido volvieron a bloquearla.
La medida permitiría a cualquier empresa con capacidad técnica fabricar vacunas, y así se aumentaría la producción. Aunque Carazo valora que esta medida tendría poco alcance «si no se da más información sobre el proceso de fabricación». Para UNICEF, es preferible un mecanismo más amplio en el que la farmacéutica autorice a otras empresas a fabricar su fórmula y les transfiera todo el conocimiento necesario, al tiempo que se dota a los países en desarrollo de la tecnología necesaria para «crear estructuras de producción» que seguirán siendo útiles en el futuro.
¿Cooperación de las empresas?
El sistema de autorizaciones voluntarias al que alude es el que ha hecho posible que el mayor productor actual de vacunas contra la COVID-19 sea el Instituto Serum de la India, que fabrica dosis de AstraZeneca. Los opositores a la suspensión de las patentes aducen que esta alternativa hace innecesaria la medida. Pero, como recuerda Tilman Rüppel, del Instituto de Misión Médica de Würzburg, «esto solo ha sido posible porque el contrato entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford insistía en que la compañía no podía cobrar un precio muy alto por la vacuna». Si hubiera podido fijarlo libremente, no le habría compensado autorizar a quien va a fabricar y vender más barato.
Otro ejemplo de colaboración, la que ha llevado a que la farmacéutica Merck fabrique en Estados Unidos dosis de Johnson & Johnson, se debe a que el Gobierno «ha invertido para mejorar sus instalaciones, pero al mismo tiempo las ha hecho cooperar», a pesar de ser competidoras, recurriendo a una ley de la época de la Guerra de Corea. «Con frecuencia, hace falta la obligación de un contrato o presión política para que las empresas colaboren», concluye Rüppel. Y la perspectiva de la suspensión de las patentes podría servir para ello.
A pesar de todo, Carazo es cautamente optimista: «En unos meses habrá más vacunas aprobadas por la OMS, y más producción». Y, aunque los países pobres seguirán retrasados respecto al primer mundo, «sin COVAX seguramente aún no habría llegado ni una vacuna a países como Nigeria o República Democrática del Congo».
Otras tareas pendientes
- Asegurar el suministro de materias primas y equipamiento actualizado para las empresas que pueden producir vacunas
- Garantizar la producción de los entre 3.500 y 5.500 millones de vacunas necesarias anualmente frente a otras enfermedades
- Seguir investigando la COVID-19; algo para lo que Pfizer no ha aumentado su presupuesto este año (con 12.500 millones de euros de beneficios)
- Invertir dinero público en realizar estudios clínicos y producir vacunas para no depender únicamente de las empresas
María Martínez López
Imagen: El 2 de marzo fue el primer día de vacunación
para el personal sanitario del Hospital Ridge de Accra,
capital de Ghana. (Foto: Reuters / Francis Kokoroko)
