La nueva ley de educación de España, impulsada por el gobierno formado por el Partido Socialista (PSOE) y Podemos (coalición de partidos de extrema izquierda y comunistas), entró en vigor el pasado 19 de enero en medio de una fuerte polémica por su contenido perjudicial para las familias y la educación católica.
En declaraciones a ACI Prensa, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, lamentó que esta ley perjudica a las escuelas concertadas, que son mayoritariamente católicas.
El gobierno quiere perjudicar a la concertada “en buena parte porque esa escuela es católica”, aseguró.
La reforma educativa es conocida como Ley Celaá en alusión a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aunque su denominación oficial es Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
Aguiló explicó que “las escuelas concertadas son escuelas privadas que reciben una subvención de los gobiernos autonómicos (gobiernos de las regiones españolas) y que de esa manera resultan gratuitas en su enseñanza obligatoria para las familias”.
De esa manera, el modelo de escuelas concertadas “permite que la oferta de educación sea mucho más plural, porque cualquier familia tiene acceso gratuito tanto a la enseñanza pública como a una pluralidad muy grande de escuelas que son privadas pero que reciben esta ayuda y gracias a eso son gratuitas”.
Aproximadamente dos tercios de estas escuelas, “que son más o menos el 25% de todas las escuelas del país, son católicas. Entonces, el hecho de hacer una ley que es hostil a esas escuelas concertadas, en cierta manera también es hostil en general para la escuela católica”.
¿Y de qué manera perjudica esta ley a las escuelas concertadas? Alfonso Aguiló explicó que esta ley perjudica “busca hacer crecer la enseñanza pública” para que, como resultado, las familias tengan “menos opciones de escuelas concertadas para elegir”.
Sin embargo, no es el único elemento negativo de la ley, también “se quieren eliminar las escuelas de educación especial, que son escuelas dirigidas especialmente a chicos y chicas con discapacidad”.
“Se quiere eliminar las ayudas a las escuelas diferenciadas, que son solo de chicos o solo de chicas, también se quiere dificultar la asignatura de religión, que ahora mismo tiene una enseñanza alternativa y se quiere quitar, etcétera. Hay diversos frentes en los que esta ley es bastante hostil a la enseñanza privada”, advirtió el presidente de la CECE.
Para Alfonso Aguiló, la existencia y apoyo a la escuela concertada es esencial para garantizar el derecho a la libertad educativa y al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
“Al ser la mayoría de estas escuelas cristianas y al ser escuelas que tienen unos valores más definidos lo que hace la asistencia a esas escuelas es aumentar la pluralidad de oferta y la posibilidad de las familias de escoger una escuela conforme a sus propios valores, a sus convicciones, que tenga la formación que ellos desean para sus hijos”.
“Digamos que con la escuela concertada lo que crece es la pluralidad de oferta y también aumenta la libertad, porque hay más libertad de elegir entre más opciones de escuelas gratuitas”.
Además de querer perjudicar a la escuela concertada por la identidad católica de una gran parte de ellas, en opinión de Aguiló el gobierno actúa contra la concertada “porque la escuela pública no termina de ir bien y se han hecho una idea equivocada de que atacando a la escuela concertada la escuela pública irá mejor”.
“Yo siempre les digo que es un error de diagnóstico. Todo el mundo tiene interés en que la escuela pública en España funcione muy bien porque allí se educan más de dos tercios de la juventud española. Pero lo que queremos es que se mejore esa educación y que no se dejen engañar por esa idea tan equivocada de que la culpa de que la enseñanza pública no vaya bien es porque el dinero se va a la concertada”.
“Es una idea absurda, porque el dinero que recibe la escuela concertada es la mitad, más o menos, de lo que recibe la escuela pública. O sea, que lo que hace falta es un buen diagnóstico de qué le pasa a la escuela pública española, buscarle solución y no tratar de mejorarla atacando a la escuela privada-concertada”.
Enseñanza en español
Otra crítica que se ha realizado a la Ley Celaá es la de eliminar la enseñanza de la lengua española, o castellano, como lengua vehicular de la educación.
En la anterior ley educativa, ahora derogada, la disposición adicional trigésima octava señalaba que “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”.
En la Ley Celaá, ahora en vigor, esa disposición adicional elimina la referencia al castellano como lengua vehicular y queda redactada del siguiente modo: “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”.
Según los grupos de oposición, y grupos defensores de la libertad educativa, esa eliminación permitirá la marginación de la lengua española en aquellas comunidades gobernadas por partidos independentistas que pretenden la eliminación del español en sus regiones.
Alfonso Aguiló recordó que, por ejemplo, “ahora mismo en Cataluña, desde hace muchos años, las escuelas públicas y privadas como lengua vehicular tienen el catalán y el castellano es una asignatura”.
Señaló que, “de hecho, los alumnos suelen acabar la escuela siendo bilingües y esta ley lo que hace es normalizar esa situación, que hasta ahora era irregular. Lógicamente hay diversas opiniones sobre este tema, porque en Cataluña piensan que con esta fórmula los chicos y chicas hablan muy bien las dos lenguas, y otras personas piensan que no aprenden bien castellano y que es una exageración el que sea la inmersión completa en catalán”.
“Como España es un país en cuestión de lenguas bastante plural, porque también se hablan otras lenguas propias en Galicia, en el País Vasco, en Baleares, en Valencia, además de en Cataluña, el problema de la lengua es un problema bastante complejo. Es muy difícil pedirle a una ley de educación que, además de resolver los problemas de las escuelas que son muchos, resuelva también las tensiones territoriales y de lengua que hay en el país, que también son problemas importantes y antiguos en España”.
Enseñanza de Religión
La Ley Celaá margina también la enseñanza de Religión en la escuela, garantizada por los acuerdos entre España y la Santa Sede.
Por ejemplo, en el artículo 18 de la nueva ley se especifica que “a las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la Educación en Valores cívicos y éticos. En esta área se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al valor del respeto a la diversidad y al valor social de los impuestos, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia”.
Es decir, se elimina la referencia a la Religión que existía en ese mismo artículo de la ley anterior.
Alfonso Aguiló recordó que “la asignatura de Religión, según los acuerdos con la Santa Sede, tiene que ser una asignatura como otra cualquiera del mismo nivel y tiene una asignatura optativa para los que no quieren religión”.
De esa manera, “se puede elegir entre religión católica, evangélica, islámica o judía y si no se quiere ninguna de ellas hay una asignatura alternativa. Más o menos en España ahora está eligiendo Religión como el 63% de las familias. O sea, es una demanda muy importante”.
Entonces, “si se deja de tener una asignatura alternativa Religión, la asignatura pasa a ser como una asignatura extraescolar que se da fuera del horario escolar y, por lo tanto, pierde oportunidades de ser suscrita por las familias, porque habrá muchas familias que no les vendrá bien dejar a su hijo al terminar la escuela para tener esta asignatura”.
En ese sentido, “nos parece que cuando una asignatura es tan solicitada libremente cada año por el 63% de las familias quiere decir que tiene un arraigo muy importante y que merece un respeto y, con independencia de los Acuerdos Iglesia-Estado, esta asignatura se debería respetar”.
“Hay que decir que, en Europa, prácticamente todos los países, salvo una parte de Francia, todos los países tienen oferta obligatoria de enseñanza de Religión en la escuela y es voluntaria para los alumnos. No es ningún privilegio para la Iglesia, es una realidad tan normal y tan habitual como es la música, el deporte, la literatura o cualquier manifestación cultural de nuestra civilización”.
Imposición de la ideología de género
Otra novedad introducida por la Ley Celaá en la educación en España es la imposición de la ideología de género.
El texto de la nueva ley está lleno de referencias. Como muestra, algunos ejemplos. En el artículo 13 se añade la frase “Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género”.
En el artículo 22 se establece que “En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de género”.
En el artículo 35, sobre las actividades educativas en el bachillerato, se señala que “se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género”.
Alfonso Aguiló indicó que “la Ley está empapada de una carga ideológica en cuestiones de género que, por otra parte, en el mundo en que vivimos, es bastante habitual, no es una cosa para extrañarnos mucho, pero que nos parece que es muy importante que se respete desde los poderes públicos la identidad de cada escuela”.
Precisamente, “el concepto de enseñanza concertada, en el mundo occidental, es decir, la subvención de la enseñanza privada, se extendió sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial”.
La Segunda Guerra Mundial puso de relieve los “horrores de la manipulación y del adoctrinamiento por parte de los poderes públicos en la educación”.
Fue después de aquello cuando se vio la importancia de “que la educación fuera un espacio muy plural donde los poderes públicos no tuvieran esa posibilidad de imponer ideologías, porque la ideología aplicada a la educación ha producido enormes destrozos, y la historia está ahí para mostrarlo”.
Redacción ACI Prensa
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