El consejero de Hacienda y Función Pública hace balance de la gestión y las medidas adoptadas para afrontar la crisis del COVID-19.
El Gobierno central sigue sin precisar los parámetros definitivos del reparto de los 16.000 millones no reembolsables.
Los fondos destinados hasta ahora por el Ejecutivo a las comunidades autónomas son adelantos de las cantidades que les corresponden independientemente de la crisis.
La Comunidad estima que el impacto económico del COVID-19 en la región supera los 2.700 millones de euros.
De no reactivarse la economía madrileña en los próximos meses, el PIB podría caer casi un 18% y se perderían más de un millón de puestos de trabajo.
22 de mayo de 2020.- La Comunidad de Madrid reclama que el Gobierno central realice las transferencias no reembolsables y sin condiciones anunciadas de cara a que las autonomías puedan hacer frente al coronavirus. Asimismo, y aunque todavía no se han establecido los parámetros definitivos que regirán el reparto de estos fondos, el Gobierno regional apoya la propuesta inicial de que éste se haga en función de los gastos derivados del COVID-19.
Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, donde ha informado sobre la gestión y las medidas adoptadas desde su área para hacer frente a los efectos de la crisis del COVID-19.
En este sentido, ha recordado que “la Comunidad de Madrid ha sufrido especialmente la emergencia sanitaria y las consecuencias económicas aparejadas a ella”. Por ello, ha alertado de la necesidad de que la actividad económica se reactive lo antes posible ya que, en el caso del escenario más pesimista, podría implicar una caída del PIB del 17,8%, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo y una recuperación lenta y tardía.
El consejero ha hecho un repaso al impacto que ha tenido la crisis sanitaria en las cuentas regionales y que, hasta el mes de abril, ha supuesto un coste de 610,4 millones de euros, de los cuales 527,4 proceden específicamente de gasto sanitario o sociosanitario.
A todo ello, habría que sumar, según ha detallado Fernández-Lasquetty, una caída “de los ingresos globales de 191 millones de euros”, ya que la recaudación de los impuestos cedidos y propios durante los cuatro primeros meses del año alcanzan los 548 millones, un 16,6 % menos que en el mismo período de 2019.
De esta forma, “el impacto total del COVID-19 en el presupuesto, hasta cierre de abril, se eleva a 801,4 millones”, sumando el efecto en las cuentas con la pérdida de ingresos. En este sentido, el consejero ha explicado que para el conjunto de 2020, y siempre y cuando no haya nuevos rebrotes, “calculamos un impacto global de 2.737 millones de euros”, lo que supone “el 13,45 % del presupuesto actual”.
Gastos extraordinarios financiados con medios propios
El titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que desde el comienzo de la crisis “las comunidades autónomas hemos afrontado los gastos extraordinarios recurriendo casi en exclusiva a fondos propios”, y ha apuntado que en el caso de Madrid “hasta el momento hemos recibido sólo 109,9 millones de euros. No obstante, si descontamos los 139,5 millones de euros que el Gobierno nos ha quitado por las políticas activas de empleo, al final la operación arroja un saldo negativo para Madrid de 29,6 millones”.
Asimismo, ha recordado que “el resto de los recursos que hemos recibido no son más que un dinero adelantado que ya pertenecía a las administraciones regionales y que íbamos a percibir de cualquier manera, con virus o sin virus”. A ellos, se suman las distintas operaciones financieras llevadas a cabo con entidades y organismos externos, dentro de los límites de endeudamiento autorizados por el Consejo de Ministros. Así, ha citado la primera emisión en España de un Bono Social Sanitario formalizada por Mapfre, o los préstamos bilaterales con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para gasto sanitario.
Fernández-Lasquetty también ha hecho un repaso de las principales líneas de actuación llevadas a cabo por el Gobierno regional vinculadas a la crisis, como la cobertura a las consejerías para que pudiesen contratar personal (en el caso de Sanidad ha sido de 11.030 nuevos contratos y en la Agencia Madrileña de Atención Social de 2.649).
Además, se ha impulsado el teletrabajo entre los empleados públicos alcanzado al 36,2 % de los efectivos humanos y, de cara a los ciudadanos, se han dictado diversas normas para facilitar la agilización de trámites ordinarios en los procedimientos administrativos, así como moratorias en la presentación de declaraciones y pago de impuestos cedidos y de gestión propia. Estos plazos se prolongarán hasta que se levante el estado de alarma sin recargos ni penalizaciones.
Por último, el consejero ha agradecido a los ciudadanos y empresarios que han colaborado económicamente en la lucha contra esta enfermedad realizando donaciones para las necesidades sanitarias a través de la iniciativa “Donamadrid”. Hasta la fecha, ha destacado, “hemos recibido más de 19 millones de euros de un total de más de 9.500 donantes, de los cuales 854 son de fuera de Madrid.
