El consejero de Vivienda y Administración Local ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.
El Gobierno regional apunta a la colaboración público-privada como una de las claves de la recuperación en el sector inmobiliario.
Pérez recuerda que regular los precios del alquiler solo generará fraude, contracción de la oferta y encarecimiento de los precios de mercado.
4 de junio de 2020.- La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno una mayor financiación para hacer frente a las ayudas extraordinarias al alquiler por el coronavirus, de las que Madrid ha recibido 15,9 millones de euros sobre un presupuesto total de 100 millones para todas las comunidades autónomas.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, organizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La reunión ha contado con la presencia de los consejeros de Vivienda de las 17 comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno en numerosas ocasiones la convocatoria de esta Conferencia Sectorial, ya que la última de sus reuniones se remonta a hace más de dos años. De hecho, en la videoconferencia con presidentes autonómicos que tuvo lugar el pasado 27 de febrero, Isabel Díaz Ayuso volvió a pedirlo, para dar voz a las comunidades autónomas y participar en los planes del Gobierno de la nación en materia de Vivienda.
Según ha explicado consejero, la cantidad que ha recibido la Comunidad de Madrid para estas ayudas “es del todo insuficiente y apenas nos permitirá atender 3.000 solicitudes, ya que a día de hoy hemos superado las 11.000 solicitudes. Desde la Comunidad de Madrid estimamos que sería necesario contar con -al menos- 150 millones de euros para atender la creciente demanda de ayudas, que estimamos superen las 60.000”, ha explicado.
No obstante, el Ejecutivo regional redistribuirá las ayudas correspondientes al Plan de Ayudas al Alquiler 2018-2021, correspondiente al presente ejercicio 2020, y cuyo presupuesto es de 17,3 millones de euros, que sumados a los 15,9 millones de las ayudas extraordinarias estatales para el COVID-19, permitirá alcanzar la cifra de 33,2 millones de euros. De esta manera se podrá atender a más de 6.100 solicitantes que se han visto afectados económicamente por la pandemia.
Sobre las prórrogas de pago en los arrendamientos, moratorias y suspensión de desahucios, Pérez ha asegurado que son medidas positivas y necesarias en estos momentos, pero ha recalcado que la implementación de los microcréditos avalados por el ICO no están fluyendo con la suficiente agilidad como para mitigar el impacto que puede tener la moratoria en el pago de los alquileres.
Necesaria colaboración público-privada
El titular de Vivienda del Gobierno regional ha puesto en valor la necesaria colaboración público-privada en la recuperación del sector inmobiliario, “una fórmula de colaboración útil y necesaria, en un sector que está llamado a ser clave en la reactivación de la economía nacional como generador de empleo y de riqueza”.
En este sentido, Pérez ha puesto como ejemplo el Plan Vive Madrid, una apuesta decidida por la vivienda en alquiler, donde esta fórmula de colaboración tiene como objetivo incrementar, en suelos demaniales, la oferta pública de vivienda en alquiler, a precios inferiores a los del mercado libre, donde los más jóvenes puedan ser los principales beneficiarios.
A lo largo del próximo otoño se licitarán las primeras 50 parcelas, repartidas por los 43 municipios de la región adscritos a este Plan, donde se pondrá en marcha la construcción de las primeras 9.000 viviendas de las 15.000 que el Gobierno autonómico tiene previsto construir en la presente legislatura.
Según David Pérez, modalidades como la rehabilitación, en la que se articulen los instrumentos urbanísticos necesarios que permitan un mayor alcance y faciliten la financiación de grandes operaciones de regeneración urbana, debería ser otras de las medidas lideradas por la Administración central, como ejemplo de colaboración público-privada.
Por último Pérez ha vuelto a recordar la necesidad de evitar la regularización de los precios del mercado del alquiler, defendida por el Gobierno central, por ser intervencionista, atentar contra el derecho a la propiedad y generar el efecto contrario al deseado, es decir, un encarecimiento de los precios, una contracción de la oferta y un mayor fraude.
