La plataforma denuncia a España por incumplir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, donde se recoge la libertad de enseñanza.
3 de Febrero de 2021.- Continúa la ofensiva de Más Plurales contra la ley Celaá. La plataforma, que agrupa a padres, profesionales y titulares de centros concertados, ha trasladado su oposición a LOMLOE a las instituciones europeas, una vez que ya entró en vigor el pasado 19 de enero.
Si en noviembre registró ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud de amparo al considerar que la nueva ley educativa «constituye una grave vulneración de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea», este miércoles hizo lo propio con una denuncia de España ante la Comisión Europea.
Según explica a Alfa y Omega el portavoz de Más Plurales, Jesús Muñoz de Priego, la denuncia está motivada fundamentalmente «por el incumplimiento del Gobierno de España» del artículo 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, donde se hace referencia a la libertad de creación de centros y al derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones. También por la vulneración del artículo 27 de la Constitución Española y de otros tratados internacionales.
Según Muñoz de Priego, el texto expone a la Comisión Europea que la eliminación de la demanda social y la regulación de la programación afecta a la libertad de creación de centros y limita las posibilidades de elegir, pues «hace una opción específica por la escuela pública única». Además, incorpora dos informes: uno sobre lo que supone para la concertada la demanda social y la regulación de la programación y otro sobre la educación diferenciada.
El portavoz de Más Plurales sostiene que el objetivo de esta acción es «la paralización de la LOMLOE», al tiempo que recuerda que la Comisión Europea ya está interviniendo, como ha sucedido con Polonia y Hungría, cuando se producen vulneraciones de derechos fundamentales.
En este sentido, la plataforma ha pedido ser considerada como parte interesada y, por tanto, intervenir en el proceso. «Así, la comunidad educativa podría participar, algo que no se ha permitido durante la tramitación de le ley», explica. Con todo, la Comisión Europea decidirá si admite o no la denuncia. Si lo hace, establecerá una comunicación con el Estado miembro con alguna exigencia.
Fran Otero
(Foto: María Pazos Carretero)
