Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de hoy para permitir el gasto de tramitación anticipada.
Esta prestación garantiza unos ingresos a toda persona que lo solicite y cumpla los requisitos exigibles para su concesión.
La partida global para el próximo año alcanzará los 166,9 millones de euros.
9 de diciembre de 2020.- El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de tramitación anticipada por valor de 80 millones de euros para el pago de la prestación de Renta Mínima de Inserción (RMI) durante el año 2021. Con esta decisión, la Comunidad de Madrid asegura disponer del importe necesario para hacer frente al pago de la misma desde el 1 de enero de 2021, aunque el montante total previsto para todo el próximo año en los presupuestos generales que siguen prorrogados asciende a 166,9 millones de euros.
La Renta Mínima de Inserción es una prestación económica regulada por la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, y el Decreto 126/2014, de 20 de noviembre. Se considera un derecho subjetivo que la Comunidad de Madrid garantiza a toda persona que la solicita y acredita los requisitos establecidos en las normas regulatorias para su concesión. Su importe varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia y de sus recursos económicos. Así, una persona que viva sola y sin ingresos percibiría 400 euros al mes, dos personas 512,67 euros y tres personas 587,78 euros, hasta 950 euros, que es la cantidad máxima a percibir.
El pasado mes de octubre -último dato disponible- el número de familias beneficiarias fue de 17.939, si bien el total acumulado de familias que han recibido la prestación en los diez primeros meses de este año asciende a 24.358. Desde el pasado mes de julio, con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado por el Gobierno central, se ha registrado un descenso de perceptores.
Esto se debe a que el carácter subsidiario de la RMI, reconocida por ley como un derecho para las personas que no reciben ningún tipo de ingresos ni tienen reconocido el derecho a percibir ninguna ayuda desde otras administraciones, obliga a todos sus perceptores a solicitar el IMV.
