Ante la resolución unilateral de eliminar el reparto de fondos para formación a las comunidades autónomas.
El Gobierno regional considera que se reducen los derechos de los trabajadores y afecta al mantenimiento del empleo.
En una carta a la ministra de Trabajo se advierte de que la medida dificulta la cualificación y “perjudica la salida de la crisis”.
1 de abril de 2020.- La Comunidad de Madrid expresa su más enérgico rechazo a la decisión unilateral del Gobierno central de eliminar el reparto de fondos a las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas de formación durante 2020 y destinar esa cantidad exclusivamente al pago de las prestaciones por desempleo ante la crisis del coronavirus. La región dejará de percibir 139,5 millones de euros para acciones que cada año mejoraran la cualificación profesional de 95.000 madrileños.
Esta medida, que se ha comunicado a los representantes de las comunidades en la Conferencia Sectorial de Empleo, “reduce los derechos de los trabajadores y elimina la posibilidad de mejorar su cualificación, impidiendo que se mantenga el empleo”, ha denunciado el Gobierno regional en una carta remitida a la ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, firmada por el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez.
En la mencionada Conferencia Sectorial se ha tratado la distribución de fondos a las comunidades autónomas para desarrollar políticas activas de empleo durante 2020, de los que a la Comunidad de Madrid le correspondían en principio más de 266 millones de euros.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha comunicado que el Gobierno central ha decidido “desafectar” los fondos de formación, que se recauda a través de la cuota de formación que pagan las empresas y los trabajadores, para que puedan ir dirigidos a financiar las nuevas prestaciones derivadas del COVID-19.
Esta medida implica que sólo se distribuya entre las autonomías las cantidades destinadas al fomento del empleo y modernización de servicios públicos de empleo, que en el caso de la Comunidad de Madrid asciende a 135,8 millones.
En la práctica, esta decisión implica que el Gobierno regional va a dejar de percibir 139,5 millones de euros destinados a desarrollar cursos de cualificación y recualificación profesional dirigidos a personas desempleadas y trabajadores ocupados que quieran mejorar sus capacidades, en los que participan cada año más de 95.000 madrileños.
La Comunidad entiende y apoya la necesidad de asegurar el pago de las prestaciones por desempleo en esta situación, “pero no a costa de descapitalizar gravemente la fuerza laboral, restando cualificación y, por tanto, competitividad, a los trabajadores madrileños y de todo el país”, razona Giménez en la misiva dirigida a la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la que denuncia que esta medida se toma de nuevo de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta previa, como ya ha ocurrido con otras medidas laborales adoptadas por el Gobierno durante las últimas semanas.
El consejero señala que esta decisión supone una merma de derechos de los trabajadores madrileños, que ya han pagado por estas políticas activas a través de la cuota de formación que abonan con su nómina mensual y que no van a poder disponer de ellas “en un momento tan delicado como el actual, en el que es más necesario que nunca mejorar su cualificación para tener posibilidad de acceder a un empleo”.
Giménez lamenta este nuevo “menosprecio” al papel que realizan las comunidades autónomas para colaborar a mantener el empleo, ya que esta decisión limita la capacidad de desarrollar políticas propias de salida de la crisis a través del fomento del empleo y “afecta severamente la posibilidad recuperar la normalidad en el menor tiempo posible”. En cualquier caso, reitera el ofrecimiento de colaboración de la Comunidad de Madrid “en la búsqueda de las mejores soluciones” para afrontar la actual situación.
