La Comunidad de Madrid instalará 1.700 mamparas en las oficinas de empleo para proteger a trabajadores y usuarios del coronavirus.
304.000 euros se destinan a la compra de mamparas de protección para las sedes judiciales.
Garantizada la atención residencial de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género.
Aprobados 15,9 millones en ayudas al alquiler de vivienda para minimizar el impacto del COVID-19.
La Comunidad de Madrid instalará 1.700 mamparas en las oficinas de empleo para proteger a trabajadores y usuarios del coronavirus
El contrato, tramitado por el procedimiento de emergencia, tiene un presupuesto de 60.064 euros.
Permitirán separar los puestos de trabajo con el objetivo de evitar contagios cuando se retome la actividad presencial.
20 de mayo de 2020- La Comunidad de Madrid va a instalar 1.700 mamparas separadoras en las oficinas de empleo de la región para preservar la salud de los empleados públicos y evitar posibles contagios por coronavirus tanto a ellos como a los usuarios del servicio público de empleo cuando estas oficinas vuelvan a retomar la actividad presencial.
El Consejo de Gobierno ha conocido hoy la tramitación por parte de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad del contrato de suministro de estos materiales por el procedimiento de emergencia. Se trata de una modalidad contemplada en el Real Decreto que establece el Estado de Alarma con el objetivo de acelerar la contratación de bienes o servicios necesarios para hacer frente a la crisis del coronavirus en el sector público.
Estas 1.700 mamparas de metacrilato, que han supuesto un desembolso de algo más de 61.000 euros, se instalarán en las mesas de trabajo de las 45 oficinas de empleo de la región, incluida la Oficina del Empleador y el Punto de Empleo de Rivas-Vaciamadrid.
Gracias a estas medidas de separación, tanto los empleados de la Comunidad de Madrid como los del Servicio Público de Empleo Estatal que prestan servicio en las oficinas de empleo podrán desarrollar su labor de forma más segura, evitando posibles contagios en la atención a los usuarios de estas instalaciones.
A la espera de que el Gobierno central determine la fecha en la que las oficinas de empleo y otros servicios de atención reabran al público, el Gobierno regional está tomando todas las iniciativas necesarias para que esta vuelta al trabajo se haga con todas las medidas de prevención y garantizando la seguridad y salud tanto de los trabajadores como de los usuarios.
304.000 euros se destinan a la compra de mamparas de protección para las sedes judiciales
El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de la tramitación de emergencia de un contrato de suministro del material para estas instalaciones.
Se adquieren para evitar el contagio y propagación del coronavirus entre empleados de la administración de Justicia.
20 de mayo de 2020.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado hoy de la tramitación de emergencia de un contrato de suministro de mamparas de protección por un importe de 304.000 euros, para sedes judiciales de la región. Estas mamparas de protección de pie y sobremesa se han adquirido para evitar el contagio y propagación del COVID-19 entre empleados de la administración de Justicia y entre los trabajadores y ciudadanos que tengan acceso a estos espacios.
Hasta el momento, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, a través de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales, ha distribuido 265 mamparas en las 67 sedes. A lo largo de este mes, la Comunidad espera instalar otras 4.632 mamparas, llegando a finales de mayo a contar con 4.897 en espacios comunes.
La adquisición de este material de protección colectiva se une al conjunto de medidas de seguridad laboral que ha dispuesto el Ejecutivo regional las últimas semanas. Así, destaca la compra de 10.000 pantallas faciales de protección individual para las cerca de 9.500 personas que trabajan en la administración de Justicia madrileña.
Desde el inicio de la crisis se redujo al máximo la presencia de trabajadores en las sedes judiciales, de acuerdo con las recomendaciones fijadas por la autoridad sanitaria y las normas dictadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Además, se restringió el acceso, se prohibió la visita de publico a los juicios y espacios administrativos de los 21 partidos judiciales y se instalaron hasta 400 dispensadores de gel desinfectante.
También se ha adoptado medidas preventivas de protección relacionadas con el establecimiento de distancias mínimas de seguridad tanto en los accesos a sedes como en espacios de atención al público, se ha dado instrucciones a las empresas de limpieza que dan servicio a la Comunidad para reforzarla y se ha invertido en la realización de desinfecciones específicas en sedes judiciales de la región.
Garantizada la atención residencial de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género
El Gobierno regional da luz verde a la prórroga del contrato de gestión del Centro de Emergencia nº1 por importe de 351.437 euros.
Este recurso cuenta con 15 plazas para víctimas mayores de edad y sus hijos.
En los centros de emergencia se ofrece, además, apoyo psicológico y orientación jurídica.
20 de mayo de 2020.- La Comunidad de Madrid garantiza la atención residencial de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy destinar un importe de 351.437 euros, derivado de la primera prórroga del contrato de servicios para la gestión del Centro de Emergencia nº 1 para víctimas y sus hijos en la región.
Este contrato está adjudicado a la entidad Clece, S.A. y se prorroga por primera vez por un año, a contar desde el próximo 1 de junio de 2020. El servicio prestado por la entidad ha sido de plena satisfacción y con estricto cumplimiento de las condiciones pactadas, por lo que se ha propuesto su prórroga, de tal manera que las usuarias de este centro puedan seguir recibiendo una atención especializada.
Los centros de emergencia son recursos que sirven de apoyo en los primeros momentos de toma de decisión de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Las usuarias residen por un plazo de máximo de dos meses, mientras se determina el lugar de residencia adecuado en función de sus circunstancias. Aquí, se les presta apoyo psicológico y orientación jurídica.
La capacidad del centro situado en el Corredor del Henares es de 15 plazas. El perfil de las usuarias es el de mujeres víctimas de violencia de género, mayores de edad, que se encuentren en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y cumplan los requisitos de acceso que se establecen por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, a través de la Dirección General de Igualdad.
Aprobados 15,9 millones en ayudas al alquiler de vivienda para minimizar el impacto del COVID-19.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el gasto destinado a la concesión directa de estas ayudas.
Podrán ser solicitadas por los afectados hasta el próximo 30 de septiembre.
Las comunidades autónomas son las responsables de la tramitación de estas subvenciones del Plan Estatal de Vivienda.
20 mayo de 2020.- El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 15,9 millones de euros destinado a la concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, de acuerdo al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Se trata de una de las medidas de aportación financiera estatal adicional a este Plan Estatal cuyo crédito podrá ser incrementado, según la disponibilidad presupuestaria, hasta otros 17,3 millones de euros para ofrecer más ayudas en materia de vivienda. Finalmente, a primeros de 2021 se dotaría con otros 17,7 millones más. En total, el gasto ascenderá a 51 millones de euros. Las comunidades autónomas son las encargadas de la gestión y tramitación burocrática de estas ayudas que podrán ser solicitadas por los afectados hasta el próximo 30 de septiembre.
Se concederán mediante adjudicación directa para el pago de la renta del alquiler a las personas arrendatarias que tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19. Entre estos supuestos se encuentran la vulnerabilidad económica y social sobrevenida y la imposibilidad de hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación contraídas por arrendatarios de vivienda habitual.
El Gobierno regional ya ha mostrado su disconformidad con la partida destinada a Madrid para este fin al considerarla insuficiente de cara a responder a las solicitudes de miles de familias madrileñas afectadas económicamente por la pandemia y de manera específica relacionada con los arrendamientos. Se traducen en una ayuda máxima de 5.400 euros, por lo que solo se podrían conceder 2.944 ayudas en toda la región. Se trata de un nuevo paquete de ayudas que no ha sido convenientemente dimensionado ni suficientemente provisto de fondos.
