Reunión bilateral entre los equipos del área de Hacienda de los Gobiernos madrileño y andaluz.
Se han abordado cuestiones de interés en materia de gestión tributaria y de financiación.
Los consejeros de Hacienda madrileño y andaluz han exigido al Gobierno central la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Los responsables del área de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía han mantenido una reunión bilateral para compartir experiencias en la gestión de tributos, así como en aquellas iniciativas que pudieran ponerse en marcha para controlar el gasto y ahorrar dinero a los contribuyentes. También han abordado la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Tras el encuentro, el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el consejero de Hacienda, Industria y Energía de Andalucía, Juan Bravo, han comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre el desarrollo del encuentro, así como para trasladar su preocupación ante las últimas declaraciones de miembros del Gobierno central en materia tributaria.
En la línea de la misiva que junto a otros consejeros autonómicos remitieron la semana pasada a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ambos dirigentes han vuelto a exigir la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reúne desde agosto de 2018.
Tanto Fernández-Lasquetty como Bravo han puesto sobre la mesa la necesidad de trasladar al CPFF la urgente reforma del actual Sistema de Financiación Autonómica, pero siempre desde el ámbito de un pacto o negociación multilateral entre el Gobierno central y todas las autonomías.
Además, han trasladado su preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo socialista pueda invadir las competencias fiscales de las regiones con la intención de aumentar la carga tributaria a los ciudadanos. También han exigido la devolución inmediata de la liquidación del IVA correspondiente a 2017 que todavía adeuda el Estado a las comunidades autónomas, cuyo retraso está produciendo graves perjuicios a las arcas autonómicas y está poniendo en riesgo la prestación de los servicios públicos.
