Organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de trata denuncian que las mafias siguen estando muy activas y cambiando su modus operandi. Ahora están llevando a las mujeres a pisos, donde son más invisibles y están más aisladas. La Policía Nacional ya ha realizado 15 investigaciones.
El taxi llega al lugar concertado. En su interior, además del conductor, una mujer. Los dos con mascarilla. Fuera espera Ana Almarza, religiosa adoratriz y directora del Proyecto Esperanza, que ha dejado el confinamiento para recibir a una nueva víctima de trata. Ella también lleva mascarilla y guantes, y sufre un poco porque la acogida es muy diferente a lo habitual.
—Me encantaría estrecharte la mano, darte un abrazo [dice Ana].
—No te preocupes. Lo entiendo [responde la mujer].
Desde allí se van a la casa de emergencia y primera acogida, donde ahora viven siete mujeres y la religiosa. Pero con una gran diferencia: los nuevos ingresos tienen que pasar 20 días de cuarentena, aisladas del resto. Eso sí, se les brinda la mejor atención, de modo que se sientan lo más a gusto posible. De hecho, la persona que la identificó habla con ella respetando todas las medidas de seguridad y recibe telemáticamente apoyo psicológico y jurídico para hacer un diagnóstico de su situación. También se les ofrecen actividades para que puedan distraerse y una educadora las acompaña, siempre con la distancia de seguridad, durante las comidas.
Porque a pesar de que estamos sumidos en un Estado de alarma desde el 14 de marzo, donde los movimientos de la población están muy limitados, las mafias que explotan a las mujeres –fundamentalmente para prostitución, pero también para servicio doméstico, mendicidad o comisión de delitos– siguen funcionando. «Las mafias están muy activas y sospechamos que, por la situación, van a cambiar el modus operandi. Son muy hábiles y siempre van por delante de nosotras», explica.
«Son varias las chicas que ya hemos atendido y pronto esperamos recibir más. Vienen fundamentalmente de contextos de prostitución, y también de servicio doméstico», explica Almarza, que cuenta cómo han llegado casos de mujeres a las que ofrecen trabajo en la hostelería en comunidades autónomas como el País Vasco a pesar de que todo está parado. Una oferta –están recabando información– que parece apuntar a trata.
Ahora mismo, los plazas convenidas de los servicios residenciales del Proyecto Esperanza están completas, pero ante la llegada de más mujeres las adoratrices están trabajando en generar nuevos espacios. «Estamos viendo cómo podemos seguir recibiendo y qué recursos tenemos a nivel de congregación. También estamos ordenando y coordinando todo para dar respuesta al mayor número de casos posibles. Si no es posible, pediremos a las administraciones que se habiliten habitaciones y nosotros haremos el acompañamiento», reconoce.
Desde este proyecto están trabajando, muy en coordinación con las instituciones públicas, otras entidades sociales, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Un ejemplo de ello es la convocatoria hace unos días por parte del Consejo General del Poder Judicial a todos estos organismos, además de a jueces y magistrados, para elaborar un plan para cuando se levante el confinamiento y se tengan que abordar los procesos judiciales por delitos de trata. Según Marta González, coordinadora del Área de Sensibilización de Proyecto Esperanza, lo ideal sería que se diera prioridad a estos casos, que se permita tomar declaraciones a las víctimas por videoconferencia y que los testimonios recabados en un primer momento sirvan como prueba si la mujer ya no está en el país».
El principal problema de estas mujeres es la vulnerabilidad que aprovechan las mafias para captarlas. «Es el caldo de cultivo perfecto para estas redes. Me pregunto qué va a pasar con las mujeres que han echado de clubes o pisos. Hemos contactado con algunas, pero sería ingenuo pensar que tenemos localizadas a todas», añade Almarza.
Ayudas extraordinarias
De hecho, desde el Proyecto Esperanza ha establecido una ayuda extraordinaria de emergencia para mujeres que ya habían pasado por alguno de sus programas. Un total de 20 personas están recibiendo comida y ayudas económicas para pagar el alquiler o seguir comunicadas, una cifra que prevén que aumente: «Muchas mujeres que ya habían salido y tenían un trabajo, ya no lo tienen. Otras se han visto afectadas por ERTE que acabarán en despidos».
Junto a estas se encuentran otras mujeres todavía más vulnerables, que vivían en clubes y hostales y que se han quedado en situación de calle, mujeres «a las que se ha echado sin darles el dinero que le debían y que, por tanto, han tenido que acudir a organizaciones como Cáritas para que les ofrezcan una solución».
Los datos que ofrece la Policía Nacional, a raíz de varias operaciones contra la trata, son contundentes: desde que se inició el Estado de alarma recibieron 141 comunicaciones sobre posibles casos que han permitido iniciar un total de 15 investigaciones. Por ejemplo, el desmantelamiento de una red que esclavizaba a doce mujeres, una de ellas menor, en Córdoba y Jaén, operación de la que se dio cuenta en la rueda de prensa diaria del comité técnico del coronavirus el 10 de abril. Seis días después, este cuerpo policial detenía a un matrimonio en Estepona (Málaga) por explotar sexualmente a tres mujeres en un domicilio particular.
(Foto: APRAMP)
Aisladas y expulsadas
La situación, según explican desde la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), una entidad que lleva luchando más de 30 años contra la explotación sexual y la trata, es dramática. Según su directora, Rocío Mora, han tenido que hacer un gran esfuerzo para contactar con las mujeres, pues muchas de las que estaban en la calle y tenían localizadas las han movido a lugares invisibles como los pisos: «Ya estamos recuperando el contacto y viendo dónde están. Muchas están aisladas y no las dejan salir; otras, que tenían síntomas de coronavirus, han sido expulsadas. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y vamos a ir a los lugares donde las están trasladando».
A Mora le sorprende que todo esté tan activo en pleno Estado de alarma. Y en gran parte es porque «la demanda sigue existiendo», porque «estamos viendo a puteros que se acercan a casas visibles» saltándose el Estado de alarma, algo que desde la propia asociación están denunciando. En este contexto, añade, «las mujeres en esta situación están mucho más aisladas y ejercen de manera mucho más clandestina… Ni siquiera tienen información clara sobre el COVID-19».
En cifras, desde que se decretó el confinamiento, APRAMP ha logrado contactar con 419 mujeres en varias provincias que se encontraban en 13 zonas abiertas (polígonos o zonas industriales), en 36 espacios cerrados (clubes en autovías y carreteras) y en 122 zonas invisibles, esto es, pisos. Es precisamente en estos pisos –el 80 % sigue activo– donde la situación es más dramática y hasta donde está intentando llegar esta organización, para informar a las mujeres de sus derechos y mostrarles que hay alternativas.
Son muchas las que han pasado por esta organización y han encontrado un futuro mejor. A algunas, las que trabajan en su unidad móvil –que ya está a pleno rendimiento tras estar muy limitada las primeras semanas–, incluso se les ha reconocido una titulación en Mediación por la UNED; otras, que están ahora en periodo de formación, dedican gran parte de su jornada a hacer mascarillas con la ayuda de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). Estas últimas ya han realizado más de 8.000 mascarillas y batas que irán fundamentalmente a IFEMA, al hospital y al centro de personas sin hogar, así como a residencias de ancianos. Rocío Nieto, presidenta y fundadora de APRAMP, ha dicho a las chicas «que se repartan y trabajen días alternos, pero no quieren. Están centradas en ayudar y quieren sacar los pedidos cuanto antes».
Para Marta González, de Proyecto Esperanza, estas mujeres necesitan dos medidas muy concretas y urgentes por parte del Gobierno, propuestas compartidas por muchas otras asociaciones: que se las regularice administrativamente para que tengan una mínima base legal y que se aprueben medidas económicas de urgencia para la mujeres de estos contextos.
«Queremos insistir en que el oficio más antiguo de mundo no es la prostitución, sino mirar hacia otro lado, y que nadie se ofrece para ser esclava», concluyen desde APRAMP.
Fran Otero
(Foto: Proyecto Esperanza Adoratrices/Pablo Blázquez)
